Hacia una alianza del peronismo con el empresariado: aportes para recuperar el gobierno

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Hacia una alianza del peronismo con el empresariado: aportes para recuperar el gobierno

13 Marzo 2026

Ante todo hay que decir que para recuperar el gobierno necesitamos cumplir inexorablemente dos requisitos complementarios: el primero, disponer de un liderazgo con capacidad de conducir al conjunto de nuestras fuerzas y las de nuestros aliados y que tenga el don de enamorar a la gran mayoría del electorado; el segundo que elaboremos y ofrezcamos a la sociedad un programa de gobierno que permita salir del infierno en que hemos caído y permita recuperar la capacidad de sostener a largo plazo un desarrollo económico y social que beneficie a todos los argentinos.

Un diagnóstico sobre el punto de partida

Parece innecesario recordar el deterioro económico y social en que nos encontramos, el creciente desempleo, la pérdida de ingresos de los trabajadores y los jubilados, la destrucción de empresas, tanto industriales como comerciales, con mayor impacto en las PyMEs.

También parece innecesario recordar el proyecto neoliberal, tal como fue expuesto taxativamente en el discurso presidencial de inauguración de las sesiones legislativas: una economía sustentada casi en exclusiva por el sector agrícola, el petróleo y la minería, sobre la base de una geopolítica totalmente dependiente de los intereses de los EE.UU.

Tampoco parece necesario destacar que frente a este panorama viene ganando fuerza la necesidad de oponer una programa que priorice al trabajo, la producción, la soberanía y el respeto a los derechos humanos para todos los argentinos.

Si parece necesario profundizar el diagnóstico en las razones más profundas que dificultan la continuidad de nuestros gobiernos e impulsan la alternancia con gobiernos neoliberales.

Una de las razones principales de esta dificultad estriba en la opinión empresarial muy difundida, especialmente entre las empresas más grandes, respecto a que los gobiernos peronistas les permiten un mayor crecimiento, mientras que los gobiernos neoliberales los dejan disponer a su sola voluntad del destino de lo ganado.

En ese sentido, también resulta imprescindible abordar una característica estructural de la economía argentina: el alto grado de concentración en numerosos mercados estratégicos, particularmente en alimentos, insumos difundidos, energía y comercialización.

En estos sectores, un número reducido de grandes empresas posee capacidad para influir de manera determinante en la formación de precios, trasladando sistemáticamente a los consumidores aumentos que no siempre guardan relación directa con los costos de producción.

Esta dinámica no solo deteriora el poder adquisitivo de la población, sino que también limita el desarrollo de un entramado productivo más amplio, afectando especialmente a las PyMEs. Por ello, un programa de desarrollo debe incluir acuerdos sectoriales y políticas activas de competencia que permitan ordenar la formación de precios y garantizar condiciones equitativas para la producción nacional.

El problema no es el conjunto del empresariado; se trata de un modelo económico que permite que algunos grupos económicos concentren poder y rentas extraordinarias, incluso en contextos de crisis, lo que muestra que no siempre el interés de esos sectores coincide con el bien común y afecta al desarrollo nacional.

Las propuestas

Con dos equipos integrados por miembros del Movimiento Productivo 25 de Mayo y de las comisiones de Desarrollo Productivo y de Economía del Instituto Patria venimos trabajando en dos propuestas programáticas: un proyecto para promover la producción y el trabajo y otra propuesta para establecer una sólida alianza del peronismo con el empresariado que resuelva a nuestro favor sus contradictorias evaluaciones de nuestras políticas para el desarrollo y el dejar hacer del neoliberalismo.

Bases para promover el trabajo y la producción

La propuesta en que estamos trabajando consiste en la promoción de la producción y el trabajo abarcando a todas las actividades productivas, todas las localizaciones y todas las empresas, con independencia de su tamaño.

