La Cámpora: apuntes para un balance histórico del ciclo kirchnerista (parte I)

El autor es miembro de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba. El artículo, que no necesariamente expresa la posición del colectivo AGENCIA PACO URONDO, se presenta en dos partes.

La Cámpora no puede ser comprendida como la deriva individual de una generación, sino como la cristalización organizativa juvenil de una etapa determinada del poder político argentino. Nacida en el seno del kirchnerismo y formalizada en 2006 bajo el liderazgo de Máximo Kirchner, La Cámpora expresa una forma específica de concebir la militancia, el Estado y la acumulación de poder en un ciclo que combinó avances reales con límites estructurales profundos. 

A los gobiernos kirchneristas los podemos considerar como nacionales, pero no de liberación nacional. Pero fueron, con todos sus límites y contradicciones, los mejores para el pueblo argentino desde la muerte del general Perón. Tal vez por esto mismo, la situación judicial de Cristina en la actualidad, aunque admita más lecturas, difícilmente pueda separarse del ciclo político virtuoso que encabezó, de las decisiones estratégicas que marcaron ese período y que constituye un marco insoslayable para comprender la dimensión histórica de su figura.

Precisamente por eso, su balance crítico desde nuestras filas es ineludible para entender por qué un ciclo que produjo avances reales no logró fijar de manera duradera las bases del poder popular y derivó, en el presente, en una lógica política internista, obturadora y dañina, más preocupada por preservar la centralidad y cerrar filas identitarias que por alentar, con responsabilidad histórica, la recomposición y organización de un proyecto nacional que esté a la altura del drama nacional al que asistimos.

El marco histórico

En 2003, cuando emerge el kirchnerismo, el escenario internacional estaba marcado por la poscrisis del neoliberalismo de los ’90, el desgaste del Consenso de Washington para América Latina y el impacto geopolítico de la guerra de Irak, que comenzaba a erosionar la legitimidad del orden unipolar estadounidense. En América Latina comenzaba un ciclo de gobiernos posneoliberales, el denominado “giro a la izquierda” —Brasil, Venezuela, luego Bolivia y Ecuador— que ampliaron márgenes de autonomía regional.

En el plano doméstico, una sociedad desorganizada en términos clásicos, un movimiento obrero debilitado por décadas de neoliberalismo y un sistema político atravesado por una profunda crisis de representación. Para 2006, Néstor Kirchner ya había logrado reconstruir la autoridad presidencial, ordenar el sistema político tras el colapso de 2001 y desplazar a los viejos mediadores del peronismo territorial (gobernadores, intendentes, aparato duhaldista). El kirchnerismo empezaba a dejar de ser un gobierno de emergencia para convertirse en un proyecto de poder con vocación de continuidad.

Cada una en su tiempo, las organizaciones juveniles

Durante el peronismo en ejercicio del poder (1945–1955), la concepción política fue clara y coherente; el sujeto estratégico eran los trabajadores organizados, y por eso la movilización se canalizó fundamentalmente a través del sindicalismo, no de organizaciones juveniles autónomas. En esa idea, la comunidad se pensaba ordenada por funciones —trabajo, Estado, Fuerzas Armadas, familia, Iglesia— y no por identidades etarias. De allí se desprende una definición central; la juventud no constituía un sujeto político permanente, sino una etapa biológica de formación previa a la representación, integrada orgánicamente al conjunto del movimiento. La militancia juvenil existía, pero se ejercía sin autonomía propia, subordinada a la conducción general, lógicamente. Recién después de 1955, con la proscripción y el peronismo fuera del poder, emergió una politización juvenil autónoma; La JP.               

Entonces, las diferencias de concepción política y de objetivos entre la Juventud Peronista y La Cámpora no son accidentales sino históricas y doctrinarias. La JP nace en la intemperie de la proscripción, se consolida en los sesenta y cobra centralidad, aunque por un breve lapso, con el retorno de Juan Domingo Perón (1972–73). Vale decir, se forma antes del poder y contra el poder, en la resistencia barrial, sindical y universitaria, articulada con el movimiento obrero; por eso su función durante años fue preparar la reconquista del poder popular con el retorno del General y aportar militancia a una estrategia de masas. La Cámpora, en cambio, nace ya en el poder, desde el Estado y bajo tutela presidencial; no se organiza para conquistar lo que falta, digamos, sino para custodiar, apuntalar y administrar lo que ya se tiene, ordenar lealtades y ocupar los espacios de gestión.

