Para debatir: defensa del régimen de promoción industrial en Tierras del Fuego

El presente artículo se publicó en el sitio ocipex.com. Se reproduce con autorización de sus autores

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (conocida comúnmente por sus siglas T.D.F.A.I.A.S) es la más grande de nuestro país y la más significativa en términos de intereses nacionales y relevancia geopolítica, no sólo a nivel nacional sino a escala internacional.

Al centro y sur del territorio fueguino (específicamente al sur del paralelo 60°) el espacio de la provincia se encuentra bajo regulación internacional y, por ende, está destinado únicamente al uso pacífico. La vigencia del Tratado Antártico, firmado en 1959, explica el actual emplazamiento de bases para misiones científicas, con apoyo logístico militar.

En el sector Norte y Este tenemos a las Islas del Atlántico Sur (Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) ocupadas de modo ilegal y colonial por el Reino Unido de Gran Bretaña. La ocupación no sólo se limita a los territorios insulares sino que incluye también (después de 1982) 200 millas náuticas alrededor de cada una, con lo cual se viola la soberanía de los espacios marítimos que corresponden a la Argentina.

Al noroeste del territorio provincial, y atravesado por la cordillera de los Andes, se encuentra el sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, compuesto por tres localidades insignes: Ushuaia (la puerta de entrada a la Antártida), Tolhuin (el “corazón de la Isla”) y Río Grande (Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa Gesta de Malvinas). 

Históricamente, tanto Malvinas como la Antártida estuvieron bajo la lupa de las grandes potencias, y de los británicos (colonialismo mediante) en particular, en contraposición a nuestros intereses nacionales. El sector de la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde radica el subrégimen industrial, no es ajeno a esta ecuación y así como estuvo en la mira en los siglos XIX y XX, también lo está en el siglo XXI. Esto ocurre fundamentalmente por tratarse de la plataforma terrestre que permite pivotear como puerta de entrada a cuatro bloques: la Antártida, América del Sur, el Océano Atlántico y el Océano Pacifico mediante el estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle o el Pasaje de Drake.

Industria, ni propia ni extranjera

Hoy la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta dos ataques en simultáneo: por un lado, las inversiones extranjeras que buscan radicarse en la provincia se encuentran permanentemente observadas e incluso impugnadas por sectores que, por interés o por ignorancia, responden a potencias ubicadas a más de 10 mil kilómetros de distancia dado los intereses geopolíticos en juego, no sólo de cara a la proyección hacia la Antártida, sino también frente a la posición británica (y por ende de la OTAN) en Malvinas y en el Atlántico Sur.

Por otro lado, los fueguinos tienen que lidiar con los detractores del régimen de promoción económico territorial bajo las consignas de “ineficiente” y que suponen un gasto “descomunal” para las cuentas del fisco nacional. El economista y ex director del BCRA Lucas Llach y el diputado opositor Martín Tetaz son dos de sus exponentes más conocidos. 

Respecto de la primera vertiente tenemos dos ejemplos claros y recientes. El primero tiene que ver con el proyecto del Polo Logístico Antártico en Ushuaia que, según se rumoreaba, se iba a realizar de forma conjunta con capitales chinos. En abril de 2021 el por entonces titular del Comando Sur de EE.UU., Craig S. Faller, visitó la ciudad. El mensaje era claro: Estados Unidos no se opondría a que Argentina construya una obra de esas características, pero sí que se financiara con capitales chinos. Claro, la situación económica de nuestro país hace que una inversión de esa escala no sea algo sencillo. Una posible solución es que sea Estados Unidos quien se encargue del financiamiento y sea socio de la Argentina. ¿Por qué no lo hace? Porque comprometería su vínculo con Gran Bretaña que, justamente, se encuentra ocupando las Islas Malvinas. Este episodio tuvo un final feliz y en la actualidad se está construyendo la Base Naval Integrada de Ushuaia por medio de un convenio entre el Ministerio de Defensa y el astillero TANDANOR.

