Nace La Ley Evita: el camino hacia la Ley 13.010 de Derechos Políticos de las Mujeres en la Argentina

"El derecho de sufragio femenino no consiste solamente en depositar la boleta en una urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer en verdadera orientadora de la conciencia nacional". Eva Perón, 23 de septiembre de 1947.

El desarrollo de la ciudadanía política en Argentina presenta una paradoja constitutiva. Cuando en 1912 la Ley Sáenz Peña (N.º 8.871) estableció el voto universal, secreto y obligatorio, empleó la palabra genérica “ciudadanos”. Sin embargo, la interpretación jurídica dominante lo restringió al colectivo masculino, marginando formalmente a la mitad de la población y consolidando la desigualdad institucional.

Esta exclusión profundizó los reclamos impulsados desde fines del siglo XIX por diversas agrupaciones de mujeres. Entre sus referentes pioneras destaca Julieta Lanteri, médica e hito del activismo político, quien en 1911 votó en las elecciones municipales porteñas tras hallar un vacío legal en el padrón. En 1919 fue candidata a diputada nacional y, en 1920, desde el Partido Feminista Nacional, organizó un simulacro de votación donde participaron cerca de cuatro mil mujeres para visibilizar su exclusión.

Otra figura fue Alicia Moreau de Justo, referente del Partido Socialista. Su espacio creó tempranamente una rama femenina e ingresó las primeras iniciativas de género en el Congreso, incluyendo el primer proyecto de voto femenino en 1919. A pesar de presentarse más de diez propuestas en los años siguientes, chocaron sistemáticamente contra las mayorías conservadoras. El avance más significativo ocurrió en 1932, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, aunque el Senado terminó rechazándolo.

En las provincias surgieron hitos clave: Santa Fe aprobó el voto municipal femenino en su reforma constitucional de 1921, y San Juan consagró el sufragio universal en 1927, posibilitando en 1934 la asunción de Emar Costa, la primera legisladora provincial del país. En el ámbito civil, la presión social logró en 1926 la Ley N.º 11.357, que permitió a las mujeres mayores estudiar, trabajar y administrar sus ingresos sin tutela masculina. Sin embargo, el marco general del Código Civil de 1869 mantuvo intacta la patria potestad exclusiva del padre y la imposibilidad del divorcio vincular.

La resistencia parlamentaria se sostuvo sobre dos argumentos centrales: un determinismo biológico que atribuía menor volumen cerebral a la mujer para negar su capacidad de racionalidad política, y la idea de que su rol “natural” debía limitarse al ámbito doméstico y la maternidad para preservar la cohesión familiar.

La etapa iniciada tras el ascenso de Juan Domingo Perón al gobierno en 1946 configuró un punto de inflexión en la historia política y social del país, ampliando el horizonte de posibilidades de las mujeres no solo en el campo institucional, sino también en las esferas económica, laboral y social.

El antecedente institucional de esta política se remonta a 1944, cuando en el marco de la Secretaría de Trabajo y Previsión impulsada por Perón, se creó la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, la primera área estatal destinada específicamente a la regulación y protección de los derechos laborales de las trabajadoras. La gestión de dicho organismo contó con la participación de referentes del ámbito profesional y del activismo femenino, entre ellas la abogada Lucila Gregorio Lavié.

El hito normativo determinante se concretó el 23 de septiembre de 1947 con la Ley N.º 13.010, promulgada oficialmente bajo el título de Ley de Derechos Políticos de las Mujeres. La denominación oficial da cuenta de un alcance que trasciende la sola mecánica del sufragio, estructurándose en tres dimensiones fundamentales. La ley dispuso que el Estado nacional debía empadronar a todas las mujeres e identificar a cada una mediante la entrega de una libreta cívica. Este instrumento implicó el reconocimiento estatal de la mujer como sujeto de derecho autónoma, con número de filiación ciudadana propio, independiente de su estado civil o de la tutela de un varón. La normativa consagró el voto femenino como secreto y obligatorio en las mismas condiciones que para los varones. Durante la discusión parlamentaria de la norma, se propuso revisar la interpretación histórica del vocablo “ciudadanos” de 1912, planteando que el uso del masculino gramatical había operado en la práctica como un factor de exclusión de derechos, abriendo un antecedente singular sobre el impacto del lenguaje en el acceso a las garantías constitucionales. Esto permitió la elegibilidad de las mujeres para la totalidad de los cargos públicos institucionales (diputadas, senadoras, concejalas, gobernadoras o presidentas). De esta manera, el texto normativo habilitó no solo la capacidad de elegir, sino la de ser electas y participar de la gestión del Estado.

Sin embargo, la sanción legislativa requirió de una mediación política concreta para transformarse en una práctica efectiva. En este proceso, la figura de Eva Perón desempeñó un rol decisivo tanto en la movilización pública a favor de la sanción de la ley como en la construcción de las herramientas organizativas posteriores. En 1949 se fundó el Partido Peronista Femenino (PPF), una estructura política independiente conducida por mujeres que desplegó un trabajo territorial a través de unidades básicas femeninas en todo el país. Esta red garantizó la identificación, el empadronamiento masivo y la formación política de las ciudadanas, permitiendo que en las elecciones generales de noviembre de 1951 más del 90 % del padrón femenino hiciera efectivo su derecho al voto por primera vez en la historia argentina y que decenas de legisladoras ingresaran a los cuerpos deliberativos nacionales y provinciales.

La determinación y voluntad política del peronismo fué lo que permitió abrirles las puertas a las mujeres al escenario público que tanto tiempo se le fue negado. El rol fundamental de Eva en esta acción le valió también el lugar que hoy ocupa: la mujer más relevante de la primera mitad del siglo XX en nuestra historia. Nos queda su legado y también la importante tarea hoy de defenderlo del ataque de las derechas misóginas que intentan arrebatarnos los derechos adquiridos que supimos conseguir con luchas.