Caso Cristian Ferreyra: "El fallo no genera paz social, todo lo contrario"

Por Alba Silva

Una navidad amarga es la que espera a Mirta “Mimí” Salto, madre de Cristian Ferreyra, cuyo asesinato, durante la siesta del 16 de noviembre del 2011 permanece impune. Ahora se agrega una clara advertencia sobre quién manda verdaderamente en los territorios.

El fallo del tribunal de Santiago del Estero que determinó la liberación sin cargo ni culpa de empresario Jorge Ciccioli, da cuenta de las relaciones de poder en la provincia. Será por eso que unas pocas horas después de su lectura, una de las caras visibles del Movimiento Campesino de Santiago, Cariló Olaiz, fue detenido por “amenazas”. Tuvo que firmar un acuerdo en la policía para presentarse “cuando sea requerido por cualquier asunto”. Una suerte de libertad condicional.

El Tribunal provincial que se constituyó en Monte Quemado, un clásico pueblo santiagueño en el que apenas se puede hablar por teléfono y la conexión a internet es un deseo imposible, emitió un fallo que aunque estaba en los cálculos del campesinado sembró estupor, indignación y se convirtió en la fuente de un dolor atroz, incomprensible.

El autor material, Javier Juárez, fue condenado a 10 años de cárcel y a indemnizar a la viuda en 900 mil pesos. Sin embargo, Ciccioli, que compró el campo en febrero del 2011, 9 meses antes del asesinato, fue liberado por el Tribunal porque “no se pudo probar” que él hubiera armado a los matones y mucho menos que hubiera ordenado la muerte, las heridas, las amenazas, el amedrentamiento de los pobladores del campo San Bernardo.

Ahora hay que esperar hasta el 2 de febrero cuando los jueces darán a conocer los fundamentos del veredicto que también liberó a los cuatro patovicas rurales cuyos deberes incluían asustar a menores, hijos de “mocaseros”.

“El fallo no genera paz social”

Presente en Monte Quemado, el subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la Nación e histórico abogado de campesinos, Ramiro Fresneda, no ocultó su preocupación ante el resultado del proceso judicial: “Creo que es un acto de injusticia y un muy mal antecedente para la cuestión de los derechos de los poseedores ancestrales de la tierra. Como Estado Nacional queremos que en el marco del estado de derecho se resuelvan los problemas con diálogo y paz. Una sentencia que genere impunidad al principal responsable de un hecho donde perdió la vida un joven campesino no genera paz social, genera todo lo contrario”.

Por su parte, Ángel Strapazzón, testigo en el caso y fundador del movimiento campesino santiagueño, también se sumó con críticas al fallo.

APU: El fallo: ¿resultó inesperado para ustedes?

Ángel Strapazzón: No, no, entraba dentro de las posibilidades. Hablemos del Poder Judicial porque la Justicia es otra cosa. Históricamente, si me permiten, hay que saber que el problema de la justicia tal como apareció cuando se quería democratizar el Poder Judicial en la Argentina no era poca cosa. Me parece a mí una de las cosas más revolucionarias que iban a pasar. Desde la Revolución Francesa porque Víctor Hugo escribió 7 mil páginas criticando que no había democracia porque  los jueces no eran elegidos democráticamente. Imaginate en lo que estamos tantos años después, todo lo que hemos visto y lo que vamos viendo.

Este último año, se suma la renuncia de Zaffaroni, un juez que realmente piensa desde un enfoque popular de la justicia, desde el bien común.

APU: Esto no es un hecho aislado, responde a una matriz.

AS: No es un hecho aislado. El Poder Judicial requiere una tremenda reforma, para eso es necesaria una tremenda acumulación de fuerzas populares y es probable que todavía no nos esté dando para eso. No digo que no puede llegar a darnos, es un camino, son 10 años recién, o 15. Realmente es una corriente del pueblo que después de la dictadura militar se nota que empieza, que se levanta.

Lo otro, claro, a nosotros nos preocupa el precedente que sienta en relación al modelo de agronegocios porque para nosotros es una condena al modelo de agronegocios, más allá de la persona o no de Ciccioli  o del ministerio de la producción de Santiago del Estero que está a cargo de una persona que pertenece a la CRA, la Confederaciones Rurales Argentinas.

Entonces esto puede generar un endurecimiento de los sectores empresariales más duros del mundo sojero. Y eso genera violencia, va a traer violencia.

APU: Tal veredicto es claramente un mensaje para la sociedad ¿podría ser una carta libre para sectores empresarios que están de acuerdo en ejercer violencia para hacerse de los campos?

AS: Podría ser. Yo no sé si es tan sencillo para ellos porque los compañeros van a estar firmes, van a estar duros y van a estar con deseo y con indignación porque los seres humanos en general nos movemos por amor o por indignación, no sólo por bronca. Eso también, me sorprende la capacidad que tenemos de reirnos, me hace acordar a Gandhi  porque hoy tenían preparada toda una parafernalia de policías muy bien pertrechados y nosotros como respuesta decimos ‘tenemos un año más de opinión pública’.