Recientemente (junio de 2023), los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, denunciaron penalmente un proyecto de inversión chino que consistía en la construcción de un puerto multipropósito, una planta de fertilizantes y una central eléctrica en la ciudad de Río Grande. La oposición a dichas inversiones, más allá de la retórica jurídica, tenía que ver con la sensibilidad de la región, tomando en cuenta que Tierra del Fuego “está a pocas horas de navegación de la base militar más grande del Atlántico Sur que se encuentra en Malvinas” (palabras textuales de la diputada Mariana Zuvic) y que por lo tanto podría ocasionar fuertes reacciones de parte de la OTAN.

Las críticas al subrégimen de promoción industrial

El régimen especial fiscal y aduanero de la ley 19.640 nació hace más de 50 años y abarca la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es así que constituye en Área Aduanera Especial a la Isla Grande de Tierra del Fuego y en Área Franca al resto de los territorios de la provincia, es decir, al Sector Antártico Argentino y a las Islas del Atlántico Sur. Dentro del régimen general, se encuentra el denominado subrégimen industrial, que otorga estímulos tributarios para proyectos productivos localizados en el Área Aduanera Especial, es decir, en la parte argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

En relación con las críticas al subrégimen de promoción industrial, a mediados de junio de este año, un grupo de especialistas de altísimo nivel académico publicaron un estudio sobre el tema a través de FUNDAR. Este think tank es una organización fundada en 2020 dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con “foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva bajo las misiones de generar riqueza, promover el bienestar y transformar el Estado”. La publicación en cuestión se titula Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego, de 143 páginas de extensión dividida en tres capítulos a lo que se le suma una introducción en donde se abordan los aspectos técnico-económicos de la industria fueguina y un tercer capítulo que incluye un posible plan de reconversión productiva basado en el fomento al turismo, con eje en la Antártida2. 

El objetivo de este artículo no es replicar la totalidad de este trabajo sino concentrarnos en sus fundamentos, los que fueron plasmados en los diferentes medios de comunicación (locales e internacionales) y redes sociales. Para eso vamos a usar como disparadores una selección de fragmentos textuales de la introducción, a los que responderemos con una mirada puesta en la integralidad de lo significa Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

¿Se puede analizar la promoción industrial ignorando la soberanía nacional?

Comenzaremos por lo más general: los intereses geopolíticos y la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Sin enunciarlo en voz alta o en mayúsculas, creemos firmemente que analizar el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego sin un enfoque soberanista es muy difícil, por no decir, imposible.

Como lo mencionamos al comienzo, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no se limita únicamente a un espacio geográfico en un eje Norte (estrecho de Magallanes) – Sur (Polo Sur en la Antártida) sino que también comprende un espacio que va de Oeste (cordillera de los Andes) a Este (Islas Sandwich del Sur), incluyendo por supuesto, a las islas Malvinas. 

De la totalidad de las 143 páginas del estudio, variables clave como Malvinas, Atlántico Sur (como espacio de conflicto), Reino Unido/Gran Bretaña, Colonialismo, Resolución 2065, Estados Unidos/Comando Sur, OTAN, Conflicto del Atlántico Sur/Guerra de Malvinas y términos clave como soberanía se encuentran totalmente ausentes. 

En este sentido, resulta muy difícil analizar la complejidad de la provincia más grande del país si omitimos una porción importantísima, que es insular y marítima, bajo ocupación colonial británica y que forma parte de uno de los pilares fundamentales, tanto de las políticas aplicadas para la Defensa,  como de las estrategias de inserción internacional y de política exterior implementadas por la Cancillería argentina. 

De la misma manera que no fue casualidad el triunfo del proyecto de Provincia Grande que incluyó a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como parte del territorio fueguino en 1990, tampoco lo es que se haya constituido formalmente como Zona Franca desde 1945 a través del Decreto 3824 firmado por Perón y que posteriormente evolucionó en la promoción económica territorial por la ley 19.640 en 1972, ratificada por el Congreso de la Nación una vez restaurada la democracia al año siguiente3.

Esto nos lleva a la cuestión de cuál es efectivamente el objetivo geopolítico de la promoción económica territorial fueguina, que muchas veces se suele reducir a un mero propósito cuantitativo-demográfico. No basta únicamente con que seres humanos que viven al norte del estrecho de Magallanes se vean incentivados a vivir en la provincia bicontinental, sino que resulta preciso definir cuál será el modelo económico que genere dichos incentivos y cómo puede insertarse en la estrategia de recuperación de soberanía en el Atlántico Sur. 

