A 25 años del caso Gómez Romagnoli: del sargento condenado al planteo de la CIDH

Por Diego Moneta

Hugo Alejandro Gómez Romagnoli, de 28 años, estudiaba diseño gráfico en la Universidad Champagnat y era instructor de esquí. Vivía con su madre en el poblado Chacras de Coria, en Mendoza. La madrugada del sábado 31 de agosto de 1996 regresaba a su casa en un Renault 6 blanco pero fue impactado por la espalda por un proyectil de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza.

La versión de la fuerza indicó que todo había sucedido en medio de una persecución con tiroteo incluido, iniciada por no haber frenado en un control, y que Hugo estaba armado. El principal elemento que no encajaba era que la secuencia se había extendido por más de catorce kilómetros. ¿Cuánto tiempo podría haberle llevado a las patrullas alcanzarlo? A su vez, la parte trasera del rodado tenía al menos cuatro impactos de bala.

La causa estuvo a cargo del juez Omar Palermo, hoy integrante de la Suprema Corte. Las pericias determinaron que al joven le habían plantado un arma, que además no funcionaba, por lo que se descartó el intercambio entre los uniformados y la víctima. También precisaron que el disparo mortal había partido del sargento Oscar Raúl Gorigoitía, que ya se encontraba detenido desde el momento del hecho. Al final, se conoció que a Gómez Romagnoli lo mataron porque viajaba en un vehículo similar a otro que era buscado. En total, trece efectivos fueron sumariados por el caso.

Poco tiempo antes de que se conociera el caso de Sebastián Bordón en 1997, la Primera Cámara del Crimen, integrada por Víctor Hugo Comeglio, Jorge Marzari Céspedes y Julio Alberto Carrizo, condenó a Gorigoitía a 14 años de prisión por homicidio simple y lo inhabilitó por el mismo plazo para ser policía, por considerar que actuó sabiendo las consecuencias de utilizar un arma en una persecución a gran velocidad. La defensa del ex sargento presentó un recurso que fue rechazado “por improcedente” por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia provincial. Por eso, elevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada la “mala praxis” judicial al negar el derecho a revisión de la condena.

En 2013 el planteo fue aceptado para ser tratado y, seis años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón, estableciendo un plazo para garantizar la apelación y una indemnización. Sin embargo, Gorigoitía decidió no apelar el fallo de la justicia mendocina por considerar que ya no tenía sentido. Hace casi una década que el ex sargento ya había terminado de cumplir la pena que había recibido.