La violencia policial es una práctica de Estado con incentivos políticos

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

La semana pasada trabajadores que ocupaban una fábrica recuperada en la localidad de San Isidro fueron desalojados por una orden judicial firmada por el Juez Orlando Abel Díaz. No importó que los trabajadores tengan en su poder una expropiación vigente hasta el 2017 votada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La Bonaerense acató la decisión con rudeza. Al caer la noche cortó la luz e irrumpió en las instalaciones disparando con pistolas lanza gases y escopetas con postas de goma.

Más aún, la cacería se prolongó durante algunas horas en las inmediaciones del barrio, por eso hubo varios detenidos, algunos de los cuales no fueron blanqueados de inmediato. Es decir, estaban desaparecidos. Después de la presentación de varios habeas corpus, la policía reconoció su detención. Para entonces ya habían fichados a todos los trabajadores poniendo a los detenidos a disposición de la justicia. Lo sabemos de memoria: La policía valida la represión a través del mismo poder judicial que suele habilitarlo.

Todos los testimonios de los trabajadores coincidieron en manifestar la saña con la que intervino la policía. Más aún, una de las voces recogidas por la LaVaca, fue la de una víctima de la brutal represión que dijo que le quedó grabada una frase de la policía: “Nos decían que el Gobierno cambió y que ellos podían hacer lo que querían. Ni en la peor pesadilla imaginas esto. Se notaba que estaban como con bronca”.

Me quiero detener en este testimonio porque además de la rudeza, la represión se llevó a cabo con entusiasmo. Cuentan que los policías no solo no ahorraron en su inquina, sino que después se rieron de todos aquellos que había dispuesto en calabozos en situación deplorable. Más aún, al otro día, los propios policías de la Comisaría de la zona, festejaron el desalojo con un asado en la fábrica recuperada para la patronal.

Suelo repetir con Balzac y Trotsky que “los gobiernos pasan y la policía permanece”. Sin embargo, hay “climas de época” más propensos que otros para que las policías puedan dar rienda suelta a sus prácticas encarnadas de larga duración. Y que conste que no estamos pensando en decisiones políticas expresas. La violencia policial sigue siendo, por ahora, una práctica de estado antes que una política de estado.

Prefiero correrme de las miradas conspirativas que cargan la violencia a la cuenta de las decisiones del gabinete. Cuando decimos que no es una política de estado decimos que no es necesario que los funcionarios se pongan de acuerdo entre bambalinas, decidan, planifiquen y comuniquen su disposición a través del Boletín Oficial o un radiograma interno a las fuerzas de seguridad. A la policía le basta con un “cheque gris”, documentos que suelen emitirse públicamente, a la vista de todos, casi como al pasar, en una rueda de prensa o frente a los movileros que asedian al funcionario. Sólo en situaciones muy excepcionales encontramos cheques a la orden firmados con nombre y apellido, con un mandato expreso. La clase dirigente sabe que la Bonaerense es un elefante en un bazar y no estará dispuesta a asumir los costos políticos que demande una represión autorizada públicamente. Acaso por eso mismo, la responsabilidad política o la autoría intelectual sea muy difícil de demostrar en un juicio donde se investigan los hechos que se llevaron la vida de manifestantes.

Ahora bien, la violencia policial no es una política de estado pero es una violencia con incentivos políticos. Incentivada a veces por el funcionariado de turno u otros sectores de la dirigencia política con sus habituales bravatas o las declaraciones demagógicas a la prensa; o por los propios periodistas estrellas con sus exabruptos y ejercicios de indignación coyuntural.

Esos incentivos funcionan como insumos morales que saben interpelar los repertorios previos de beligerancia estatal donde fueron entrenados durante generaciones los grupos de choque de las policías. Factores de activación, exteriores a la propia policía, que tienen la capacidad de transformar el poder en violencia. Incentivos que representan auténticos “cheques grises” o sobre-entendidos que apuntalan y habilitan implícitamente el uso de la fuerza no letal e, incluso –está visto- letal.

Por eso, cuando la violencia es una práctica encarnada, que habita los cuerpos de las policías, los funcionarios saben que sus declaraciones no son inocentes. Avivan a las fuerzas policiales, estimulan la bronca contenida que, durante mucho tiempo, estaba más o menos contenida, o amenazada con sumarios internos. Una forma de legitimación implícita, que bloquea la responsabilidad política, al permitirle, tanto a la jefatura policial como a los funcionarios, reponer la teoría de la manzana podrida que le garantiza inmunidad.

La represión a los trabajadores de la cooperativa recuperada se inscribe en un cambio de clima de época. Eso no quiere decir que la violencia policial haya empezado en diciembre de 2015. Pero la violencia estaba dirigida y focalizada centralmente contra los jóvenes de los barrios más pobres. El objeto de la brutalidad policial era la deriva y los encuentros de los jóvenes en la calle, las esquinas o en determinadas manifestaciones públicas (recitales de rock o partidos de futbol). En la última década, la protesta social no fue, salvo excepciones, objeto de la represión por parte de las fuerzas federales. Está claro que esto no corría para determinadas provincias, como Misiones o Formosa o la gestión de Sergio Berni y Cecilia Rodríguez. Pero ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli utilizó a las policías para poner en caja los conflictos laborales o sociales. Los desalojos a los ocupantes de tierras fueron casi siempre ordenados por la justicia. El sciolismo prefirió utilizar otros mecanismos de disciplinamiento y extorsión. La novedad consiste en la reutilización de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social.

Por ahora son apenas indicios. La represión a los trabajadores de Industrias RB se suma a la represión de Cresta Roja, La Bancaria, y los municipales y las cooperativas de La Plata. Son indicios que leemos al lado de otros. Por ejemplo, el protocolo antipiquete de la ministra Patricia Bullrich; la detención de la militante Milagro Sala; el fallo de la Corte Suprema en el caso Orellano que ilegaliza las huelgas decididas en asambleas de base, más allá de los sindicatos; los nombramiento de los jueces a la Corte, Carlos Rosenkrantz y, sobre todo, Horacio Rosatti quien considera discutibles las llamadas huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas y sociales”.

El entusiasmo que demuestran algunos sectores de las policías son las sonrisas de cambiemos. Funcionarios que llegaron agarrados a un globo que supo reclutar a gran parte de la vecinocracia argentina.

*Docente e investigador de la UNQ y UNLP. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad. Integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.