Bahía Blanca: el caso de Alejandro Cantaro

Por Diego Kenis

Su afinidad ideológica con Hugo Sierra en cuestiones inherentes al Derecho Penal y las vinculaciones que sostiene con otros miembros de la corporación judicial que desde distintos órganos de poder beneficiaron a partícipes del Terrorismo de Estado son los aspectos que hacen recaer un manto de dudas acerca del desempeño que podría tener en el ejercicio de su función el fiscal federal bahiense Alejandro Cantaro, que a fines del año pasado asumió el cargo que dejó vacante en 2009 el actual copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Hugo Cañón. Desde ese lugar, Cañón marcó una época a nivel nacional, cuando promovió la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida alfonsinistas y los posteriores indultos a los Comandantes, ya durante el menemato.

Al cabo de todas las instancias de concurso, Cantaro desplazó por apenas 2, 25 puntos a Gabriel Jarque, que contaba con avales de Cañón y Adolfo Pérez Esquivel. La presidenta de la Nación Cristina Fernández elevó entonces su pliego a la Cámara Alta y los senadores, a recomendación del bahiense Jaime Linares, le dieron luz verde a su designación pese a las objeciones que formuló en su columna del domingo 15 de julio pasado en Página/12 el periodista Horacio Verbitsky, que además preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En efecto, Cantaro y Sierra compartieron cátedra en el Departamento de Derecho de la UNS hasta la renuncia del segundo y juntos escribieron las Lecciones de Derecho Penal. La particular gravedad de la colaboración literaria proviene de la materia a que se abocaron ambos profesionales: Sierra demostró su fidelidad y conocimientos respecto del Derecho Penal durante la dictadura, cuando como secretario del ex juez Guillermo Madueño participó en sesiones de interrogatorio bajo tortura a prisioneros cautivos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, según consideraron probado los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño al acusarlo en cinco sucesivos pedidos de detención y procesamiento en su contra elevados a la justicia federal bahiense de primera instancia entre fines de 2010 y mediados de 2011. Por esos días Sierra continuaba ejerciendo su carrera docente en la UNS secundado por Cantaro.

La venerable tradición de la dilación que mantenía como culto en la materia el ex juez Alcindo Álvarez Canale halló su contracara en otro ámbito. En septiembre de 2011, el Tribunal Oral Federal que un año después condenó a diecisiete represores del V Cuerpo ordenó detener al reo. Lo hizo luego de escuchar el testimonio del ex legislador provincial Mario Medina, que lo mencionó como partícipe de hechos aberrantes en el Aula Magna que la UNS ofrecía como sede al juicio oral y en que también solía sesionar la Asamblea Universitaria ya entonces presidida por Cantaro.

Luego de pasar casi un día entero detenido, Sierra fue liberado por decisión del juez ad hoc Luis Esandi, con quien lo unían vínculos suficientes como para meritar la excusación del magistrado. Mientras pasaba sus horas a la sombra, el rector Guillermo Crapiste había decidido su suspensión como docente universitario. Ya en libertad, Sierra renunció a la cátedra que tenía asignada hasta 2014. Según expresó en su carta de renuncia, el dolor que le causaba la acción del rectorado era el factor que lo había convencido de tomar una decisión que ya venía sopesando. Lo intempestivo de su renuncia, luego de haber optado por continuar un lustro más como docente al llegar a la edad jubilatoria de 65 años, marca otra realidad: huyó despavorido ante el Juicio Académico que se dejaba ver en su horizonte más próximo.

En el micromundo universitario, mientras desde un sector de la comunidad académica se impulsaba la creación de una inédita Subsecretaría de Derechos Humanos y se distinguía con el doctorado honoris causa a Estela Barnes de Carlotto, Cantaro organizaba por iniciativa propia una cena de despedida a su compadre Sierra, que por entonces ya había sido detenido y suspendido y posteriormente, en abril de 2012, sería finalmente procesado por la justicia de primera instancia (ver imagen).

La iniciativa no prosperó, debido a que el diario Página/12 reveló la existencia de los preparativos del banquete. La nota no lo mencionaba, pero la efectiva realización de la cena hubiera convertido su estrellato en inminente. Inmerso en su campaña de caligrafía para acceder sin impugnaciones al cargo de fiscal, Cantaro suspendió la cita. Pero algunos cubiertos ya estaban vendidos.

No fue el caso del convite que organizó para festejar su acceso al cargo de fiscal federal general. Si bien Sierra no concurrió, por iniciativa del propio Cantaro tomaron estado público fotografías donde se lo observaba en pleno festejo junto a Luis Esandi, el magistrado que liberó a Sierra, y su socio Andrés Bouzat. Docente del Departamento de Derecho, Bouzat integra la lista de profesores Línea PHI, con representación en el Consejo Superior Universitario (CSU). En mayo de 2011, el abogado se sumó al voto en bloque de la agrupación en favor de la continuidad docente de su colega Gloria Girotti, también ex secretaria del juez Madueño durante la dictadura y sobre quien pesan acusaciones análogas a las que recaen sobre Sierra.

En ese contexto, y para continuar con la tarea del fiscal Córdoba (ver “Aires de cambio y justicia”), llegarán a Bahía Blanca los doctores José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani. Su designación responde a otra lógica, dado que sus trayectorias merecieron la confianza de la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de quien depende la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que desde esta semana tendrán a cargo.

Ambos hicieron méritos para ello. Nebbia ofició como abogado del CELS y, desde ese lugar, participó como querellante en las causas por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el CCD “El Vesubio” y por el asesinato de Mariano Ferreyra. Palazzani, en tanto, fue el abogado de un gran grupo de organismos de derechos humanos que se constituyeron en querella en el proceso judicial contra represores que actuaron en la subzona 14 del Terrorismo de Estado, en La Pampa.

Ambos contarán además con el equipo ya consolidado de profesionales y empleados que participaron del trabajo de Córdoba y contribuyeron a los resultados alcanzados, entre los que se incluyen algunos casi sin precedentes a nivel nacional, como precisamente el avance sobre las segundas líneas de aquellos juzgados que se convirtieron en partícipes del plan criminal o el señalamiento a las responsabilidades civiles de miembros de la Iglesia Católica o del directorio del diario La Nueva Provincia, nada menos que en una jurisdicción como Bahía Blanca.