Quien entendió mejor que el desarrollo económico de Tierra del Fuego es una herramienta de acercamiento hacia Malvinas fue el ex gobernador desarrollista Ernesto Campos, quien no sólo fue protagonista de la promoción, sino que fue uno de los promotores (junto al General Perón) del desembarco de empresas estatales en Malvinas entre 1973 y 1976. En este esquema de acercamiento de los espacios ocupados con el resto del territorio nacional, Ushuaia se perfilaría como el centro turístico que conectaría a la Isla Grande de Tierra del Fuego con Malvinas y la Antártida, y Río Grande se posicionaría como el epicentro industrial encargado de proveer capacidad productiva y energía a los espacios provinciales.

El Conflicto del Atlántico Sur fue un punto de inflexión que trajo como consecuencia el incumplimiento por parte de Gran Bretaña de las resoluciones de Naciones Unidas (que dictan iniciar negociaciones por la soberanía con la Argentina), de la mano de la profundización del colonialismo en el Atlántico Sur a partir de la ocupación de los espacios marítimos de 200 millas alrededor de cada isla. Este cercenamiento territorial argentino a manos del Reino Unido obliga a pensar el desarrollo económico fueguino no sólo desde una lógica estrictamente económica, sino más bien desde una mirada geopolítica que excede a la mera cuantificación demográfica de sus habitantes. Como ejemplo internacional de contención de territorios usurpados por el Reino Unido tenemos el caso de la ciudad de Shenzhen, que no casualmente fue la primera Zona Económica Especial establecida por la República Popular de China, en 1980, como elemento de contención y avance sobre Hong Kong, que finalmente fuera restituida por parte de los británicos en 1997.

¿Cuál es el balance de 50 años de promoción económica territorial?

El estudio encuentra que, efectivamente, la configuración industrial actual fueguina es eficiente (a contramano del sentido comunicacional en que se hace énfasis) en dos aspectos fundamentales para la situación económica política nacional actual. Por un lado, permite que bienes electrónicos que se fabrican en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que son de amplio consumo popular, sean más accesibles para los argentinos: los celulares fueguinos tienen un precio 35% más bajo que los importados import-parity; mientras que los televisores un 45% y los aires acondicionados un 49%4. Esto sin contemplar el financiamiento del consumo (muchas veces a tasas reales negativas) que acuerdan las empresas radicadas en la Isla Grande de Tierra del Fuego con el gobierno nacional, lo que en la actualidad agregaría no menos de 20 puntos porcentuales más al diferencial de precios mencionados. 

Por otro lado, el estudio encuentra que el subrégimen industrial fueguino permite ahorrar divisas, lo que aporta una solución parcial a uno de los problemas medulares de la economía nacional. Según los números con que trabajan, se puede estimar que el subrégimen industrial permite ahorrar como mínimo 150 millones de dólares en importaciones por año, producto de la diferencia entre el valor de importar el kit de piezas y partes o importar el bien final. La diferencia está en televisores (17% de ahorro) y aires acondicionados (26% de ahorro)5.

Conforme el mismo estudio, el subrégimen fueguino utiliza dos mil millones de dólares en importaciones para piezas y partes y, de no existir el subrégimen, se utilizaría no menos de 7% más de divisas para la importación de los bienes finales. Asimismo, se menciona que el costo fiscal del subrégimen es de aproximadamente 1070 millones de dólares. Esta conclusión resulta engañosa dado que los números que se incluyen bajo la apariencia de “costo”, en realidad corresponden a gasto tributario, es decir, importes que el fisco se abstiene de recaudar al otorgar un tratamiento impositivo diferencial (en este caso el subrégimen de promoción industrial) que se aparta del establecido bajo la normativa tributaria general. A su vez, como todos sabemos, tanto los ingresos al fisco provenientes de las obligaciones impositivas, como  los egresos derivados de las excepciones, se pagan en moneda nacional (pesos) y no en moneda extranjera (dólares).

Parque Industrial en la ciudad de Río Grande

Amén de estos registros de eficiencia industrial, el estudio no contempla otras capacidades desarrolladas por la industria fueguina en sus décadas de vigencia, como las ganadas para producir de forma local en un territorio doblemente periférico y estratégico, así como tampoco los encadenamientos locales generados, el valor agregado por los trabajadores y trabajadoras fueguinas y la alta coordinación público-privada que el funcionamiento del subrégimen fueguino necesita para funcionar. 

