Memoria histórica: la renuncia de Alfredo Bravo

Por Juan Carlos Martínez (*)

“Presidente, no puedo seguir colaborando con su gobierno porque el hombre que me torturó ha quedado en libertad. Me siento agraviado”.

Raúl Alfonsín escuchaba de labios de su amigo y colaborador Alfredo Bravo lo que muchos argentinos hubieran querido decirle al presiente cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que la llamada Ley de Obediencia Debida era constitucional.

La entrevista Bravo- Alfonsín se produjo el 30 de junio pasado, una semana después de que el máximo organismo judicial argentino diera luz verde a la ley 23.521 propiciada  por el Poder Ejecutivo y votada por ambas cámaras del Congreso en medio de una ola de protestas de las ocho entidades defensoras de los derechos humanos, incluida la Asamblea Permanente de la que Alfonsín es co-fundador y Bravo su presidente desde su creación en 1975.

La Ley de Obediencia Debida liberó automáticamente a más de doscientos asesinos y torturadores, en tanto que eximió de rendir cuentas ante la Justicia a otros ochocientos militares, policías y agentes parapoliciales acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

“En tales casos –expresa una parte del artículo primero –se considera de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”.

Decepcionado por las concesiones que el gobierno fue haciendo a los militares (primero el Punto Final y, luego, la Ley de Obediencia Debida), Bravo consideró que había llegado la hora de escoger entre sus convicciones políticas y humanas y el cargo (subsecretario) que le había confiado en el área de Educación el 11 de diciembre de 1983, un día después de la llegada del gobierno democrático,

Bravo, primer funcionario del gobierno de Alfonsín que abandonó el cargo por no estar de acuerdo con la Ley de Obediencia Debida, no pudo soportar que uno de sus torturadores –el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz- quedara en libertad como consecuencia de de una ley elaborada en los despachos oficiales, es decir, en sus propias narices.

- ¿Qué le dijo usted a Alfonsín al presentar su renuncia?

- “Que me sentía agraviado porque esa ley permitió a uno de mis torturadores quedar en libertad”.

- ¿Y qué le respondió Alfonsín?

- “Que se trataba de un acto del Poder Judicial en el que él no podía interferir”.

El poder de persuasión que ejerce Alfonsín sobre sus colaboradores, sean de su partido o extrapartidarios (Bravo milita en una corriente del socialismo) no fue suficiente.

“Mi renuncia nace de un principio ético que me nutre y me sostiene en la lucha por los derechos humanos” diría Bravo entonces para responder a algunas versiones periodísticas que sugerían que el anuncio  de su dimisión era producto de un ofuscamiento circunstancial. Pero no. Bravo se iba convencido de que no había compatibilidad entre su permanencia en el gobierno y la libertad otorgada por la Corte Suprema de Justicia a gentes responsables de asesinatos y torturas, entre ellos su propio verdugo.

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Nota del redactor: texto extraído de una entrevista que el autor de esta nota le hizo a Alfredo Bravo en julio de 1987, a pocas horas de haber renunciado como secretario de Educación del gobierno de Alfonsín. Publicada en la revista Interviú, en el diario El Independiente, de España y en el libro La Abuela de Hierro, I edición 1995, páginas 118 y 119).

(*) Autor de La Abuela de Hierro, obra en que relata la historia de Matilde “Sacha” Artes y su nieta Carla, apropiada durante la última dictadura cívico militar y cuya identidad fue restituida en 1985. Artículo publicado en Radio Kermés, de Santa Rosa, La Pampa.