Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Tiempo Argentino, por Manuel Alfieri) El Tribunal de Cuentas de la Nación objetó la operación porque se pagó un precio “irrisorio”. Pero Carlos Menem lo disolvió y archivó las actuaciones. Los ex empleados aseguran que todavía les deben 7 millones de dólares.

Con la llegada de Carlos Menem al poder en 1989 y en medio de la fiebre privatista de los ’90, el Grupo Clarín adquirió una de sus joyas más preciadas: Canal 13. Desde entonces, se consolidó como el multimedios más grande del país. Lo que pocos saben –o lo que intentó silenciarse durante muchos años– es que la adquisición del canal estuvo plagada de irregularidades. El 11 de enero de 1990, a través de ARTEAR SA, Clarín compró Canal 13 a un precio “irrisorio”, objetado incluso por el Tribunal de Cuentas de la Nación. Lo hizo en una cuestionada licitación organizada por una Comisión Evaluadora menemista, en la que el Grupo era administrador y único oferente a la vez; obtuvo nueve bienes inmuebles del canal gratuitamente por cinco años; y –de acuerdo con las denuncias realizadas por los ex empleados– violó el pliego licitatorio que lo obligaba a mantener durante un año los puestos de todos los trabajadores (en 1991, la empresa contaba con la mitad del personal original). Además, reclaman el pago de una deuda que “oscila los 10 mil dólares por persona, correspondiente a las indemnizaciones no pagas o devaluadas. O sea, un total de 7 millones de dólares, en base a los 700 empleados cesanteados por Clarín”, denunció a Tiempo Argentino José Carbonelli, ex delegado de la comisión interna de Canal 13 y despedido después de denunciar la venta irregular.

El llamado a licitación para la privatización de Canal 13 generó numerosos cuestionamientos, ya que la Comisión Evaluadora encargada de seleccionar las mejores propuestas para la adjudicación de la emisora permitió que Clarín quedara como único oferente, lo que propició que el canal fuese adquirido por el grupo a la mitad del precio estimado en el mercado. Esta operación fue objetada, el 4 de enero de 1990, por el Tribunal de Cuentas de la Nación. El sistema de puntaje para evaluar a los oferentes en la convocatoria resultó poco claro, porque fue creado “en el mismo momento de practicar la evaluación (y) debió ser dado a conocer (…) con sus exactos alcances incluyéndolo en la base del llamado”.
Pero la objeción más importante estuvo relacionada con el monto por el cual fue vendido Canal 13, comparándolo con el de Canal 11 (hoy Telefe): mientras el precio base para la privatización de Canal 11 ascendió un 111,6%, en el caso de Canal 13 sólo lo hizo un 7,1%. Según la tasación del Banco Nacional de Desarrollo, el 13 era más valioso que el 11 porque poseía mayor equipamiento. Sin embargo, el 13 fue vendido a U$S 5.207.198 y el 11 a U$S 8.139.534. Esto sucedió, señala el Tribunal, porque “para Canal 13, la Comisión Evaluadora resolvió requerir mejora a un solo proponente, ARTEAR SA, mientras que para Canal 11 la mejora de oferta económica fue requerida a dos postulantes”. Así, Clarín se ahorró casi 5 millones de dólares.
