Un espacio para frenar la violencia contra campesinos

Por Alba Silva

La audaz propuesta: sentar en una misma mesa a los protagonistas de choques que en los últimos años recrudecieron surgió de la preocupación de Emilio Pérsico, entonces apenas asumido como Subsecretario de Agricultura Familiar con el -por esa época- cardenal Jorge Bergoglio.

Así, representantes de las cámaras de los agronegocios y de organizaciones campesino-indígenas iniciaron un diálogo intermediado por los representantes del Estado, Pérsico. y el subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), el abogado Ramiro Fresneda, y por la Iglesia, la Pastoral Social con Monseñor Jorge Lozano mas la influyente Comisión Nacional de Justicia y Paz, representada por Juan Luis Díaz. Este último, un laico, habló de lo realizado por la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sustentable de la Agricultura Familiar -tal el nombre que finalmente quedó-, anticipó desafíos y resaltó hechos como que para los empresarios “antes era natural comprar campos y echar a la gente pero ahora no, hay derechos y hay que reconocerlos”.

APU:  ¿Qué balance hace del trabajo realizado en estos años?

Juan Luis Díaz: La evaluación de estos dos años de trabajo es que se pudo constituir una mesa integrada por diferentes sectores. Un espacio donde efectivamente se logró un diálogo, que permitió acercamientos, derribar ciertos prejuicios y también conocer en qué está cada uno, valorarse. En Justicia y Paz hacemos un balance muy positivo. En segundo lugar hay muchos temas para abordar pero se empezaron a tocar algunos como tierras,  recursos naturales, desmonte y eso se pudo conversar en un clima distendido, respetuoso, hubo  entendimiento, hubo acuerdos y eso es positivo. ¿Cómo veo el futuro? esto sirvió para acercar a todos los sectores, crear confianza, plantear temas pero debemos fijar una agenda para que la Mesa tenga objetivos y resultados más concretos.

APU¿En qué piensa cuando habla de metas y resultados concretos?

JLD: En cómo avanzar para lograr un mayor intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los actores que hoy forman la Mesa: compartir tecnología, conocimientos y experiencias y que eso después se traduzca en resultados en la vida y en la producción de ambos sectores: campesinos y empresarios. Otro tema es cómo la Mesa puede contribuir a resolver situaciones de conflicto que hay y que afectan a familias campesinas y a comunidades indígenas.

APU: En el tema tierras ¿cómo cree que va a funcionar la aplicación de la flamante ley de Agricultura Familiar que frena desalojos?

JLD: Creo que estaría bueno que la Mesa pudiera participar en la reglamentación de la ley. Por eso es muy importante que la Mesa tenga una agenda de temas para no estar afuera de estas cosas que son tan importantes. Creo que un tema clave es ver de qué manera se contribuye para fortalecer la AF hubiese sido bueno tener algún nivel de participación en las discusiones.

APU: ¿Cómo ve a los empresarios de los agronegocios?¿Siguen interesados en hablar con campesinos e indígenas?

JLD: Lo que manifestaron los delegados empresarios es que están abiertos a participar en todo lo que sea posible para lograr una agricultura sustentable (AS) y para eso hay que tener en cuenta la agricultura familiar entonces es un tema que no puede estar fuera de la agenda de la Mesa. Los empresarios quieren involucrarse en todo lo que implique lograrlo. Esto lo escuche de ellos, que tienen disposición para seguir.

APU:¿En este 2015 que tienen en agenda?

JLD: El próximo 9 de marzo, en el Ministerio de Agricultura habrá una reunión de la Mesa “chica” que tiene el mandato de armar un plan de trabajo para ser discutido y aprobado por la totalidad de los miembros. Hay que definir objetivos y actividades para el 2015. Esto es muy importante para ir consolidando la Mesa, que tenga un plan de trabajo y se plantee metas.

APU:¿Cree que la Mesa de Diálogo debe quedarse como ámbito de discusión y resolución de conflictos?