La propuesta se fundamenta en tres principios básicos:

  1. cualquier beneficio que se otorgue estará sujeto a contraprestaciones por parte de los beneficiados;

  2. el valor de las contraprestaciones de todo tipo que los beneficiados deberán devolver a los trabajadores y a la sociedad a largo plazo deberán superar al valor de los beneficios promocionales recibidos;

  3. tanto los beneficios promocionales que se asignen a cada proyecto como las contraprestaciones que se exijan a los beneficiarios no serán iguales para todos: dependerán del sector productivo, de la localización y del tamaño de la empresa.

La diferenciación de los beneficios y las contraprestaciones por sector productivo se explica señalando que no es lo mismo promover a un proyecto de agricultura intensiva que a otro del sector manufacturero; será necesario establecer la graduación entre sectores sobre la base de su aporte al valor agregado, la intensidad de mano de obra requerida y otras variables; en modo similar la exigencia de contraprestaciones guardará una diferenciación acorde a los objetivos de la ley.

La diferenciación de los beneficios y las contraprestaciones por localización se explica señalando que no tiene el mismo impacto un proyecto instalado en el GBA que otro instalado en la Patagonia o en localizaciones en que se producen sus materias primas; de igual modo la exigencia de contraprestaciones guardará una diferenciación acorde a los objetivos del programa.

La diferenciación de los beneficios y las contraprestaciones por tamaño de empresa se explica en la conveniencia de favorecer a emprendimientos de menor tamaño, por lo general más intensivos en mano de obra, así como nuevas modalidades, tales como plataformas y cooperativas de nueva generación que contemplen los derechos de sus trabajadores; nuevamente la exigencia de contraprestaciones guardará una diferenciación acorde a los objetivos de la ley.

Para no caer en errores, que ya hemos cometido, el programa deberá incluir mecanismos de control de cumplimiento de los objetivos y de las contraprestaciones, así como mecanismos para evitar la protección a una interminable ineficiencia, a la precarización laboral y a la evasión fiscal

Bases para una alianza con el empresariado

La recuperación del gobierno se vería enormemente facilitada si el peronismo construye una alianza estratégica con el empresariado nacional.

La idea es que Estado, trabajadores y empresarios acuerden un proyecto de desarrollo, algo que remite a la tradición del peronismo clásico y a experiencias como el Pacto Social Argentino de 1973, cuando se buscó articular intereses entre sindicatos, industria y gobierno.

La experiencia histórica demuestra que los procesos de desarrollo sostenido requieren de un sustento social que, en lo económico, articule intereses en torno al crecimiento del mercado interno, la generación de empleo de calidad y la expansión de la capacidad productiva.

En este marco el rol del Estado no debe limitarse a la regulación, sino también a la planificación, al financiamiento y a la promoción de sectores estratégicos que permitan diversificar la estructura productiva y reducir la dependencia de un número limitado de actividades primarias.

Siguen algunas ideas a debatir, consensuar y proponer para construir una alianza entre el peronismo y el empresariado que permita conjugar el mayor crecimiento que el empresariado nos reconoce con la mayor libertad para disponer de los beneficios que le reconocen al neoliberalismo.

Las bases que estamos analizando tratan de reconocer la libertad para disponer de los beneficios sujeta al cumplimiento a largo plazo y a la correspondiente verificación por parte de la autoridad de aplicación de las siguientes condiciones:

  • Fijación de precios sobre la base de la estructura de costos de cada producto más un margen razonable de beneficios;

    • Reconociendo que con las restricciones que imponen los monopolios y oligopolios, la libre competencia no es suficiente para disciplinar los precios;

    • La política de precios debe formar parte de una política económica más amplia: políticas de ingresos, comercio exterior, impuestos, regulación de precios clave (tipo de cambio, tarifas, insumos difundidos, entre otras);

    • Acuerdos con sectores productivos.

  • En el caso de los productos exportados, los precios domésticos no deberán superar los precios FOB de exportación menos las retenciones existentes para cada producto;

  • Regularización del trabajo no registrado;

  • Otras a convenir caso por caso.

En definitiva esa alianza se fundamenta en un equilibrio razonable que corrija los excesos empresariales existentes y por nuestra parte haga innecesario un control de precios.

En definitiva se propone alcanzar un acuerdo que permita un equilibrio entre la política y el empresariado en beneficio del bien común de todos los argentinos.