Tomas de tierras en GBA: la historia de Agustín Ramírez

Por Ana González, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. 

El 5 de junio de 1988 a la noche las televisiones de todas las barridas de Quilmes estaban encendidas mirando el estreno de Tiburón. Agustín Ramírez no se quedó con su madre, Francisca, frente al televisor. Tenía que llevar unos tirantes a un vecino que estaba construyendo su casa. Al otro día el cuerpo de Agustín y Javier Sotelo, que lo acompañaba, aparecieron acribillados a balazos no muy lejos de la casa de Francisca. La policía y la prensa quisieron montar la farsa que había sido un  tema entre pandillas, o una cuestión de delincuencia común. Nadie que conociera a Agustín se podía tragar semejante mentira. El joven pertenecía a las comunidades eclesiales de base. Fue uno de los primeros objetores de conciencia que se sumó al FOSMO (Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio) y trabajaba incansablemente denunciando los negocios inmobiliarios con las tierras fiscales de los municipios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Y ayudaba a organizar las familias, que ante la falta de políticas de vivienda, ocupaban terrenos baldíos. La madre de Agustín, sus hermanos, sus compañeros y todas las comunidades eclesiales de base, no permitieron que la memoria de Agustín quedara en el olvido. Desde 1988 todos los años hacen un fogón y lo recuerdan. Hoy una escuela, una calle y un Centro de Integración Comunitaria (CIC) de San Francisco Solano, llevan su nombre.  

El 5 de junio de 2014  se llevó a cabo en la Universidad de Quilmes un Juicio Ético por el asesinato de Agustín Ramírez. La Comisión Provincial de la Memoria había encontrado partes policiales donde se informaba que habían abatido al delincuente terrorista. Donde daban cuenta claramente que el asesinato de Agustín fue un asesinato político por sus denuncias contra los especuladores inmobiliarios. En 1988 hacía sólo 4 años que el país había salido de la dictadura. El Ministro de Gobierno de la provincia de entonces, Luis Brunatti, con toda honestidad dijo que él no podía controlar la bonaerense. Nadie podía. 
Cuando el 4 de julio de 1988 se limpió un terreno a orillas del arroyo Las Piedras en Quilmes Oeste y se hizo el asentamiento San Sebastián, asistí a una escena kafkiana. Nos llamaron a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Quilmes de la comisaría de La Cañada. El Comisario había detenido a varios miembros del consejo del asentamiento por no haber permitido que unos policías ocuparan terrenos del asentamiento. Ante nuestra presencia el Comisario justificó las detenciones porque los detenidos no tenían derecho a sacar a los policías: “si ellos entraron se pueden quedar”. Ante lo cual los detenidos alegaban que nadie que tuviera casa o terreno podía ocupar un terreno en el asentamiento: “es para los que no tienen nada”. Además tenían un orden de prioridades: madres solas con hijos, parejas con hijos, abuelos con nietos, y de última jóvenes que tenían perspectivas de formar familia. 

Algunos años después, 1995, muchas familias limpiaron otro terreno del Camino General Belgrano, también de Quilmes Oeste. Al igual que en todos los asentamientos, tenían el mismo orden de prioridades, y tenían que aguantar el frío y la lluvia hasta poder armar sus casillas. A este asentamiento lo llamaron Agustín Ramírez. Un domingo volvieron a llamar desesperados a la APDH Quilmes. Habían detenido a los curas que ayudaban a la gente con alimentos y estaban rodeados por patrulleros, policía montada, perros y fuerte armamento. Fuimos con Lucrecia Lombán, la coordinadora de la APDH y nos paramos frente a los caballos, los perros y los patrulleros. Atrás estaban los niños, las mujeres, los jóvenes, aterrorizados. Estuvimos allí hasta que llegó el juez y se negoció una solución.  

Hoy ambos asentamientos son barrios con sus calles perfectamente trazadas, sus terrenos delimitados y sus casas de material. El frío, los miedos y las carencias habían valido la pena para poder tener una casa donde vivir una vida digna. En el caso del asentamiento Agustín Ramírez, se negoció con la provincia, cambiar de lugar, porque allí había habido una curtiembre y había en la tierra metales pesados dañinos para la salud. El asentamiento se trasladó a Florencio Varela, donde está actualmente el barrio Agustín Ramírez. 