“Hay un ejemplo muy claro –relata Carbonelli–. En esa época, el grupo compró por 10 millones de dólares un canal de cable de Avellaneda, donde yo trabajé, que tenía sólo 15 mil televidentes. Es decir, pagó el doble que por Canal 13, que tiene millones de espectadores.” A menos de cuatro años de la adjudicación, Canal 13 ya tenía una facturación anual de U$S 120 millones, según las proyecciones de la emisora publicadas en la revista Noticias el 23 de mayo de 1993. Una verdadera mina de oro.Por otro lado, el Tribunal también objetó el traspaso gratuito por cinco años de nueve bienes inmuebles que eran propiedad del canal hacia ARTEAR, creando un perjuicio para el Estado y un beneficio para la empresa: el alquiler de esas propiedades le hubiese costado al multimedios un total aproximado de 1 millón de dólares, por lo que “se tiene una transferencia implícita de ingresos a favor de los adjudicatarios”, señala el Tribunal. ¿Qué decidió hacer Menem ante estas desprolijidades? Disolvió el Tribunal de Cuentas en 1992, y las observaciones fueron archivadas, a pesar de su contundencia. Transcurridos los seis años del traspaso, un informe de 1996 de la Auditoria General de la Nación (AGN) sostuvo que la situación seguía siendo confusa: “a varios meses de vencido el comodato, sólo se perfeccionó la opción de compra en tres de ellos (…) Dicho de otro modo, desde el 12/01/95 ARTEAR ocupa y utiliza bienes del Estado sin contraprestación alguna”. Así, concluyó que Clarín todavía operaba Canal 13 sin controles rigurosos: “el COMFER y la Secretaría de Medios de Comunicación, organismos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones, Contrato y la normativa aplicable a la Licenciataria ARTEAR SA, no cumplen acabadamente con su cometido”.El listado de cuestionamientos, a los ojos de los ex empleados, es aun mayor: “prohibieron toda actividad sindical. Había aprietes. Trabajar ahí fue peor que durante la dictadura”, asegura Carbonelli.
Según el artículo 33, inciso “d”, del pliego licitatorio (decreto 830/89), los adjudicatarios del canal debían “asumir desde la fecha de posesión todas las obligaciones emergentes de convenios o contratos laborales y de leyes de previsión social (…) haciéndose cargo de la antigüedad del personal (…) Asimismo se obliga a mantener la estabilidad del personal por el plazo de doce (12) meses.” Lo curioso es que esta política de achique quedó plasmada en la nota de la revista Noticias, donde se afirmaba que el 13 “es el canal que realizó las mayores racionalizaciones de personal después de su privatización. De los 881 empleados de 1989, llegó a un piso de 438 en julio de 1991.” Queriendo mostrar una virtud, dejaron al desnudo una falta: como consecuencia del primer año de Clarín dentro del canal, 443 personas se quedaron sin trabajo. Según las autoridades de la empresa, no fueron despidos, sino “retiros voluntarios.”
ARTEAR también intentó quitar a los trabajadores el “reintegro de gastos”, una remuneración en negro que los empleados cobraban durante la época en que el canal era estatal. Más de un centenar de denuncias fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo por los ex trabajadores del 13 en relación a este tema y otras irregularidades. La resolución Nº 446 de la autoridad laboral, con fecha del 12 de abril de 1994, les dio finalmente la razón: el fallo dice que el reintegro de gastos era un pago “mensual, normal y habitual”, por lo que no podía ser eliminado. Las autoridades de ARTEAR apelaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero el tribunal sentenció nuevamente a favor de los trabajadores, ratificando todo lo actuado por el Ministerio. Además, multó a ARTEAR ya que, según el fallo, “no cumplió la intimación que le había sido cursada”.
Ante todas estas faltas, el 25 de septiembre de 1991 la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados ya había generado el expediente Nº 2610-D-91, y elevado un pedido para que el Poder Ejecutivo Nacional informase “si se han iniciado sumarios por parte de la autoridad de aplicación en materia de radiodifusión contra los licenciatarios de Canal 13 por las constantes violaciones al pliego licitatorio”. No hubo respuesta.A partir del año 2009, con motivo de la discusión por la nueva Ley de Medios, los ex trabajadores de Canal 13 volvieron a presentar sus reclamos a la comisión de Diputados y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. “Tuvimos dificultades para hallar expedientes clave sobre la privatización, lo que traba la investigación”, explicaron a este diario voceros de la Autoridad Federal. Y la presidenta de la comisión, Silvia Vázquez, concluyó: “estamos aguardando esos expedientes para crear una comisión investigadora que demuestre el grado de responsabilidad que tuvo el Estado”. Mientras los funcionarios esperan una respuesta, los ex empleados de Canal 13 reclaman justicia. No desde ayer, ni desde hoy, sino desde hace 20 años. (Agencia Paco Urondo)