JDL: Esta iniciativa es del actual gobierno en conjunto con la Iglesia  y creemos que hay que hacer todo lo posible para que continúe. Tenemos que consolidar nuestra vida democrática, republicana y el diálogo es el camino por eso esta iniciativa, tan válida, tiene que permanecer. Cuando un gobierno tiene buenas iniciativas se tienen que instalar como una política de Estado, esta lo es, y los gobiernos posteriores tienen que continuarlo. Las Misiones de Observación, viajar todos juntos a una determinada zona, conocer una problemática particular, hacer un intercambio de experiencias y conocimiento, discutir lo que uno ve en el terreno esto fue muy positivo y enriqueció mucho la Mesa, fortaleció el diálogo y ayudó a derribar prejuicios. Muchos prejuicios tienen un viso de realidad  y otros no tienen un sustento real.

APU: ¿Ejemplo de prejuicios?

JDL: Ver las experiencias muy exitosas de Agricultura Familiar que los empresarios no conocían, las valoran y se comprometen a que continúen y se fortalezcan. Y reconocer que ese pequeño productor también es un actor en la producción. Por otro lado conocer a muchos empresarios preocupados por temas ambientales, por producir en forma sustentable y que están  preocupados en que la mediana o gran producción no afecte a la Agricultura Familiar.

APU: Tema desalojos ¿se avanzó?¿cómo ve a los empresarios con este tema que es el eje de la disputa?

JLD: Analizo que se avanzó y aunque hay mucho por hacer pensemos que en otra época era natural que venía el empresario y echaba a la gente porque compraba una finca o porque aparecía en la finca. Hoy eso no es tan fácil, hoy hay, primero, antecedentes de experiencias donde se ha frenado ese tipo de desalojos,  hay leyes que frenan este tipo de desalojos,  hay un nivel de conciencia de los mismos pobladores de que tienen derechos y que los tienen que defender. Y, por lado de los medianos y grandes productores tan fácil ellos ya no pueden hacer las cosas.

Si bien se siguen dando algunas situaciones de violencia y de conflicto hoy es más difícil que se pueda hacer con la impunidad que había antes. Tenemos que instalar que hay una cuestión de derechos que hay que respetar y desde el Estado, las autoridades, desde los empresarios, los pequeños productores tenemos que hacer carne eso: que hay derechos que tenemos que respetar. Un pequeño productor que está en un determinado lugar hace más de 20 años y que ha hecho un uso de esa tierra con ánimo de dueño tiene derechos.

Eso hay que tenerlo muy claro. En Salta una de las limitantes que hay es que desde el poder de los tribunales los jueces no reconocen el derecho veinteañal. Eso afectó reclamos que se judicializan pero después se pierden entonces también hay que trabajar en ese sentido.

APU: El caso Cristian Ferreyra dejó un juicio que liberó al empresario y aplicó una pena suave al ejecutor ¿qué pasa con la justicia en las provincias? ¿demasiado conservadora?¿no se enteran de las nuevas leyes?

JLD: Creo que hay una cuestión de intereses económicos que presionan y eso es un tema clave. Después si son vetustos no podría decir porque no conozco. Creo que hay una presión muy fuerte que hace que se complique mucho cuando ciertos casos entran en la esfera judicial.

APU: ¿Cuáles son las conclusiones preliminares?

JLD: Para nosotros es posible una construcción desde los diferentes sectores, desde la diversidad, incluso los que tienen intereses encontrados pero es posible lograr acuerdos y que a partir de eso se potencie el trabajo de cada uno. Hablamos mucho de ‘hacemos esto porque no nos queda otra cosa’  ‘seguimos enfrentados o nos juntamos’ y creo que el planteo no es ese, una sociedad justa se construye a partir del diálogo. A lo largo de estos dos años por ahí salió un planteo de este tipo ‘o es la agricultura familiar o es la agricultura empresaria’, pero no, son ambas cosas. Nosotros tenemos que generar espacios y condiciones para que todos tengan la posibilidad de desarrollarse y no que unos lo hagan a costa de otros. Por otra parte la Mesa necesita mayor difusión. Los gobiernos provinciales no la conocen, deberían porque la Mesa debe contribuir a resolver y prevenir conflictos que se desarrollan en las provincias.