“Actualmente la denuncia por violencia de género se convierte en una revictimización”

A través de un video que se viralizó recientemente vimos los golpes que recibió una denunciante por parte de efectivos policiales pertenecientes a una comisaría de la localidad de San Fernando. La mujer se había acercado a la sede policial para realizar una denuncia por maltrato por parte de un familiar.

Para la diputada Viviana Nocito (FpV-San Fernando) “la violencia contra las mujeres atraviesa las puertas del hogar y se vuelve pública en su ejercicio flagrante, desde las instituciones que deben protegerlas. Eso es lo que debe entenderse al leer las informaciones que dan cuenta del episodio ocurrido en una comisaría de San Fernando. La diferencia con los cientos y miles de episodios que ocurren cotidianamente, tal vez no tan desembozados, tal vez no de orden físico, con este, es tan solo el hecho de haberse convertido en público. Es que nos golpea la cara la violencia desplegada y explícita bajo el abuso de un poder que daña. La descalificación, denigración, negación y minimización, por parte de los responsables de las instituciones de justicia y policiales -que por Ley deben resguardarlas y protegerlas- de las declaraciones de las mujeres es moneda corriente, silenciosa, sólo compartida entre mujeres”.

Consultada en materia legislativa provincial referida a la temática, la legisladora afirmó que “en mi equipo de trabajo cuento con los aportes de una especialista en el tema, la doctora Patricia Paggi con quien hemos elaborado el proyecto de ley De Protección Integral para prevenir y sancionar la violencia basada en género y el abuso de poder en los ámbitos en que las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta iniciativa adecúa la normativa provincial a la nacional y considera la imperiosa necesidad de que el estado provincial lleve adelante una política activa de capacitación y evaluación de capacidades de agentes de seguridad y del ministerio público, porque actualmente la denuncia por violencia se convierte en una revictimización segura. Trabajamos para revertir esta situación”.

La palabra de una especialista

La doctora Patricia Paggi, se desempeñó como Directora del Área de Promoción y Protección de Derechos del Municipio de San Fernando en la gestión del ex intendente Osvaldo Amieiro. Actualmente, además de asesora legislativa es docente de posgrados en la temática de violencia en las facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Argentino (UMSA). Durante su gestión creó en el año 1999 el Programa de Violencia. Lo coordinó hasta el año 2012 “cuando renuncié al entender que la nueva administración no pensaba sostener esa modalidad de trabajo” según las palabras de la especialista.

Frente al hecho ocurrido en la comisaría de San Fernando Paggi afirmó que “es hora de que se indague a los responsables de la misma y no a sus víctimas. Que se haga pública la investigación y no los datos de la víctima, que se deje de enviar a las mujeres a denunciar a lugares en los que se carece de sensibilidad, capacitación y se cultiva la misoginia”.

“Repensando los hechos, considero que la presencia de equipos municipales y/o provinciales fuertes, comprometidos, activos y sobre todo capacitados y con perspectiva de género es la única manera, por ahora, de evitar o minimizar estos abusos. Insisto en que la policía necesita control por parte de la comunidad y por parte de las otras instituciones especializadas en cada tema. Lamentablemente esa no es la realidad en San Fernando donde la "contención" reemplazó al esclarecimiento y el ejercicio de derechos. Son históricas las connivencias de los policías con los varones violentos en los barrios, la alta credibilidad a sus excusas y mentiras, su machismo compartido” agregó Paggi.

Asimismo, la asesora de la diputada Nocito sostuvo que “durante mi gestión en el municipio se trabajaba, con idéntica modalidad al programa de las victimas contra las violencias de Nación, realizando un estrecho seguimiento de la recepción de las denuncias, tanto en comisarías de la mujer como en las distritales, para evitar los obstáculos y dirimirlos institucionalmente. No debe ser la mujer en condición de víctima la que debe realizar el contralor del deber del funcionario público, sino los propios organismos del Estado. En el proyecto legislativo de la diputada Nocito se pone en consideración la violencia institucional como una modalidad cierta y específica, corriendo el eje del maltrato hacia las mujeres del ámbito doméstico, al cual queda restringida por la ley 12569. Sabemos que la base de la misma es el abuso de poder y que los agentes del estado tienen un poder delegado que es utilizado para victimizar”.

El proyecto

El proyecto De Protección Integral para prevenir y sancionar la violencia basada en género y el abuso de poder en los ámbitos en que las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales responde a la necesidad de adecuar la legislación provincial a los adelantos que la Nación ha realizado a partir del año 2009 sobre la temática y a producir avances en el mejoramiento de los procedimientos judiciales que aseguren el acceso a la justicia de las niñas y mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Para ello, el proyecto presentado por la diputada Viviana Nocito propone: considerar los múltiples ámbitos en los que se expresa la violencia hacia las mujeres, incluyendo lo familiar, pero no de manera excluyente como lo hacía la ley 12.569; tipificar con mayor precisión y fundándose en nuevas conceptualizaciones tipos y modalidades entre las que se incluye la violencia basada en TIC, de reciente definición; incluir al propio Estado como perpetrador de violencia con sus planes, programas o dispositivos, obligando a considerar en el diseño de los mismos la perspectiva de género y permitiendo a las mujeres la visibilización de esa violencia; incluir en el acceso al derecho a una vida libre de violencia a los grupos más vulnerables como las mujeres privadas de su libertad o recluidas en instituciones de salud mental; la obligatoriedad de la denuncia ante la puesta en conocimiento de los funcionarios y profesionales de salud y educación, garantizando que el cumplimiento de dicha obligación no repercutirá  negativamente sobre su desempeño o su persona; describir con la mayor precisión que permite una ley los procedimientos que aseguren la protección de las personas que denuncian como herramientas ajustadas para las decisiones judiciales; establecer disposiciones para implementar políticas públicas de manera transversal, apuntando a la revisión de prejuicios y estereotipos dentro de todas las dependencias del Estado Provincial, en sus aspectos preventivos; fortalecer las mesas locales de violencia como herramienta  facilitadora; definir la obligatoriedad de las denuncias por parte de profesionales de la salud, educación y funcionarios públicos, estableciendo también su protección con medidas cautelares y la consideración de supuesto de buena fe cuando denuncian; establecer la figura de “Amicus Curiae” para una mejor orientación de jueces y juezas de familia que deben resolver las situaciones de violencia; promover el diseño de políticas públicas de vivienda y trabajo que incluyan criterios de prioridad en su asignación para las mujeres que han superado o se encuentran en camino de hacerlo la situación de violencia, crear un observatorio de violencia que permita el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas en todos los ámbitos de competencia y aporte información para la planificación de acciones y promover la formación específica de profesionales de las áreas con competencia en el tema.

Cabe agregar que además de la diputada Nocito, el mencionado proyecto fue acompañado con la firma de las legisladoras María Fernanda Raverta, María Alejandra Martínez, Analía Richmond y María del Carmen Pan Rivas y del diputado José María Ottavis.