Mendoza: familias campesinas resisten desalojo

En la década del ‘70, Cándido Alberto Trincado hacía producir esta finca de aproximadamente de 470 hectáreas. Varias familias campesinas vivían y trabajaban en la finca. En los ‘90 la finca comienza un proceso de quiebra con el consiguiente endeudamiento hacia los trabajadores por la falta de pago de los sueldos. Al poco tiempo Trincado fallece y sus hijos desmantelan la finca y la abandonan por completo. A partir de allí más de 15  familias quedaron viviendo dentro de la finca haciendo posesión pública, pacífica e ininterrumpida, sin haber cobrado ningún tipo de indemnización e incluso con sueldos atrasados.  Los herederos de Trincado no volvieron a aparecer en 20 años.

A mediados de este año se presenta Leni  arrogándose la propiedad de la finca y con la supuesta intención de ponerla en producción y amedrenta a las familias para que la abandonen. Las familias se niegan a abandonar el lugar. A partir de este momento las familias, nucleadas en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), comenzaron a realizar  denuncias de estos atropellos ante los organismos correspondientes.

Después de haber intentado por diferentes medios amedrentar a las familias y desalojarlas, y ante  la negación de las familias poseedoras de abandonar el lugar, Leni se retira insultándolas. Los efectivos policiales, actuaron en todo momento como “empleados” de Leni, y según ellos, el ayudante de Fiscal, Gonzalo Vázquez, se comunica telefónicamente confirmando que la posesión la tenía Marcon Dra y que las familias debían retirarse del lugar. 

Finalmente la Fiscal Díaz Peralta, que entiende en la causa, ordena citar a las partes en la Oficina Fiscal de Palmira, en la Comisaría 28, este lunes 5 de noviembre a las 9 de la mañana. Díaz Peralta ya conocía la situación, ya que hace unos días Leni hizo una denuncia por usurpación que fue rápidamente desestimada cuando vecinos y las familias mismas demostraron ser poseedores de muchos años.

Las familias están decididas a resistir en defensa de sus legítimos derechos posesorios, así como el derecho al trabajo,  a la vivienda y al arraigo.

Desde la UST repudiamos el accionar arbitrario que el personal policial de la Comisaría Nº 12  realizaron contra las familias campesinas, en una muestra clara de abuso del poder, autoritarismo y corrupción, avasallando los derechos adquiridos por parte de estas familias organizadas.