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DDHH //// 30.08.2016
Megacausa Santiago: el turno de la complicidad civil

Desde hace una semana en Santiago del Estero se lleva adelante la tercera Megacausa donde por primera vez se juzgará a civiles que fueron señalados por testigos como cómplices de la última dictadura militar. Los discursos para deslegitimar y el contexto.

Por Nicolás Adet Larcher
Con su cabeza contra la pared y sus manos apretando los papeles que sostenía, Santiago Olmedo aguardaba el momento de su declaración. Por momentos, conversaba con su defensa, se paraba, volvía a sentarse, en los intervalos tomaba café y cada tanto pasaba su mano por detrás de la cabeza en señal de disgusto. Alrededor del mediodía, sentado frente al Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, Olmedo se negó a pronunciar palabra alguna por fuera de lo ya presentado, e inmediatamente ante la consulta de uno de los jueces presentes, omitió cualquier referencia a su accionar judicial en los años previos a 1991.
Olmedo, junto a Arturo Liendo Roca, fueron jueces hace unos años y hoy se encuentran procesados por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por delitos de lesa humanidad en lo que el tribunal calificó como “piedra basal de la impunidad” al referirse a su desempeño durante la última dictadura cívico militar. Ambos, fueron señalados como cómplices, por testigos que pasaran por las audiencias la semana próxima. Durante las audiencias en el marco de la Megacausa III que se lleva adelante en Santiago, fue la primera vez que Olmedo apareció para sentarse junto a otros imputados que, en total, conforman catorce entre ex policías, militares y civiles. Olmedo, sentado junto a Jorge D’Amico – condenado a perpetua en otras causas por delitos de lesa humanidad – observaba la audiencia, mientras se intentaba argumentar desde su defensa “problemas de salud” para que el mismo no estuviera presente.
Los imputados, además de Liendo Roca, Olmedo y D’Amico, son: Raúl Humberto Silva, Musa Azar, Juan Felipe Bustamante, Tomás Garbi, Ramiro López, Ramón Warfi Herrera, Eduardo Bautista Baudano, Cayetano Fiorini, Dido Isauro Andrada, Pedro Ledesma y Roberto Díaz.
La Megacausa es, como ya se mencionó, la tercera que se realiza en la provincia y es el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. En este caso, la particularidad es la presencia de civiles, lo que motivó a dilataciones de parte de la defensa de los imputados para retrasar el inicio de las audiencias. Para la titular del Ministerio Público Fiscal, Indiana Garzón, durante los 14 años que costó llegar a esta instancia se contribuyó a “sembrar lagunas de impunidad” frente a la “fragmentación de causas”. En la provincia, por primera vez y ante la particularidad mencionada del juicio, se puede observar a familiares de los imputados y simpatizantes, transitando los pasillos y la sala del tribunal para presenciar las audiencias con un protagonismo que no se observó en otros juicios. Incluso, en días previos al juicio, un editorial del diario La Nación que cuestionaba a los jueces del tribunal, fue acompañado de declaraciones de un Concejal del PRO que había reflotado la teoría de los dos demonios y la “justicia militante” para defender a los ex jueces como “señores de bien”. Todo un cambio de época que intenta retomar viejos fantasmas, pese a que en concreto los juicios continúan en todo el país.

Desde la defensa y los familiares, se mantiene una objeción constante respecto a la realización del juicio – que a su vez intenta una trascendencia mediática – debido a recusaciones planteadas hacia los jueces José Pérez Villalobo, Cecilia Noli y Juan Ramos Padilla, quienes integran el tribunal. Según los planteos, encabezados por los abogados Arnaldo Ahumada y Facundo Maggio, se afirma que no existen condiciones necesarias de “imparcialidad” para llevar adelante el proceso y que los magistrados carecen de “objetividad” por tener una marcada militancia y una ideología clara respecto a la cuestión de los derechos humanos y los imputados. Ante estos cuestionamientos, las audiencias mantienen una tensión inusual que también preocupa ya que se incurre a provocaciones constantes hacia los jueces calificando cualquiera actuación de “nula” y a la Megacausa como un “circo procesal”.
De parte de los querellantes y el Ministerio Público Fiscal, por otro lado, se argumenta que las recusaciones fueron rechazadas en cuatro ocasiones por la Cámara de Casación. Sobre este punto, Garzón remarcó que incluso se llegó al extremo de que “cada vez que se nombraba un juez, automáticamente se lo recusaba” y que los jueces que hoy integran el tribunal surgen como resultado de recusaciones anteriores. Acerca de la ideología de los mismos, Garzón concluyó en que “ojalá” llegue el día en que se pueda decir a través de una norma procesal la ideología de los jueces y a qué partido apoyan, pero que lo que interesaba no era eso sino que “los jueces hablan por sus sentencias”, que es lo que define la cuestión de un proceso.
Al filo de las últimas horas de audiencia, una declaración de parte del ex policía que estuvo prófugo en otra ocasión, Roberto Díaz, motivaron a la polémica ya que afirmó que durante el transcurso de las audiencias explicará “toda la verdad” sobre el asesinato del abogado Abdala Auad, además de dar precisiones sobre el paradero de su cuerpo ya que el no mantiene ningún “pacto de silencio”.
Las audiencias, continúan y al ser públicas se convoca a la sociedad a formar parte de los debates que se conforman dentro del Tribunal en el marco de un proceso histórico donde por primera vez se sienta en el banquillo la pata civil santiagueña.