Bahía: juzgan a docente universitaria cómplice del genocidio

Por Diego Kenis I En el edificio del rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca se llevó a cabo este miércoles 29, Día del Ejército en cuyo plan criminal se la acusa de formar parte, el sorteo del tercer miembro del Tribunal que deberá emitir un ya demorado fallo en el Juicio Académico contra la abogada y docente de Derecho Gloria Girotti.

Desde diciembre de 2010, pesan sobre Girotti acusaciones del Ministerio Público que le atribuyen participación en el Terrorismo de Estado que tenía como brazo ejecutor en Bahía Blanca al V Cuerpo de Ejército y como pata judicial al juzgado federal de Guillermo Madueño, de quien la letrada era secretaria. Madueño se reunía por las noches a decidir junto al represor Adel Vilas los siguientes pasos del plan criminal, mientras Girotti tomaba declaración a prisioneros que permanecían secuestrados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”. Esta práctica, que explicitaba la plena indefensión de las víctimas ante funcionarios judiciales que no hacían nada para resguardarlos, fue considerada por los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño como interrogatorios bajo tortura.

En mayo de 2011, los colegas abogados y parte de los pares docentes de la acusada la respaldaron en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNS para que obtuviese una reválida en una de las tres materias que tiene a cargo en el Departamento de Derecho, pese a las objeciones de un amplio sector de la comunidad universitaria. Uno de los argumentos aludidos era que para separarla de la plantilla docente era necesario iniciarle un proceso de Juicio Académico, que fue solicitado a comienzos del año pasado por casi sesenta miembros de los tres claustros de la UNS. La solicitud, que se basaba en la incompatibilidad entre la conducta de Girotti durante la dictadura y los parámetros morales que estipula el Estatuto institucional, vio luz verde sucesivamente en el Consejo Departamental de Derecho y en el CSU.

Elevado a Juicio, el proceso esperó entonces por la conformación de un Tribunal de docentes eméritos, consultos o titulares con una antigüedad de al menos una década. A fines de junio pasado, el cuerpo quedó constituido por los ingenieros Roberto Brevedan, Nelson Mazzini y Jorge Luque. Luque rechazó la designación y quien salió sorteado como su reemplazante, Daniel Villar, se excusó por sus vínculos familiares con Girotti. Finalmente, en octubre, asumió su lugar en el Tribunal Jorge Cincunegui.

Durante los ocho meses completos que pasaron desde entonces, el cuerpo integrado por Brevedan, Mazzini y Cincunegui dejó vencer todos los plazos sin emitir fallo. Como el Reglamento de Juicios Académicos de la UNS estipula que el expediente es reservado y no se toma la molestia de considerar que algunas de las causales de proceso pueden ser de interés público, nadie sabe a la fecha en qué estado se encuentra el Juicio Académico contra Gloria Girotti.

Un mes atrás, se sumó a todo ello una nueva demora: el licenciado Cincunegui renunció a su lugar en el Tribunal para acogerse a los beneficios jubilatorios. Por ello es que pasó a ser necesario sortear un nuevo nombre para integrar el cuerpo encargado de llevar adelante el Juicio Académico contra Girotti, que en una quincena y pese a la prohibición de salida del país que sobre ella pesa visitará París si la Cámara Federal bahiense no dispone lo contrario.

Siempre fuimos camaradas

El sorteo finalmente se llevó a cabo este miércoles 29. De él sólo podían formar parte la acusada y los miembros del CSU, pero no la parte querellante. La violación a la igualdad entre las partes la proporciona el incoherente Reglamento de Juicios Académicos, normativa que no obstante no indica que sí puedan asistir los maridos de las acusadas, lo que efectivamente ocurrió en todos los sorteos. En el último, sin que asistiera siquiera acompañando a su esposa.

Como resultado del azar, el tercer miembro del Tribunal será el octogenario ingeniero agrónomo Osvaldo Fernández, quien actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Recursos Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), del que fue director por veinte años. Fernández se recibió en 1952 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego cursó posgrados en los Estados Unidos. Pero el dato más relevante surge de lo que su currículum consigna como “actividades de carácter directivo y de desarrollo”: entre 1968 y 1971 y entre 1979 y 1981 fue director decano del Departamento de Agronomía de la UNS. En otras palabras, fue funcionario universitario durante las dictaduras encabezadas por los represores Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla.

Durante la primera, se delinearon varias de las reglamentaciones militares que se aplicaron en la segunda, cuando se estructuraron los CCD como aquel cuyos secuestrados, luego de ser torturados físicamente, eran puestos ante funcionarios judiciales como Gloria Girotti, que les tomaba declaración con soldados apuntándoles a sus cabezas y luego los dejaba, nuevamente despachados a merced de la picana.

