Operación masacre: la justicia estableció la responsabilidad de Aramburu y Rojas

En un juicio por la verdad, la jueza Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales.

Siete décadas después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció que hubo responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956. 

El debate histórico finalizó este lunes pasadas las 13, cuando la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que estos hechos, relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se trataron de crímenes de lesa humanidad. 

“Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio,  que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”, leyó la magistrada. 

Por el paso del tiempo y la impunidad que rodeó estos hechos durante 70 años, todos los posibles culpables se encuentran muertos. Por eso se realizó este juicio por la verdad, que no tiene consecuencias penales. El veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro eugenio Aramburu e Issac Rojas; de Juan Constantino Quaranta, jefe de SIDE; de Desidero Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense; del jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido si hubiesen sido juzgados es la de prisión perpetua. 

Además, estableció una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense, la construcción de un sitio de memoria que difunda lo que pasó y preserve la memoria histórica, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y su incorporación en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino, entre otras.

La jueza dio por probada la acusación de la querella de las familias, representada por los abogados Alberto Palacios y Walter Arias, que resultó la única parte acusadora ya que el fiscal Paul Starc dictaminó en contra del juicio por la verdad y no participó del proceso.  

En su alegato, la querella reconstruyó lo que sucedió esa noche a partir de las pruebas y testimonios que se conocieron durante el debate, como el del sobreviviente Juan Carlos Livraga, de 94 años, el “fusilado que vive”, y de familiares de sobrevivientes y asesinados . 

Los abogados señalaron que en la noche del 9 de junio de 1956, un grupo de personas se reunió en la casa de Hipólito Irigoyen 4519, en la localidad de Florida, Vicente López, para escuchar una pelea de boxeo. “Pero en el ambiente circulaba otra cosa que parte de los asistentes conocía: la posibilidad de esperar el mensaje por el alzamiento armado que preparaba Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas”, relató Palacios. 

En la casa del fondo se encontraban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Rorberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Torres y en la propiedad del frente se encontraban Horacio Di Chiano, dueño de la casa, y Miguel Ángel Giunta. “El dueño de la finca (di Chiano) era el único de la cuadra con teléfono, por eso seguramente, y esto es algo novedoso del juicio, estaban en ese domicilio, porque esperaban una llamada”, explicó. 

Alrededor de las 23.20, un operativo represivo llegó a la casa y se llevó detenidos a todos, a excepción de Torres, quien logró fugarse. Otras dos personas, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler, fueron atrapados minutos después mientras ingresaban al domicilio. De esas detenciones participó el jefe de la Bonaerense, Fernández Suárez, quien ordenó llevarlos a la Unidad Regional de San Martín, donde quedaron incomunicados. 

“Se encuentra probado que a las 0.32 del 10 de junio la radio transmitió la proclama de la ley marcial firmada por Aramburu y Rojas. Para ese momento, los 12 hombres llevaban más de una hora bajo custodia policial, ya habían sido detenidos, ya habían perdido su libertad. La ley que los condenaría a muerte o que el régimen pretendía usar como cobertura, llegó después”, detallaron los abogados. Horas más tarde, Fernández Suárez impartió por teléfono la orden de llevarlos a un descampado y fusilarlos. 

Pasadas las 4, los 12 detenidos fueron llevados a la madrugada a los terrenos donde entonces estaban los basurales de José León Suárez. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión fueron asesinados en el lugar mientras que los otros 7 lograron sobrevivir:  Livraga recibió 3 disparos a quemarropa y un balazo le atravesó la cara. Fue dado por muerto y se arrastró ensangrentado hasta encontrar auxilio. Di Chiano se tiró al suelo y lo dieron por muerto. Gavino, Benavidez, Troxler, Giunta y Díaz lograron escapar.

El juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez tienen un antecedente directo en el debate que se hizo por la masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924. Por impulso de la fiscalía de Resistencia, en 2022 se realizó un juicio por la verdad que reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, quienes reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo en la reducción indígena de Napalpí.