Avanza en la Justicia una denuncia por anomalías en la compra de Canal 13

Publicado en Tiempo Argentino I La Procuración del Tesoro de la Nación dio curso y elevó a la justicia las denuncias y pruebas aportadas por los delegados y trabajadores despedidos por Canal 13, que acusan al Grupo Clarín de haber adquirido irregularmente esa emisora en connivencia con el menemismo, estafando al Estado en cifras millonarias. Así lo informaron a Tiempo Argentino voceros de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo que dirige Daniel Reposo y que elaboró el informe a partir del cual llega esta decisión de la Procuración.

“La denuncia ya tiene estado judicial”, precisaron en la SIGEN. En marzo de 2011, ese organismo recibió la presentación de los trabajadores cesanteados, encabezados por el ex delegado José Carbonelli. Luego de una investigación que incluyó la solicitud de distintas actuaciones y la consulta de los expedientes vinculados con la privatización de Canal 13, a fines de noviembre, la SIGEN envió a la Procuración el resultado de su pesquisa.

Para Carbonelli, “ha quedado demostrada la asociación ilícita entre el Grupo Clarín y el ex presidente Carlos Menem, para llevar a cabo con total impunidad tanto la apropiación irregular de la emisora y la posterior violación de pliegos licitatorios”.

El ex delegado también advirtió que pudo probarse “la protección y complicidad de los funcionarios menemistas para el beneficio millonario del multimedios, siempre en perjuicio del Estado Nacional”.
En un comunicado difundido ayer, Carbonelli sostuvo: “Después de 20 años de lucha, a partir de este histórico acontecimiento, ahora somos iguales ante la ley y los responsables de los desfalcos producidos contra el Estado y los trabajadores deberán declarar ante la justicia.”

Además, el ex delegado detalló que “luego de que el síndico General de la Nación, Daniel Reposo, elevara el primer informe a la Procuración del Tesoro con la corroboración de las denuncias  y pruebas que le hemos presentado, esa misma institución, es decir, el Estado Nacional, inició las acciones judiciales correspondientes.”

Entre sus muchas acusaciones, los empleados despedidos por Artear SA –empresa con la que el multimedios controla la emisora– aseguran que “la adjudicación del Canal 13 de televisión al monopolio Clarín estaba predeterminada con anterioridad a su privatización”, en virtud de un “pacto” con el ex presidente Menem, “en compensación por el apoyo brindado a través de sus medios en la campaña electoral que lo llevó al poder”. Afirman que se trató de “una operación fraudulenta que benefició a este monopolio en 15 millones de dólares y perjudicó al Estado en un valor de 7 millones de dólares, y en más de 7 millones de dólares a sus trabajadores, al cederle la empresa a un precio irrisorio de 5 millones de dólares, proceso licitatorio corrupto que fuera objetado por el Superior Tribunal de Cuentas de la Nación.”

También destacan la no inclusión “en las bases y condiciones de la privatización el 10% de propiedad participada en favor de los trabajadores”, como sí se hizo en la privatización de otros activos públicos durante la década del noventa. “Desde que Clarín tomó posesión formal del Canal 13 hasta la fecha debería haber abonado a los trabajadores más de 100 millones de dólares”, aseguran.

Para los denunciantes, “estas contundentes irregularidades forman parte de la ejecución de una pluralidad de planes delictivos (…) que configuran la asociación ilícita para la apropiación irregular del Canal 13, la posterior violación de pliegos licitatorios y el irregular enriquecimiento millonario del Grupo Clarín”.
De ahora en más, será la justicia la encargada de evaluar el material probatorio reunido por la SIGEN. Para Carbonelli, no quedan dudas: “Tal cual está previsto en la legislación al respecto, por las faltas graves cometidas le corresponde la máxima sanción reglamentaria, es decir, la caducidad de la licencia.”