Piden prisión perpetua para Pedraza y Fernández

Por Juan Ciucci l Al reclamar las penas en la primera jornada de alegatos del juicio contra 17 acusados, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia de Ferreyra consideraron que se trató de un “homicidio calificado agravado por el concursos de dos o mas personas” según un “plan previamente articulado para “aleccionar” a los trabajadores precarizados.

Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino acusaron a Pedraza y a Fernández como "instigadores" del asesinato y consideraron que durante el juicio quedó "probado con certeza ese rol" del jefe gremial y su mano derecha, en lo que denominó "un plan criminal previo" a los hechos. El móvil para idear el crimen, sostuvo la querella, era "conservar la hegemonía política" de Pedraza y Fernández dentro de la Unión Ferroviaria.

En el alegato se caracterizó el conflicto que llevó al reclamo de los tercerizados, que fue violentamente combatido por las patotas de la Union Ferroviaria. Se especificó el negocio que significaba para Pedraza y Fernández, las empresas “cooperativas” de las que eran dueños, y que tercerizaban los trabajos de limpieza, arreglo de vías y demalizado; tareas todas que aparecen en el convenio colectivo de los ferroviarios. Explicaron la precaria condición laboral que sufrían los trabajadores, y las “ganacias” que representaban para los “sindicalistas”. La empresa Cooperativa de Trabajadores Unión del Mercosur, ligada a Pedraza, facturo entre julio y diciembre de 2010 $9.930.000. Por su parte, Ecocred, ligada a Fernández, $8.000.000. Todo esto bajo el acuerdo con la patronal (UGOFE), y el silencio de la Secretaría de Transporte.

“La tercerización laboral, aclara un informe presentado por el CELS, resultaba conveniente y rentable para UGOFE, el Estado y los directivos del gremio. La UGOFE recibe el 6 por ciento del total de lo gerenciado por mes. El dinero que era enviado desde la Secretaría de Transporte cubría los gastos corrientes de la operación del Roca y todos los contratos que esta mantenía con las empresas contratadas. Es decir, a medida que aumentaba el gasto en estas subcontrataciones, mayor era la ganancia que obtenían las empresas que componían a la UGOFE (Metrovías, Ferrovías y TBA). Este circuito de contrataciones también favorecía al Estado, ya que debía abonar los salarios de trabajadores de planta y, a mayor cantidad de trabajadores tercerizados, menor cantidad de salarios de planta debía abonar. En este esquema, Pedraza se beneficiaba mediante la contratación de trabajadores de la Cooperativa Unión del Mercosur”.

También temían perder la hegemonía política, por el riesgo que traía la posible incorporación de nuevos trabajadores a la planta permanente. Se demostró cómo la Unión Ferroviaria controlaba el acceso de los trabajadores, obligándolos a responder a sus políticas internas. Para esta estructura de poder, significaba un peligro incorporar a los tercerizados, ya que el numero podría llegar a los 1500 trabajadores. Ese número era suficiente para “torcer una elección”, y que los burócratas perdieran la conducción del gremio.

Se pidió prisión perpetua también para los acusados Pablo Diaz, Cristian Favale y Gabriel Sánchez, Francisco Salvador Pipito y Jorge Daniel González en calidad de “coautores”, y del comisario Hugo Lompizano, jefe del operativo policial, este último en calidad de “participe necesario” del crimen. La misma pena requirieron para Claudio Gustavo Alcorcel,  Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Raúl Ferreyra, Luis Alberto Echavarría, Rolando César Garay y Gastón Maximiliano Ezequiel Conti acusados como partícipes necesarios del homicidio calificado. Mientras que pidieron cuatro años de prisión para Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño por el delito de encubrimiento agravado. Por otro lado, requirieron un año de prisión para David Ismael Villalba, por omisión de los deberes del funcionario público.

El Tribunal Oral Criminal 21 liberó al comisario de la Policía Federal Hugo Lompizano, quien había quedado preso el sábado por faltar al inicio de los alegatos. Se excusó por su ausencia alegando “problemas familiares”, que lo obligaron a permanecer de vacaciones en San Martín de los Andes.

La querella definió al crimen como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho".
A siete oficiales de la Policía Federal se los acusó porque liberaron la zona de Barracas en la que fue asesinado Ferreyra y colaboraron con el ataque de los ferroviarios. “Las conductas de los policías que participaron del operativo fueron necesarias para que el ataque se pudiera realizar, ya que contaban con información sobre la presencia de los ferroviarios en el lugar y no tomaron ninguna medida para evitar el resultado fatal e incluso colaboraron en la agresión. Los integrantes de la Policía Federal no sólo permitieron el paso de los miembros de la Unión Ferroviaria, sino que además no hicieron nada para identificarlos y evitar su fuga, a pesar de que estos permanecieron más de 20 minutos en el lugar luego de producido el ataque”.

Los delegados de los Talleres de Remedios de Escalada fueron los encargados de “convocar” a los trabajadores, con planillas para marcar a quienes no se sumaran. Los delegados contaron con la complicidad de la empresa, UGOFE, que permitió que los trabajadores se retiren de sus puestos de trabajo. La idea era generar un acto masivo para que sea difícil identificar a la patota encargada del plan criminal.

“Según se desprende del desarrollo del juicio y la investigación anterior, los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca de la Policía Federal y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, liberaron la zona para hacer posible el ataque. El subcomisario Rolando Garay, presente en el lugar de los hechos, fue quien dejó que los agresores se acercaran a los militantes que se estaban desconcentrando y luego ordenó efectuar el cerco para proteger al grupo de la Unión Ferroviaria. Por su parte, el agente David Villalba tenía a cargo la filmación de los hechos, función que cumplió durante todo el operativo, a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque, que no quedaron registrados. El comisario Hugo Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti tenían a su cargo el monitoreo y control del operativo en la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central de Policía de la ciudad de Buenos Aires, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque a los manifestantes”.

El CELS caracterizó de esta manera lo sucedido ese 20 de octubre de 2010. “Un grupo que respondía a la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF), con la complicidad de funcionarios de la Policía Federal Argentina (PFA), atacó con armas de fuego a empleados tercerizados de la ex línea ferroviaria General Roca y a militantes de distintas organizaciones políticas que participaban de una manifestación en reclamo del pase a planta permanente y la reincorporación de trabajadores despedidos de empresas que prestaban servicios para la de Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). Como consecuencia de los disparos, además de la muerte de Mariano Ferreyra, recibieron graves heridas Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos”.