Prácticamente todos barrios populares del Gran Buenos Aires se formaron de una manera parecida. Cuando los pobladores de las provincias eran echados por los terratenientes que se apoderaban de las tierras por vías bastante cuestionables, y los mataban de hambre, venían a buscar trabajo en las ciudades, ocupaban un terreno, con los vecinos tiraban el agua, los cables de la luz e iban al municipio a pedir las boletas de los impuestos para que alguna vez poder tener su escritura. Esto pasaba en la década del 20, del 30 y 40. Durante la década del peronismo pudieron  regularizar sus terrenos  y tener planes de vivienda. 
Pero en los 60 los especuladores inmobiliarios comenzaron a hacer negocios con los algunos personajes inescrupulosos de los municipios del gran Buenos Aires  y comprar la tierra por precios irrisorios, que además prácticamente no pagaban, y esperaban que la necesidad de vivienda encareciera las tierras. O las tierras quedaban como terrenos baldíos fiscales o dueños que nunca aparecieron, con pastizales y basureros, donde no pocas veces eran violadas las mujeres de los barrios aledaños.  

Durante la dictadura, poco después de la guerra de Malvinas, muchas familias sin vivienda comenzaron a organizar los asentamientos de la posdictadura. El primero justamente se llamó 2 de Abril y estaba en Almirante Brown. Durante los 80 y los 90 tanto en los municipios de  zona sur del gran Buenos Aires, como en La Matanza, existían Consejos de Asentamientos muy bien constituidos   por delegados de cada asentamiento, que negociaban con la provincia para lograr acuerdos de urbanización y políticas habitacionales.

El vendaval neoliberal de la década del 90 destrozó casi todas las organizaciones y lanzó al desempleo a grandes contingentes de la población. Y por lo tanto los dejó a la intemperie o el hacinamiento.
Ya entrado el siglo XXI, Elda, fue a las oficinas de un municipio a solicitar comprar un terreno. En la ventanilla la mandaron a ver un hombre que “es que el se ocupa de los terrenos”  y estaba en el pasillo del municipio. El hombre le habló convincentemente. En la siguiente reunión, siempre dentro de la municipalidad, le hizo firmar una serie de papeles  y le sacó los 4 meses de su sueldo de empleada doméstica que había guardado para tal fin. Cuando fue a ver el terreno, estaba ocupado y había sido vendido varias veces, según le dijeron. Cuando fue a reclamar, en la Municipalidad nadie  conocía al estafador. Este es el pan de cada día de las personas humildes. El negocio de estafar a los pobres rinde grandes dividendos para algunos avivados.  

El artículo 14 Bis de la Constitución Nacional dice que el Estado se ocupará del acceso a una vivienda digna de las familias. Al igual que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla del derecho de toda persona a una vivienda adecuada. (Art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional)  Pero además la vivienda es parte del derecho a una vida digna y del concepto de Justicia Social. 

La doble vara con que se mide el derecho a la propiedad  en nuestro país, tanto en la historia como en la actualidad, es escandalosa. Los que mataron y  se quedaron con las tierras de los pueblos originarios de las provincias los acusaron de vagos y mal entretenidos cuando pasaron a formar los cordones villeros de las ciudades. A Agustín lo asesinaron por investigar la especulación inmobiliaria, el especulador siguió haciendo negocios turbios por muchos años más. Se usurpan y desmontan todos los días tierras de pueblos indígenas, se desalojan pobladores de décadas del Delta para hacer countries que destruyen el ambiente…. Se podrían hacer varias biblias con las especulaciones inmobiliarias y el atropello de los pobres, la vista gorda de los malos funcionarios y los malos jueces. Porque los hay probos también. Pero no es el caso aquí.

Sin duda los municipios, las provincias y el Estado Nacional están en condiciones de saber perfectamente cuáles son las tierras disponibles, y es su deber hacer que se investiguen los negociados y las especulaciones inmobiliarias que se vienen realizando desde varias décadas atrás. Tampoco somos ingenuos, sabemos que hay quienes se escudan detrás de las familias que necesitan desesperadamente una vivienda, para hacer sus negocios. Estos tránsfugas la mayor parte de las veces están en connivencia con los malos funcionarios y los malos policías. Pero esto es fácilmente detectable con la participación directa de las familias interesadas, como hacían los consejos de asentamientos, y se deben tomar las medidas del caso. Urgen planes de vivienda para aquellos que no pueden acceder a los existentes. No hay democracia sin justicia social.