Hay similitudes visibles, pero existe una analogía aparentemente superficial entre aquella Juventud Peronista que agitaba el “Luche y vuelve”, por el regreso del General, y La Cámpora concentrada hoy en el “Cristina libre”, que tiene una legitimidad democrática indiscutible. Pero mientras la JP concebía el retorno de Perón como la llave para un proyecto nacional (18 años!), aquí la consigna corre el riesgo de convertirse en un horizonte autosuficiente. Podemos decir que cuando la política tiende a organizarse alrededor de una figura ausente o impedida y no en la elaboración de un programa, la consigna deja de ser instrumento de conducción y pasa a funcionar como sustituto del debate estratégico que el momento histórico exige. La diferencia es que, en aquel entonces, el programa político se encarnaba en la figura misma de Perón.

Categorías políticas distintas para el mismo drama histórico

Durante su exilio en Montevideo, y como una crítica a la colonización pedagógica y cultural en la Argentina, en Los profetas del odio (1957), Jauretche polemiza de manera directa contra la noción liberal del “ciudadano” en abstracto, señalando que ese lenguaje jurídico-moral oculta al pueblo real, históricamente situado, con intereses concretos y conflictos definidos. Para el pensamiento nacional, esa sustitución no es inocente, ya que desarma la conciencia popular y neutraliza la política como lucha por el poder nacional.

En la tradición nacional, entonces, “pueblo” no es una categoría decorativa ni un sujeto meramente jurídico, es más bien, una realidad social organizada. Perón lo formula con fuerza pedagógica en Conducción política (Escuela Superior Peronista 1951 - compiladas y publicadas en 1952) cuando advierte que la política no se construye “con pueblos en abstracto”, y que el problema del mando es, antes que nada, el de organizar la fuerza social real que se quiere conducir. Con el mismo nervio, Arturo Jauretche, al desarmar la “abstracción” liberal, vuelve sobre la trampa de las palabras limpias que esconden intereses concretos. En el Manual de zonceras argentinas (1968) denuncia el refugio en “los derechos del hombre en abstracto” para evitar el conflicto con el hombre real, situado, con necesidades y pertenencias, que es precisamente el que hace al pleito histórico de la nación. Por eso, cuando el planteo político reemplaza al pueblo organizado por el “ciudadano” como figura neutra, no cambia solo el vocabulario; cambia el tipo de poder y de conflicto que se imagina, porque se debilita el eje “organización–conducción–proyecto” y se abre paso una política más apta para la interpelación moral que para la estructuración del cuerpo social.

En el ciclo kirchnerista más tardío se advierte otra opción conceptual verificable en las categorías de lo político, particularmente en esta noción de pueblo. Desde esa tradición conceptual, la denominación “Unidad Ciudadana", por caso, no es un gesto inocente ni meramente táctico, sino la expresión acabada de un corrimiento político más profundo. Al elegir la categoría ciudadano en lugar de pueblo, el kirchnerismo cristaliza una mutación en su forma de interpelación de la realidad nacional. Ya no convoca prioritariamente a un sujeto histórico organizado en torno al trabajo, la producción y la comunidad organizada, sino a un agregado cívico-electoral de individuos portadores de derechos. Esa elección semántica revela —y a la vez consolida— una estrategia que privilegia la ampliación electoral, la apelación moral y la defensa institucional frente a la construcción orgánica del poder popular de base. 

Consignas, derechos e izquierdas

Las consignas políticas, cuando nacen como síntesis de una experiencia histórica real, funcionan como estrellas en la noche. No iluminan todo el paisaje, pero orientan el rumbo y permiten distinguir el norte para salir del extravío. Son referencias que condensan una lectura del conflicto histórico y señalan un eje hacia dónde debe dirigirse la acción política. 