El mayor ejemplo de estas capacidades se puso de manifesto durante la pandemia de COVID-19, cuando el Estado nacional necesitaba imperiosamente aumentar la escala de producción de los respiradores artificiales y se logró mediante la articulación público-privada entre el Estado, una empresa electrónica de Río Grande y una empresa de electromedicina de Córdoba. Además, existen capacidades logísticas y de comercio exterior ganadas que sin duda son de un potencial enorme para la provisión antártica en el corto y mediano plazo.

¿Y el costo del colonialismo británico en Malvinas y el Atlántico Sur?

Con posterioridad a la Guerra de Malvinas el Reino Unido ocupó 200 millas alrededor de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en detrimento de la soberanía y economía nacional y provincial

A pesar de que el estudio indaga sobre el diagnóstico de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, solamente es abordada la Isla Grande de Tierra del Fuego y en su último capítulo se menciona parcialmente a la Antártida. Pero, tal como referimos anteriormente, el estudio omite un sector importantísimo que comprende justamente las Islas del Atlántico Sur y el archipiélago de Malvinas en particular.

La ocupación británica de este sector nacional se agravó con la usurpación de los espacios marítimos alrededor de cada isla después del Conflicto del Atlántico Sur. Como toda colonia británica, no hay transparencia en cuanto a datos estadísticos. Eso no nos impide, sin embargo, realizar algunas estimaciones que efectivamente hacen al costo fiscal. 

Por empezar, para exponer cifras relativamente recientes, tenemos que la economía colonial malvinense tuvo un saldo de exportaciones de 406 millones de dólares en 2020 y 308 millones en 2021, mientras que de importaciones dio como resultado 110 millones de dólares en 2020 y 145 millones en 2021. Los permisos de pesca alcanzaron los 40 millones de dólares por año6.

A todo esto le deberíamos agregar los ingresos por permisos de exploración de hidrocarburos en las cuencas offshore del archipiélago, más todo lo que no ingresa al Estado nacional en conceptos de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social7. Respecto de las Georgias y las Sandwich del Sur, apenas contamos con datos de capturas de kril y bacalao austral que publica la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que dan como resultado en 2020 de 117 mil toneladas. Para que nos demos una idea, en Malvinas las capturas de ese mismo año equivalieron a 182 mil toneladas. ¿Cuánto valen esas miles de toneladas pescadas en las Georgias y las Sandwich? ¿Cuánto cobró el gobierno colonial británico por dichos permisos de pesca?

¿Cuál es el grado de consenso político sobre la promoción fueguina?

El estudio que venimos analizando en ningún momento llega a incorporar el valor estratégico de los espacios fueguinos, tal como lo hemos expuesto en la sección anterior. Es imposible disociar al subrégimen industrial del régimen general de la Ley 19.640. Este subsistema de promoción industrial es una pieza de desarrollo económico y territorial para el ejercicio de soberanía en los territorios periféricos y estratégicos fueguinos. Tampoco responde a preguntas de importancia como podrían ser ¿cuánto valor agregado significan las 13 bases antárticas de la Argentina? ¿Cómo podríamos medir en términos de valor agregado la totalidad del presupuesto de Defensa, la Cultura o la que insume la política exterior de nuestro país? 

La cita de Dante Sica y Matías Kulfas como “figuras de autoridad” (ambos ex ministros de producción, uno de Macri y el otro de Alberto Fernández) supone una imagen engañosa de cara al presente año electoral que podría traducirse en que gobierne quien gobierne debería derogarse el subrégimen, en lugar de considerar que habiendo cumplido más de 50 años, la promoción económica territorial fueguina es una política de Estado que tiene alto grado de consenso político. 

En este sentido, podríamos mencionar nuevamente a Ernesto M. Campos, al General Perón, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, quienes sostuvieron la vigencia del subrégimen de promoción industrial. 

¿Cuál es el costo de la soberanía nacional?

