Bahía Blanca: genocida regresa a la cárcel

El ex juez ad hoc Tentoni, cuestionado por sus vínculos con la cúpula de la fuerza y otros imputados, le había otorgado el beneficio al cumplir los 70 años. Quintana violó las condiciones del arresto domiciliario en reiteradas oportunidades, para comprar en una panadería o trasladar armas que no podía poseer. Su destino vuelve a ser la UP 19 de Saavedra.

El represor de la Armada Arturo María Quintana volverá a residir desde este marzo en la Unidad 19 que el Servicio Penitenciario Bonaerense posee en Saavedra, luego de que el juez federal bahiense Santiago Martínez resolvió el pasado 1 de marzo revocar por segunda vez su arresto domiciliario, originalmente concedido por el entonces juez ad hoc Eduardo Tentoni, a cargo de la causa hasta que fue removido por sus vínculos con altos mandos de la fuerza que debía investigar y por aconsejar y a la vez temer a los imputados sobre cuyas situaciones procesales debía resolver. 

Quintana se encuentra actualmente procesado por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Armada en Puerto Belgrano entre 1976 y 1977, cuando con el grado de teniente de navío revistaba como Segundo Comandante del Batallón de Comunicaciones 1, una de las estructuras en que se enmarcó el accionar represivo ilegal de la Fuerza de Tareas 2. Puntualmente, se lo acusa por su participación en casi medio centenar de secuestros que en catorce casos terminaron en el homicidio de las víctimas y en la totalidad incluyeron la aplicación de tormentos sobre ellas.

El arresto domiciliario había sido originalmente concedido a Quintana en febrero del año pasado por el propio Tentoni cuando el represor festejó sus setenta años. En julio, una trabajadora del Patronato de Liberados lo identificó en una panadería. Su testimonio ante el juez determinó la primera revocación del beneficio al marino retirado. Sin embargo, la Cámara Federal bahiense que aún cuenta entre sus filas al ex PCI del Ejército Néstor Montezanti, dejó sin efecto la medida y envió al represor nuevamente a la comodidad de su domicilio de Zapiola al 800. Cuando maltrató y amenazó, alcoholizado, a dos trabajadoras sociales que lo visitaron para constatar el cumplimiento del régimen, el entonces magistrado Tentoni sorprendió con una de sus inéditas medidas: suspendió el beneficio sólo por siete días, y le ordenó prescindir de la ingesta de alcohol.

La gravedad de la situación fue en aumento. A fines de febrero de este año, el fiscal Abel Córdoba solicitó al Registro Nacional de Armas (RENAR) la confirmación en torno a las piezas que figuraban a nombre del represor procesado. El resultado, que dio cuenta de al menos dos armas registradas a su nombre, motivó un allanamiento en su domicilio. Las armas no estaban allí. Pero el marino cometió el error de decir que habían sido llevadas a una armería, cuyos dueño y empleada indicaron que había sido el propio Quintana quien las acercó al lugar.

El fiscal Córdoba reiteró entonces a la justicia de primera instancia su solicitud para la revocación del beneficio, atendiendo a la falta disciplinaria que constituye la tenencia de armas por parte de un procesado, y el riesgo que ello crea para su propia persona, para terceros y para el proceso judicial en sí. El juez federal subrogante Santiago Martínez, que reemplazó a Tentoni luego de su salida, revocó el beneficio de la detención domiciliaria el 1 de marzo pasado y ordenó el traslado de Quintana a la UP 19 de Saavedra.

La voz de HIJOS

Ante tal situación, la agrupación HIJOS Bahía Blanca emitió este martes un comunicado en que expresa su “desagrado y repudio” frente al hecho, al tiempo que reseña los antecedentes que en tal sentido acumulaba Quintana.

A su vez, la agrupación se planteó interrogantes como: ¿cómo puede ser que un imputado de semejantes delitos tenga armas a su alcance?, ¿qué pasaría si se cruza con testigos que tienen que declarar en el juicio de Armada?, ¿qué pasaría si utiliza las armas en su propia contra? (Ya hubo varios casos de genocidas “suicidados”), y ¿qué seguridad tiene cualquier ciudadano de caminar en la calle, si estos imputados de graves delitos en contra de toda la humanidad, están entre nosotros y armados?

“Para los genocidas exigimos un juicio justo con todas las garantías constitucionales que ellos nunca dieron, como lo tienen en nuestro país y luego, cárcel común y efectiva. Para los imputados, pedimos el mismo tratamiento hasta que les llegue su juicio, ya que han dado prueba suficiente de que burlan la prisión domiciliaria y se camuflan entre la ciudadanía con el descaro de hacerlo armados”, concluye el texto.