Algunas consignas emblemáticas del kirchnerismo en las remeras de miles de militantes camporistas, como “la patria es el otro” o “el amor vence al odio”, colocaron el eje de la política en un plano ético-afectivo, donde el conflicto se presenta como una cuestión de sensibilidades y valores compartidos. Ese registro, humanamente potente, tiende sin embargo a aplanar el relieve del enfrentamiento histórico al no precisar con nitidez dónde están los intereses en pugna y quiénes encarnan las posiciones contrapuestas. Por el contrario, expresiones clásicas como “Patria sí, colonia no” o “Liberación o dependencia” ordenan la escena en términos estructurales y verticales; plantean un dilema histórico concreto que no se ha resuelto, identifican al enemigo del pueblo, señalan con claridad la naturaleza del conflicto y orientan la acción política hacia un objetivo definido; la liberación nacional. La diferencia es estratégica entre una política que interpela conciencias y otra que organiza fuerzas para una causa nacional.

En el kirchnerismo —como en buena parte de la política contemporánea— se volvió habitual ordenar el debate en términos de derecha e izquierda, categorías que, aunque útiles en ciertos contextos, resultan insuficientes para describir la tensión profunda entre dos modelos de país que no compiten en un mismo plano, sino que se excluyen mutuamente. Esa discusión, planteada en clave horizontal y de extremo a extremo, tiende a diluir el núcleo del conflicto histórico argentino. Como dijimos, el eje real es vertical: pueblo o antipueblo; nacional o antinacional; oligárquico o popular. Allí no se enfrentan sensibilidades ideológicas, sino dos proyectos existenciales para nuestro país, donde la consolidación hegemónica de uno supone necesariamente la destrucción estructural del otro.

En conjunto, estas opciones conceptuales en el kirchnerismo plantean que la política misma —y la construcción del pueblo— es un acto discursivo, un proceso de articulación de significados que da lugar a identidades colectivas en conflicto. Y no aparece por generación espontánea, sino como el resultado de la incorporación progresiva de matrices propias del progresismo global contemporáneo y del constitucionalismo de derechos, donde la política tiende a pensarse más como interpelación cívico-moral que como organización social/popular. En ese marco, la ampliación de derechos y el reconocimiento institucional —dimensiones valiosas pero parciales— pasaron a ocupar el centro de la práctica política durante la Década K, mientras quedaba en un segundo plano la tarea más ardua y decisiva, la única posible, la construcción material de poder popular, es decir, la estructuración estable de un sujeto colectivo capaz de sostener un proyecto nacional más allá del embate de los medios, la justicia, las operaciones y los ciclos electorales.

El kirchnerismo, poco a poco, fue adoptando una noción de pueblo como identidad construida, móvil y contingente, definida por el discurso y sostenida por antagonismos simbólicos. En esa perspectiva, el pueblo no se organiza, sino que se produce narrativamente. 

El Kirchnerismo de Cristina

Tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, y ya bajo el liderazgo pleno de Cristina, comenzó a advertirse un desplazamiento en la orientación de discursos y prioridades públicas. Sin abandonar políticas de alcance social, la centralidad simbólica de la etapa empezó a gravitar cada vez más en agendas culturales, identitarias y de reconocimiento institucional que encontraron mayor eco en sectores medios urbanos y universitarios.

Pero cuando la política comenzó a expresarse en códigos cada vez más alejados de la experiencia material de las mayorías, poco a poco se produjo un desfase silencioso entre representación y realidad popular que generó un vacío que terminó siendo ocupado por quien supo nombrar, aunque de manera rudimentaria y oportunista, esas mismas angustias. A la vez, se consolidó un relato militante persistente que descansó, en gran medida, en la infantilización del pueblo y en la negación del error propio. Cada derrota electoral fue atribuida al electorado —“desagradecido”, “derechizado”, “confundido”— antes que a una conducción que había perdido sintonía con las mayorías y confundía carencia en el liderazgo con infalibilidad de Cristina. Esa ausencia de autocrítica terminó profundizando la desconexión con la realidad social.

Pero no hubo un súbito giro ideológico de la sociedad ni un acto de desagradecimiento con un gobierno nac & pop que “les dio todo”, la sociedad no “se derechiza”, sino que encontró en otro registro discursivo, aunque sea con un significante futuro vacío, una referencia más cercana a su experiencia concreta. Algo, o mucho de esto viene sucediendo en los últimos diez o quince años. Y cuando la política pierde el idioma de su pueblo, otros lo toman. Recuperarlo es una tarea ineludible. El punto crítico es que, cuando la hegemonía discursiva se convierte en el horizonte principal, el poder empieza a medirse por su capacidad de interpelar —de convocar afectos, indignaciones, fanatismos y adhesiones— más que por su aptitud para organizar al pueblo. De hecho, lo desorganiza.

