La visita del Papa reabre un largo debate en Uruguay

La llegada de León XIV a Uruguay, prevista para noviembre, trasciende el acontecimiento religioso. La visita del pontífice vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa la historia política del país: qué significa ser una nación laica y cuáles son los límites de la relación entre el Estado y las instituciones religiosas. Entre el 6 y el 8 de noviembre, y si su salud se lo permite, el Papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Durante su estadía mantendrá una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi y participará en distintas actividades oficiales y pastorales.

Será la primera visita de un pontífice a Uruguay desde el viaje de Juan Pablo II en 1988.

El gobierno presentó la llegada como un acontecimiento de relevancia nacional, más allá de las creencias de cada ciudadano.

La Iglesia, por su parte, destacó el carácter pastoral del viaje y su potencia para transmitir un mensaje de esperanza.

Sin embargo, el acontecimiento también invita a examinar una característica que Uruguay ha construido durante más de un siglo: la separación institucional entre el Estado y la religión. La cuestión no consiste en determinar si un Papa puede visitar un país laico.

La pregunta es otra: cómo se articula una visita de estas características con una tradición política que hizo de la independencia del Estado respecto de las confesiones religiosas uno de sus rasgos distintivos.

Una separación construida a lo largo del tiempo

La laicidad uruguaya no surgió de un día para otro. Fue el resultado de un proceso histórico en el que confluyeron transformaciones políticas, reformas educativas y disputas sobre el lugar de la Iglesia en la vida pública.

Durante el siglo XIX, la religión católica ocupaba un lugar privilegiado en la organización institucional del país.

La Constitución de 1830 reconocía a la religión católica apostólica romana como la del Estado.
Con el avance de las ideas liberales y las reformas impulsadas durante las décadas siguientes, esa relación comenzó a modificarse.

El proceso de secularización adquirió especial impulso durante el período de José Batlle y Ordoñez.
La separación entre el Estado y la Iglesia se consolidó constitucionalmente en 1918, cuando se estableció que todos los cultos religiosos eran libres y que el Estado no sostenía religión alguna.

Ese principio permanece en el artículo 5 de la Constitución vigente. La transformación no se limitó a una disposición jurídica.

La secularización también se expresó en la educación pública, en la regulación de distintas prácticas sociales y en la construcción de instituciones que dejaron de depender de la autoridad religiosa. Con el tiempo, la laicidad se convirtió en uno de los componentes reconocibles de la identidad política uruguaya.

Sin embargo, esa tradición no significa que la religión haya desaparecido de la sociedad ni que las instituciones religiosas deban quedar excluidas de toda manifestación pública.

Laicidad no significa ausencia de religión

Una de las confusiones habituales consiste en interpretar la laicidad como una obligación de mantener cualquier expresión religiosa fuera del espacio público.

Pero la separación entre el Estado y las confesiones religiosas no implica prohibir las creencias ni restringir su expresión.

La laicidad supone, ante todo, que el Estado no adopte una religión oficial ni establezca privilegios políticos en función de la fe.

También exige garantizar la libertad de conciencia y el ejercicio de los distintos cultos, así como el derecho de quienes no profesan ninguna religión a vivir de acuerdo con sus convicciones.

Desde esa perspectiva, la visita del Papa no representa por sí misma una contradicción con el carácter laico de Uruguay.

León XIV no llegará únicamente como máxima autoridad de la Iglesia católica, sino también como una figura de relevancia internacional.

El encuentro con el presidente y la recepción oficial forman parte de una agenda institucional que puede convivir con la autonomía religiosa del Estado.

La discusión aparece al examinar el alcance de esa relación: ¿cómo garantizar que el reconocimiento institucional de una figura religiosa no se confunda con la adhesión del Estado a sus creencias?
La clave está en distinguir entre el reconocimiento diplomático y el respaldo a una confesión particular.

Una tradición que sigue vigente

La laicidad constituye uno de los rasgos distintivos de la tradición política uruguaya. Sin embargo, no es una conquista cuyo significado permanezca inalterable: las sociedades cambian y las instituciones deben adaptar sus prácticas sin renunciar a la neutralidad estatal. La visita del Papa ofrece una oportunidad para pensar ese equilibrio.

Para los católicos será un acontecimiento religioso de especial relevancia: para otros ciudadanos, podrá tener interés político, cultural o diplomático.

Una sociedad laica debe garantizar que todas esas posiciones puedan convivir sin que ninguna creencia se convierta en condición para ejercer plenamente la ciudadanía.

La llegada de León XIV no pone en cuestión por si misma la separación entre el Estado y la Iglesia. El desafío, más de un siglo después de su consagración constitucional, sigue siendo garantizar la libertad sin comprometer la autonomía estatal ni los derechos de quienes profesan otras creencias o ninguna.

Fuentes de referencia

    • Constitución de la República Oriental del Uruguay, artículo 5. IMPO: https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/5

    • Presidencia de la República. Anuncio oficial de la visita y declaraciones del canciller Mario Lubetkin y del cardenal Daniel Sturla: https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/uruguay-recibira-papa-leon-xiv-noviembre-visita-incluira-reunion-presidente

    • Ministerio de Relaciones Exteriores. Agenda oficial del viaje, publicada el 21 de septiembre de 2026: https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/agenda-oficial-visita-del-papa-leon-xiv