Tanto en redes sociales como en los medios de comunicación se equipara la cifra de lo que “le cuesta al Estado el subrégimen de promoción industrial” en Tierra del Fuego con el monto equivalente a “dos veces el presupuesto del CONICET de 2021”, o “2 millones de AUH” o el “40% de lo que Argentina invierte en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), políticas destinadas a los niños más vulnerables”.

Estas comparaciones (poco felices) insinúan que el subrégimen de promoción industrial podría ser la causal de la falta de inversión en investigaciones científicas o de la insuficiencia de las políticas de seguridad social para contener la realidad económica de la Argentina. Incluso bajo la misma lógica podríamos convertirnos en un protectorado para así renunciar al presupuesto total de defensa o, como se llegó a plantear en los noventa, que había que arancelar a las universidades públicas porque no era justo que “los pobres (con sus impuestos) paguen la educación de los ricos”. 

Dichas premisas nos podrían llevar a conclusiones absurdas como la de encontrar en el subrégimen la causal principal del déficit fiscal a nivel nacional, o que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tiene un beneficio económico y fiscal que se sustenta en detrimento de las demás. Esto deja inmediatamente de tener sentido cuando contemplamos, por ejemplo, que el crecimiento demográfico de Ushuaia o Río Grande no se debe a un aumento exponencial de la tasa de natalidad de las familias fueguinas sino, principalmente, a la inmigración de familias provenientes de otras provincias. Por lo que, si bien las inversiones industriales se encuentran localizadas en la provincia más austral, en términos de impacto en el empleo, su alcance es nacional. 

Por otro lado, y aún suponiendo que el Estado nacional “recuperara” los más de 1000 millones de dólares calculados por el estudio (que repetimos, no son dólares, son pesos) ¿qué garantía habría de que el “ahorro fiscal” se destinaría a la investigación científica o gastos vinculados con la seguridad social?  

El estudio repite las limitaciones de una mirada centralista sobre la industria fueguina, sin contemplar una mirada desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta mirada, aún con sus defectos, es la que le dio base a la última prórroga enmarcada en los Decretos 725/2021 y 727/2021 que se dictaron con la participación activa de los gobiernos locales en su formulación. 

En particular, la propuesta de “reconversión” que plantea el estudio respecto del subrégimen fueguino es poco menos que una ofensa para los que defendemos la industria nacional y el valor estratégico de estos territorios australes y antárticos. Contemplar lo local no es sinónimo de repartir plata (como se propone) bajo la figura de “seguro de desempleo” entre los que se quedarían sin trabajo. Eso es no comprender la identidad construida de un pueblo que trabaja y ejerce la soberanía con sus cuerpos y voces en dichos territorios. 

La cuestión fundamental es lograr ampliar la matriz productiva fueguina, no reconvertir. Excluir de la discusión a los actores y empresas existentes en la actualidad en el territorio es un grave error, así como no contemplar la última prórroga del subrégimen y sus nuevos condicionamientos e instrumentos. Efectivamente, ya está operando el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), donde se obliga a las empresas a reinvertir en nuevas actividades que amplíen la matriz productiva (puerto, buques, economía del conocimiento, agroproducción, logística), incorporando también un conjunto de nuevas actividades que implican una ampliación territorial, es decir, de la expansión de la ocupación del espacio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, se incorporó nueva legislación laboral, incentivos a la exportación a terceros países, posibilidad de potenciar nuevos encadenamientos locales de base tecnológica y la jerarquización de la injerencia de los gobiernos locales en el funcionamiento del subrégimen.

Conclusiones

Tal como observamos en las páginas precedentes, no podemos analizar la promoción económica territorial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con beneficio de inventario y omitir la ocupación británica de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur o la potencial (y actual) disputa en torno a los recursos naturales de la Antártida.

En la introducción del estudio se habla de no esconder la conversación bajo la bandera de ‘soberanía nacional’, pero ¿acaso podemos discutir la economía de la única provincia argentina con territorios ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña sin una mirada vinculada con la soberanía o haciendo caso omiso de las estrategias desplegadas por otros países en estos territorios estratégicos?

Por otro lado, creemos sinceramente que la estrategia comunicacional empleada tanto en redes como en medios de comunicación locales e internacionales reduce y hasta banaliza la discusión sobre la promoción económica territorial de Tierra del Fuego, opacando y haciéndole poca justicia al trabajo técnico realizado por Fundar. 

