Romper el Estado tenía un precio: lo está pagando tu casa

En 2023 una mayoría votó un proyecto explícito: romper el Estado, terminar con la casta. No fue un malentendido ni un voto distraído. Estaba dicho con todas las letras y la gente lo eligió sabiendo lo que elegía. Tres años después corresponde hacer lo que hace cualquier consultora seria: mirar los números y ver a qué casa llegó la factura.

Empiezo por el dato que me van a tirar por la cabeza, así que prefiero ponerlo yo. La pobreza por ingresos bajó: del 41,7% de las personas en el segundo semestre de 2023 al 28,2% en el segundo semestre de 2025, según el INDEC. Es un hecho y no lo voy a discutir. Pero tiene tres asteriscos que también son datos. Se mide con una canasta de consumo de 2004; con la actualizada que el propio INDEC anunció y todavía no aplicó, la pobreza del tercer trimestre de 2025 sería 33,2% en lugar de 26,9%. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte que la mejora está parcialmente sobrestimada por cambios en cómo la encuesta capta los ingresos. Y ya se frenó: la propia UCA estima 1,3 millones de nuevos pobres entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026.

La cuenta no llegó como pobreza. Llegó como deuda. El Banco Central lo registra en su propia serie: la irregularidad de las financiaciones a las familias pasó del 3,7% al 12,1% en apenas doce meses. Hay cerca de seis millones de argentinos en mora, y dos de cada tres no arrastran un atraso sino que deben el ciento por ciento de lo que tomaron. El hogar que no aparece en la estadística de pobreza —el que sigue arriba de la línea— sostuvo su nivel de vida con crédito al 89,8% de tasa efectiva anual en préstamos personales y al 115,2% en tarjetas. Por eso conviven dos cosas que parecen incompatibles: una pobreza que baja y un país donde casi seis millones de personas están en default.

El salario privado registrado, medido por el SIPA —la serie que el propio Gobierno prefería porque capta bonos y adicionales—, quedó en junio de 2026 por debajo del nivel de noviembre de 2023. Hay unos 241.000 puestos privados registrados menos y unos 160.000 monotributistas más. La clase media no desapareció: se recategorizó. Cambió el recibo de sueldo por una factura propia, la obra social por un plan que se paga solo y el ahorro por la cuota de un préstamo.

Donde el proyecto se cumplió al pie de la letra es en el aula. El presupuesto educativo nacional cayó 44% real entre 2023 y 2026 y quedó en 0,75% del PBI, la mitad que hace diez años. El salario docente perdió 23% real desde fines de 2023, y el dato no es de un gremio: es del informe de salarios de la propia Secretaría de Educación. El FONID se eliminó en febrero de 2024. Las transferencias a las universidades nacionales cayeron 45,6% real y las becas Progresar más del 95%.

Esta semana se publicó PISA 2025 y es el peor resultado argentino de la serie: 367 puntos en matemática, 389 en lectura, 393 en ciencias, con caídas de once a trece puntos respecto de 2022 y el 76% de los chicos de quince años por debajo del nivel mínimo en matemática. Acá también prefiero poner yo el matiz: las pruebas Aprender de sexto grado de 2025 mejoraron, y bastante, sobre todo en Lengua. Pero mejoran arriba de una base que se sigue vaciando. De cada cien chicos que empezaron primer grado en 2013, diez llegaron al final de la secundaria en tiempo, en forma y con los aprendizajes esperados. Eran dieciséis dos cohortes atrás.

Y acá está el punto político, que es el que me interesa. Romper el Estado no eliminó a la casta. La casta no manda a sus hijos a la escuela que perdió el FONID ni refinancia la tarjeta al 115%. Lo que se rompió fue la infraestructura que sostenía a la clase media: la escuela pública que le daba movilidad, el empleo registrado que le daba previsibilidad y el ingreso que le permitía no endeudarse para comer. Se demolió el andamio, no el edificio de al lado.

En nuestra medición de septiembre, entre el 68 y el 73% del padrón no tiene ninguna expectativa política tangible. Eso no es apatía: es la lectura correcta de una experiencia. Se votó romper algo, se rompió, y la factura llegó a la casa equivocada. La pregunta hacia 2027 no es quién capitaliza esa bronca. Es quién se anima a decir qué se reconstruye primero, con qué plata y en qué orden. Porque el que vuelva a prometer que va a romper algo se va a encontrar con un electorado que esta vez ya sabe cómo termina.

Hernán Gordillo es Director de Datacivis, consultora de inteligencia política territorial y escucha social.