La Cámpora y su concepción política

En ese recorrido, La Cámpora terminó convirtiéndose en la forma organizativa más coherente con esa deriva. Creció al interior del gobierno y el Estado, aprendiendo antes a ocupar lugares, administrar espacios y tejer lealtades que a organizar socialmente, más allá de su considerable base juvenil, sobre todo, o casi exclusivamente en PBA. Su tránsito de militancia a aparato no fue un desvío, sino la consecuencia lógica de una concepción de la política centrada en la custodia de posiciones estratégicas. De este modo, el Estado pasó a operar como ámbito privilegiado de acumulación política, como territorio de ocupación de espacios, como círculo y red de lealtades, ventanillas de influencia, líneas y programas, como fuente de recursos, como mérito de acceso, como certificación de autoridad y, lastimosamente, la política militante como carrera profesional personal y sustituta de la militancia para la construcción popular real.

Por su composición de clase mayoritariamente urbana y de sectores medios, y por una naturaleza política determinada primigeniamente en la cúspide de la pirámide política, La Cámpora arrastró desde su origen un límite estructural para cumplir el objetivo de organizar, movilizar y articular políticamente a los sectores populares. De allí, tal vez, la lógica inversa y recurrente de “bajar al territorio”. Una práctica que supone intervención episódica y pedagógica desde afuera, más que arraigo orgánico desde adentro. No es lo mismo vivir el territorio —trabajar, producir, habitar, sobrevivir y organizarse allí— que “descender” a él con consignas, programas, dispositivos y buena voluntad. Ese gesto revela el límite político de una militancia formada fuera del mundo sindical y la vida popular. Aunque, hay que decirlo, el despliegue de la militancia camporista de base en el territorio y en diversas circunstancias, ha sido comprometido y muchas veces conmovedor. 

Pero la idea de “bajar al territorio” revela con nitidez un límite político, ideológico y cultural, porque supone que el barrio popular es un espacio vacío al que se le instalan agendas definidas desde afuera, más que una comunidad con problemas, complejidades, saberes, creencias y prioridades propias. Esa lógica —típicamente pequeño-burguesa— imagina que la militancia consiste, además de garrafas, jornadas solidarias, bolsones, pensiones y selfies con los dedos en “V”; en llevar mesas y talleres para promover consignas como el aborto, las infancias, el indigenismo, la separación Iglesia-Estado, el ecologismo o el lenguaje inclusivo, sin partir del universo material y complejo del territorio del pueblo llano: seguridad, adicciones, exclusión, escuela, inserción laboral, salud, maternidad, vínculo con el Estado, violencia institucional, familia, religiosidad y vínculos comunitarios. Más allá de la promoción de alguna facilidad y el intento de “empoderar” a alguna gorda con mando y carácter, el único dato concreto allí es que la identidad del militante pesa más que la experiencia vital del vecino. Así, el territorio no se organiza desde adentro; se coloniza simbólicamente por un rato, una vez a la semana. Y cuando la política se reduce a esa escena, pierde arraigo, reemplaza la integración y la construcción de poder popular por la satisfacción moral de haber “estado”.

Políticas de minorías

Bajo el liderazgo de Cristina se hizo más visible una orientación que ya venía insinuándose; las llamadas “políticas de minorías” comenzaron a ocupar un lugar central en el discurso y en la práctica de la militancia kirchnerista. El punto problemático no fue su incorporación como demandas legítimas dentro de un programa nacional, sino el momento en que pasaron a operar como núcleo identitario interno del proyecto político, desplazando otros ejes de organización y conducción. No hay aquí una crítica simplista a derechos o demandas legítimas; el problema es otro. Cuando la política se estructura alrededor de agendas parciales que se expresan y se imponen como marcadores de superioridad moral (esto ocurre cuando no nace desde las bases), el campo popular pierde la capacidad de hablarle al conjunto. Una política nacional amplia y determinada por prioridades organiza lo común; una política capturada por lógicas minoritarias tiende a fragmentar el sujeto, a invertir prioridades, a confundir al enemigo, a reemplazar la comunidad por uno o varios archipiélagos, y a convertir el clima de la disputa social concreto en disputa de identidades. 