En este sentido entendemos que la Argentina al sur del paralelo 46º (incluimos también a la provincia de Santa Cruz en la ecuación) no puede abordarse desde una perspectiva económica aislada sino que debe estudiarse (tomando en cuenta los actores nacionales e internacionales en juego) desde una mirada integral que incluya a la geopolítica, los procesos históricos y políticos, la defensa nacional y los diseños de estrategias de inserción internacional y de política exterior de nuestro país. 

Si lo pusiéramos en términos orgánicos, no serían discusiones o decisiones que se puedan resolver en el Ministerio de Economía o en la Secretaría de Producción a puertas cerradas sin siquiera tomar en cuenta al Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los gobiernos de nivel provincial, municipal, trabajadores y empresas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por último, volvemos a destacar que el impacto en términos de empleo por parte del subrégimen de promoción industrial tuvo alcances nacionales, tomando en cuenta que argentinos y argentinas de todas las provincias del país han decidido apostar a vivir al sur de la patria próximos a la cordillera de los Andes y en el centro geográfico de nuestro país donde confluyen Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, construyendo y desarrollando el volumen de una cultura del trabajo y soberanía en un territorio estratégico. Lejos está Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de fagocitar al fisco nacional en detrimento de las demás provincias argentinas. Dicho esto, no se puede ignorar desde Buenos Aires a las casi 200 mil personas que viven en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y lo que representan: la puerta de entrada a la Antártida, el corazón de la isla y la Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas. 

Para más información invitamos a leer de Ocipex “Una Nación en el Mar” y “Ciudad de la Soberanía” publicación editada de forma conjunta entre el Municipio de Río Grande y la Universidad de la Defensa Nacional. 
 

* Juan Augusto Rattenbach es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Cuenca del Plata de OCIPEx. Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Juan Pablo Deluca es candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires,Especialista en Desarrollo Local y Economía Social (UBA), Licenciado en Economía (UBA). Actualmente se desempeña como representante del Municipio de Río Grande ante el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) Fueguina. Docente-Investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) 2020-2022. 

2 El primero se titula Diagnóstico del Régimen de Tierra del Fuego seguido de Reformulación del subrégimen industrial de Tierra del Fuego: propuesta y simulación de impactos esperados y por último Tierra del Fuego: análisis de la viabilidad de la transformación productiva.

3 Cuando hablamos de Tierra del Fuego como zona libre de gravámenes e impuestos nos tendríamos que remontar como mínimo a 1828, año en que se dispusieron como “zona franca” como territorio dependiente de la Comandancia de Malvinas.

4 En relación a este aspecto, en la página 17 del segundo volumen del estudio se concluye: “…el precio de los productos fabricados en Tierra del Fuego es considerablemente inferior al precio importado, siendo 35% más bajo en teléfonos celulares, 45% más bajo en televisores y 49% más bajo en acondicionadores de aire. Aun si no incluimos en el precio de importación el equivalente arancelario, y a contramano de una noción ampliamente difundida en el debate público, el precio nacional sigue siendo significativamente más bajo que el import parity. La implicancia de ello es que la remoción, parcial o total, de los beneficios económicos del subrégimen puede empujar al alza los precios promedio del sector. Este último también es un hallazgo que difiere de lo que se suele afirmar en la discusión pública sobre el régimen de promoción fueguino.” 

5 En relación a este aspecto, en la página 18 del segundo volumen del estudio se afirma: “La diferencia de precio entre el kit y el producto final es una medida del valor agregado por las fábricas en Tierra del Fuego según su valuación internacional. Utilizando esta forma de medición, éste representa el 0% sobre el precio internacional de los teléfonos celulares, el 17% sobre el de los televisores y el 26% sobre el de los acondicionadores de aire. Esta medida, a la vez, también indica el ahorro de divisas que genera la producción fueguina.”

 6 Conforme datos provenientes de los reportes de pesca del gobierno colonial.

7 Este dato no es menor si tomamos en cuenta que en el sector de la Isla Grande de Tierra del Fuego si se contribuye a la seguridad social a través de los aportes previsionales de parte de los trabajadores y lo que se conoce como “contribuciones patronales”.