Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en La Nación, por Laura Serra) El proyecto que la UIA rechaza prevé que las empresas compartan utilidades con sus empleados.
Todo el elenco oficialista en el Congreso, con el diputado y jefe del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, a la cabeza, apoyará el proyecto de ley que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentará la semana próxima, que propone distribuir entre los trabajadores una porción de las ganancias de las empresas. Según la iniciativa que diseña el diputado Héctor Recalde, el porcentaje por distribuir sería del 10 por ciento del total de las utilidades.
"Es fundamental la distribución del ingreso. Les pido a los empresarios que no hablen con desprecio de los trabajadores y a los trabajadores, que no lo hagan con los empresarios nacionales. La Argentina debe volver a 1974, cuando la distribución era de 50 y 50. Los trabajadores deben poder ver el balance de las empresas", enfatizó ayer Kirchner, en un claro respaldo al proyecto de Recalde, el cual presentará en la Cámara baja una vez que lo evalúe el consejo directivo de la CGT, el martes próximo.
La iniciativa -que fue rechazada de plano por la Unión Industrial Argentina (UIA)- contempla que la ganancia neta por distribuir entre los trabajadores sea del 10 por ciento del total de las utilidades de la empresa a la que pertenecen. Así lo anticipó Recalde a LA NACION, e indicó que, de esa porción de las utilidades, un 80 por ciento se repartirá entre los empleados (sin incluir al personal jerárquico) y el 20 por ciento restante se girará a la creación de un fondo solidario que financiará programas de asistencia y blanqueo de trabajadores en negro y desocupados. Recalde aclaró que si la compañía reinvierte todas sus utilidades quedará eximida de distribuirlas entre sus empleados.
Consejo tripartito
"Esta iniciativa no perjudica a los empresarios; por el contrario, los beneficia, ya que incentivará a sus empleados a que la empresa prospere", dijo Recalde a LA NACION, y agregó que este proyecto, de convertirse en ley, no implicará costo laboral alguno, ya que este plus que cobrarán los empleados tendrá carácter no remunerativo y se efectuará una vez por año fiscal. El legislador indicó, además, que el proyecto contempla la creación de un consejo tripartito -integrado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Poder Ejecutivo- para controlar la aplicación de la norma, si es que resulta aprobada por el Congreso. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo.
El proyecto de la CGT provocó una dura reacción del sector empresarial; de hecho, el titular de la UIA, Héctor Méndez, advirtió que, con esta iniciativa, la Argentina "se parecerá a Cuba", al tiempo que reclamó al Gobierno que pusiera límites a la "avanzada del apriete" sindical. Sus reclamos no tuvieron eco, por el contrario. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, bendijo la iniciativa oficial y, por si fuera poco, el ex presidente Néstor Kirchner la apoyó públicamente. El oficialismo en el Congreso tomó nota: el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, anticipó ayer que no bien ingrese en la Cámara baja, su bancada impulsará el debate del proyecto.
La iniciativa del diputado Recalde promete generar un fuerte debate en la Cámara baja. El oficialismo se regodea porque intuye que esta iniciativa podría abrir grietas en la oposición, lo que favorecería la posición del Gobierno. De hecho, el proyecto se inspira en el artículo 14 bis de la Constitución, que fue impulsado en 1957 por el radicalismo, recuerdan, mordaces, los kirchneristas. Dicho artículo establece, entre otras cosas, que los trabajadores tendrán "participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección".
"Será muy difícil para los sectores políticos que se definen progresistas o aquellos diputados enrolados en algún sector gremial rechazar este proyecto", deslizan en el oficialismo. En efecto, los bloques de centroizquierda encarnados en Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur presentaron, en junio pasado, un proyecto de ley en similar sintonía con el que plantea Recalde. El radicalismo, por su lado, esperará a leer la letra chica de la iniciativa, aunque por lo pronto la miran con bastante recelo.
"Es un proyecto voluntarista y ridículo que espantará las inversiones", asestó el diputado Oscar Aguad, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Otros legisladores de ese bloque, en cambio, se muestran más cautos. "Esperaremos a revisar el proyecto, pero no aprobaremos nada que ponga en riesgo las inversiones en la Argentina", enfatizó el diputado Miguel Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. (Agencia Paco Urondo)