A lo que vamos, cuando una fuerza popular convierte las políticas de minorías en el eje ordenador de su práctica y de su relato, suele producirse una paradoja política; se gana intensidad discursiva en la cúspide pero se pierde capacidad de ampliación y contención de las bases. No porque las minorías no importan —importan y deben ser protegidas, aunque ni te voten— sino porque, al ubicarlas como centro de la identidad del proyecto, se desplaza el núcleo vertebrador que organiza a un movimiento nacional: trabajo, salario, producción, seguridad social, cultura popular, movimiento obrero, comercio exterior y soberanía nacional.

La política que ocupa el espectro de la comunicación y el sentido pasa a ser un repertorio de signos, banderías, slogans, pañuelos, consignas y sensibilidades que funcionan muy bien como marca de fijación de pertenencia interna, pero mal como herramienta para ordenar la sociedad de manera amplia, heterogénea y eficaz. El peronismo, o esta última versión progresista del peronismo, fue perdiendo plasticidad y comenzó a rigidizarse en marcos ideológicos cada vez más estrechos, desplazándose hacia posiciones identificadas como “de izquierda” en el plano discursivo, pero alejándose al mismo tiempo de su tradición pragmática de conducción y síntesis nacional y popular.

Ese foco genera, además, un mecanismo corrosivo dentro de las propias filas nacionales. Por eso, en no pocas ocasiones, el kirchnerismo terminó —aun sin proponérselo— facilitando el trabajo de sus adversarios, de nuestros enemigos. Multiplicó fracturas internas, erosionó puentes con aliados potenciales para servirlos en bandeja a la contra y, al estrechar su propio campo de pertenencia, dejó servida la tarea a quienes buscaban dividir al movimiento nacional desde afuera. Ese es el resultado paradójico de una política que, en vez de integrar agendas particulares a un proyecto nacional, termina subordinando el proyecto nacional a la administración de agendas particulares.

En un discurso durante la sesión del Senado en 2018, Cristina expresó: “A lo nacional y popular, vamos a tener que incorporarle la agenda feminista —nacional, popular, democrático y feminista”. La observación que aquí se formula no es una objeción al feminismo en sí, sino una señalamiento político. El problema no radica en la legitimidad de esa agenda, en sus importantes avances, ni en la fuerza intrínseca de ese reclamo histórico para las mujeres —nadie con sentido histórico puede oponerse a la igualdad de dignidad entre varones y mujeres, porque esto mismo hace al marco de la justicia social— sino contra un mecanismo político que se volvió frecuente; convertir una discusión estratégica entre compañeros en un juicio moral. Ese mecanismo es eficaz porque se apoya en un núcleo verdadero. Toda gran operación necesita un eje de verdad para sostenerse. El eje, aquí, es la aspiración legítima a la igualdad de género. Pero esa verdad, utilizada como escudo indiscriminado, termina cumpliendo otra función; blinda decisiones políticas concretas de cualquier crítica a la evaluación estratégica. En lugar de discutir si una consigna ordena o desordena, si organiza o fragmenta, si amplía o reduce el sujeto social; se discute quién “es” qué, quién “merece” hablar, quién está del lado correcto de la moral y, así, el lenguaje de emancipación se convierte en herramienta de disciplinamiento interno. No porque la causa sea ilegítima, al contrario, sino porque la verdad que la funda se usa como coartada para no discutir lo decisivo: cómo se construye poder popular real, con qué prioridades y con qué sujeto histórico, para que esa misma política pueda materializarse en el tiempo con más concreción que divisiones.

El tema está en el modo en que su incorporación se realizó, desplazando el eje de la organización popular hacia un terreno identitario clasemediero que, al no articularse con una estrategia nacional integral, terminó debilitando la centralidad del sujeto histórico que el peronismo había sabido construir.

En suma, en un país como el nuestro, cuando el campo nacional renuncia a su lenguaje histórico —productivo, social, cultural, genuino, profundo, patrio, simple, religioso, criollo y nacional— y se refugia en una jerga identitaria abstracta, por más legítimo que sea el planteo, no eleva al pueblo cuál pretensión vanguardista, lo deja políticamente a merced de quien se anima a nombrar sus malestares, aun para explotarlos en su contra.