La dictadura los cría

El autodenominado Proceso de la Reorganización Nacional no mintió al elegirse nombre: no tuvo nada de nacional, pero sí se propuso intervenir profunda y medularmente en todos los aspectos de la vida argentina, con el objeto de acomodarla a un modelo predeterminado de sociedad, garantizando los privilegios para un segmento acomodado de la población. Para ello, a la persecución y represión sobre los militantes populares e intelectuales siguió la apropiación ilegal de empresas por parte de capitales cercanos al gobierno dictatorial y la intervención en la educación, de modo de garantizar el surgimiento de la “cría del Proceso” que imaginaba el dictador Jorge Videla.

En ese contexto, para cuando Fernández se hizo cargo por segunda vez del decanato del Departamento de Agronomía la UNS ya había sido intervenida y señalada en la revista Gente como un ejemplo a seguir en cuanto a una “lucha contra la infiltración marxista” que en el caso bahiense precedió a la irrupción de la dictadura con cesantías y persecuciones a docentes, estudiantes y trabajadores.

Luego del 24 de marzo, la acción se profundizó aún más. A la desaparición de miembros de la comunidad académica se sumó la acción en lo que Vicente Massot aún llama la “dimensión cultural” de la “guerra”. Apenas producido el derrocamiento del gobierno constitucional, en 1976, el capitán de navío Raúl González dispuso la destrucción de 700 libros propiedad de la Universidad, 212 de los cuales moraban en la biblioteca de Humanidades. La orden se aplicó a obras de autores como Paulo Freire, Juan D. Perón, Vladimir Lenin, León Trotski, Henry Lefevre, Bernardo de Monteagudo, Juan José Hernández Arregui, Frank Fanon, John William Cooke, Arturo Jauretche, Arturo Puiggrós, Eduardo Galeano y Karl Marx. En 1978, una nueva resolución ampliaría la lista de libros a expurgar.

Un año más tarde, en septiembre de 1977, el interventor a cargo del rectorado era Julio Lucero, ingeniero agrónomo al igual que el hoy sorteado Fernández. Lucero y su secretario académico, Alfredo Allan, firmaron el Reglamento de Admisión y Disciplina para Alumnos que, créase o no, estuvo vigente hasta 2011 y excluía a aquellos estudiantes con “antecedentes de carácter subversivo” y a los procesados o condenados por presunta comisión de delitos “con relación a la seguridad nacional”. Además de sancionar “la desobediencia”, el Reglamento preveía una suspensión de dos a seis años “o expulsión” a quienes realizaran “actividades que asuman formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter público o gremial, docente, estudiantil y no docente”.

El sorteo los amontona

La designación de Fernández, que debería excusarse en virtud de los datos reseñados, como miembro del Tribunal Académico para el juicio universitario a Gloria Girotti descubre una realidad en la UNS: la permanencia, y en este caso la distinción como profesor “extraordinario”, de docentes que aunque no han sido imputados aún por el Ministerio Público estuvieron vinculados con la última dictadura cívico militar. De acuerdo al Estatuto de la casa de estudios, que entre otras cosas fija el respeto a la Constitución Nacional como norma a seguir, y el Reglamento específico para los profesores “extraordinarios”, que marca que podrán ser sometidos a Juicio Académico, el propio Fernández podría ser objeto de una presentación análoga a la que en 2012 se efectuó en el ámbito universitario respecto de Girotti y sobre la cual él ahora debería decidir.

Al mismo tiempo, la constante dilación en el fallo y la designación del nuevo miembro del Tribunal otorgan mayor margen a la acusada para emprender acciones intimidatorias como la que plasmó la semana pasada contra miembros del CSU y del público que durante la sesión de mayo de 2011 se habían expresado contra la docente en su aspiración por revalidar uno de los tres cargos que actualmente ocupa.

El lunes 27, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense, la agrupación H.I.J.O.S Bahía Blanca y la filial local de la Red por la Identidad emitieron un comunicado conjunto en que expresaron su “repudio ante el accionar intimidatorio” de Girotti y su “inquietud ante la demora que exhibe el Tribunal universitario que debe fallar en el marco del Juicio Académico que contra ella se sustancia”. Al pronunciamiento se sumaron luego documentos de la lista Azul de Trabajadores no docentes de la UNS, la Asociación de Docentes Universitarios (ADUNS) y la lista Integración de profesores. Las tres organizaciones tienen miembros que fueron receptores de algunas de las cartas documento emitidas por Girotti, mediante las cuales los intimaba a retractarse e indemnizarla bajo amenaza de iniciar acciones legales en su contra.

La preocupación no debería ser sólo de los firmantes. En 2011, el también abogado Hugo Sierra se transformó en un atípico caso de docente universitario detenido por delitos de lesa humanidad. Sobre él pesan acusaciones análogas a las que recaen sobre Girotti. La mancha en la historia institucional difícilmente se borre, pero pudo ser todavía más contundente: poco faltó para que sea detenido en medio de una clase.