El peronismo como punto de partida del sistema de ciencia, tecnología e innovación

Introducción

Tanto en libros de historia como en el discurso institucional, es habitual que el origen del sistema nacional de ciencia y tecnología de la Argentina sea ubicado en la segunda mitad de la década de 1950. Es decir, tras el golpe militar de 1955, que puso fin al gobierno constitucional del presidente Juan D. Perón. Ese relato suele asentarse en hitos como la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en diciembre de 1956, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en diciembre de 1957 y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en febrero de 1958.

Se trata de una narración oficial repetida por propios y ajenos, a veces por ignorancia, otras por determinada inclinación política. En el siguiente artículo mostramos que es preciso revisar este discurso y recuperar la historia silenciada de la ciencia, la tecnología y la innovación durante el primer peronismo.

De por sí, resulta llamativo que en democracia sigamos reivindicando como fechas fundacionales tres efemérides constituidas durante un gobierno de facto: el de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Acaso viene bien recordar que durante esa dictadura hubo fusilamientos, torturas, presos políticos y exiliados. Y que, durante la preparación del golpe, entre otras cosas, la aviación naval bombardeó la capital de la nación, matando a más de trescientos argentinos e hiriendo a más de 1.200. Por no mencionar que dio inicio a la absurda proscripción por 18 años del peronismo, generando un marco de inestabilidad y violencia que tiñeron al país durante tres décadas.

Pero, en verdad, aquel discurso sobre el comienzo del sistema científico-tecnológico nacional responde a una operación historiográfica más profunda, destinada a erradicar toda posible reivindicación de las políticas justicialistas y a asentar un modelo de país dependiente. Cuando nos sacamos las anteojeras ideológicas, encontramos un voluminoso conjunto de iniciativas que dan cuenta del verdadero nacimiento del complejo de ciencia, tecnología e innovación en el país. A continuación, hacemos un breve repaso de las principales políticas al respecto entre 1945 y 1955.

Ciencia y tecnología en el peronismo

El 1° de enero de 1948 comenzó a regir la Ley Guardó 13.031, primera legislación universitaria desde la Ley Avellaneda de 1885. Mediante aquella normativa se buscó, entre otras cosas, desarrollar la investigación científico-técnica en las casas de altos estudios. Para ello, procuró una estructuración jerárquica de la investigación, pasando de las cátedras a los institutos según el grado de desarrollo que se adquiriera en las capacidades científicas y técnicas. Además, en esta ley aparece la figura de dedicación exclusiva para profesores titulares y contiene un apartado especial sobre “la carrera docente y científica”.

El 15 de septiembre de 1948, en el marco de la ejecución del Primer Plan Quinquenal (1947-1951), se sancionó la Ley 13.254 que creó el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA). Se trató de una institución pionera de la investigación orientada al sector rural. Según el plan de gobierno, tenía a cargo el “estudio de problemas técnicos y prácticos de la agricultura y la ganadería”, el “mejoramiento de las plantas y de los animales, y los recursos naturales relacionados con esta producción (suelo, flora y fauna), la sanidad vegetal y animal, y su defensa; la ingeniería rural; el aprovechamiento de los productos y subproductos agropecuarios”, y promovía las investigaciones sobre “microbiología y parasitología, entomología, genética animal y vegetal”. Constituye un claro antecedente de lo que unos años más adelante será el INTA; de hecho, el predio del CNIA en Castelar es hasta el día de hoy una de las sedes principales del organismo.

El 16 de marzo de 1949 se promulgó la reforma de la Constitución, en la cual se estableció que “una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales” (art. 37°). Como puede observarse, hay un énfasis en el papel de la investigación aplicada en las universidades.

El 7 de julio de 1949, se sancionó la ley 13.529, que creó el Ministerio de Asuntos Técnicos. Este tenía por objetivo centralizar todas las actividades vinculadas a la ciencia y la tecnología. La cartera incorporó las funciones que estaban bajo la órbita de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, creada en 1946, sucesora a su vez del “Consejo Nacional de Posguerra”. Esto constituye una prueba de la preocupación política por organizar de manera racional y planificada la actividad técnico-científica del país.

El 31 de mayo de 1950 se creó, vía el decreto 10.936/50, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), considerada al día de hoy como una de las nueve entidades académicas en ciencias nucleares con mayor prestigio a nivel mundial.

El 4 de julio de 1950, mediante el decreto 13.443/50, se creó la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (DNICyT), bajo la órbita del Ministerio de Asuntos Técnicos. Entre sus funciones estaban las de estudiar organismos similares a nivel internacional a los efectos de desarrollar políticas científico-tecnológicas locales, de modo de aprender del estado del arte internacional, pero con foco en la aplicación de ese conocimiento.

El 17 de abril de 1951, a través del decreto 7338, se creó el Instituto Antártico Argentino (IAA). En el marco de las tensiones crecientes con Gran Bretaña y bajo el mando del entonces coronel Hernán Pujato, nacía una institución emblema del reclamo nacional de soberanía sobre el continente blanco.

El 17 de mayo de 1951, por decreto 9695, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) , verdadera fecha de nacimiento de lo que conocemos actualmente como CONICET. Este organismo reunió a importantes científicos de la época, entre los que se contaban José Balseiro y Enrique Gaviola. La institución colaboraba estrechamente con la DNICyT, dando cuenta de la existencia de un sistema bajo la órbita del Ministerio de Asuntos Técnicos.

Entre otras realizaciones fundamentales, el CONITYC concretó entre 1952 y 1954 el Primer Censo Científico Técnico Nacional. Como fundamento de una política situada, era indispensable saber quiénes, qué, dónde, cómo y con qué se investigaba en nuestro país, tanto en lo privado como público. A partir de ese diagnóstico, se decidió fortalecer la formación de dos disciplinas, la física y la química, consideradas esenciales para el proceso de desarrollo planteado en el Segundo Plan Quinquenal. Como otra muestra del carácter sistémico, el estímulo a estas ciencias implicaba un trabajo de mejoramiento de la enseñanza secundaria y universitaria.

Como otro pilar de este sistema, el decreto de 1951 también contemplaba la creación del Centro Nacional de Documentación Científica y Técnica, que tenía la función de difundir el conocimiento científico y tecnológico dentro de la comunidad empresarial, y designó agregados en ciencia y tecnología para las embajadas argentinas en los países más desarrollados, con el objeto de mantenerse en la avanzada en esos campos. Estos dos campos de acción fueron abandonados en la historia posterior de la ciencia y la tecnología argentina, consolidando dos problemas vigentes hasta el día de hoy. Por un lado, las dificultades de vinculación entre producción de conocimiento y necesidades productivas. Por el otro, el desacople entre las relaciones diplomáticas y el sector científico-tecnológico argentino.

El 28 de marzo de 1952, se creó el IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) por el decreto 6.191. Dentro del cual, quedó incorporado el Instituto Aerotécnico y la Fábrica Militar de Aviones, con la capacidad de producir aviones de diseño y tecnología nacionales como el Pulqui, el Huanquero y el Guaraní, entre otros. En el IAME además se desarrollaron líneas de automóviles, motocicletas, tractores y utilitarios. Para lograrlo, fue preciso darle impulso a la investigación y desarrollo conectada estrechamente con la producción fabril.

El 14 de enero de 1954 se creó, por decreto 441, el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), desde 2007 renombrado bajo la sigla CITEDEF. Desde su origen tenía la misión de ejecutar actividades de investigación y desarrollo en el campo de la defensa, acompañando los procesos industriales y tecnológicos que se daban en Fabricaciones Militares.

El 22 de abril de 1955 se dio creación al Instituto de Física de Bariloche mediante un convenio firmado por Perón entre la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo. El objetivo fue lograr el más alto nivel científico en física, matemáticas e ingenierías. Al día de hoy, el actual Instituto Balseiro es reconocido como una institución de excelencia a nivel internacional.

Por si fuera poco, podemos agregar otros dos organismos. Por un lado, en el ámbito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, abrió sus puertas el 5 de febrero de 1948 el Instituto Tecnológico del Sur en Bahía Blanca. Poco después, el 26 de agosto de 1950 se inauguró en la ciudad la primera planta petroquímica de América Latina. Con una fuerte orientación hacia la investigación aplicada, el instituto quedó ese mismo año bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (luego, en 1956, se constituyó como Universidad Nacional del Sur).

Por otro lado, la creación el 19 de agosto de 1948 de la Universidad Obrera Nacional (desde 1959, Universidad Tecnológica Nacional), cuya puesta en marcha se demoró hasta 1953. Esta institución constituía la base para la preparación técnico-científica de la clase obrera de modo de acompañar el proceso de industrialización con agregado de valor local. Lo que, sumado al impulso hacia la universalización de la educación superior mediante la supresión de aranceles universitarios en 1949, da una pauta del esfuerzo por elevar el nivel científico-tecnológico en la población.

Pasado y presente

Marco normativo, Ministerio de Asuntos Técnicos, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Comisión Nacional de Energía Atómica, Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, Instituto Antártico Argentino, Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, Centro Nacional de Documentación Científica y Técnica, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, Instituto de Física de Bariloche, Instituto Tecnológico del Sur, Universidad Obrera Nacional…

Y esto es solo una enumeración incompleta. Podríamos agregar aquí las importantes tareas de formación, investigación e innovación que se realizaba desde las áreas técnicas y de ingeniería de Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Fabricaciones Militares, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Empresa Nacional de Transportes, Flota Mercante del Estado, Aerolíneas Argentinas, entre otras empresas. Así como las labores de investigación en el marco del Plan Analítico de Salud Pública a cargo del ministerio dirigido por Ramón Carrillo. O la notable expansión de la educación técnica, el papel pionero en la divulgación científica de publicaciones como “Mundo Atómico” y la promoción de la inventiva técnica popular como parte del proceso de construcción participativa del Segundo Plan Quinquenal.

¿Hace falta algo más para reconocer en el gobierno de Perón el origen del sistema nacional de ciencia y tecnología? ¿Hasta cuándo seguiremos proscribiendo historiográficamente al peronismo? Porque, además, en el olvido de ese origen, se apoya determinada concepción del quehacer científico. Básicamente, aquel que anuda la actividad con las agendas internacionales, en detrimento de la aplicación del conocimiento a los problemas locales. Desconocer o negar aquel comienzo histórico, implica dejar caer en el olvido los esfuerzos por desarrollar una política científica-tecnológica articulada y orientada por una planificación del desarrollo productivo y soberano y por las necesidades integrales de la nación argentina.

Recuperar el pasado es una oportunidad para reinventar el presente. Especialmente, en el contexto de cientificidio, industricidio y sometimiento neocolonial en que nos encontramos bajo el gobierno de Milei. Cuando acabemos con esta pesadilla y comencemos más temprano que tarde la tarea de reconstrucción nacional, será fundamental tener presente los mejores antecedentes de nuestra historia.