El otro campo

Los números de la soja / El rol de la Mesa de Enlace

Agronegocios, glisfosato y soja transgénica / Córdoba: juicio a los agrotóxicos

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Por Enrique de la Calle I El 16 de noviembre de 2011, un sicario mató al joven militante campesino Cristian Ferreyra. La Justicia investiga la responsabilidad del empresario sojero Jorge Ciccioli. El hecho ocurrió al norte de Santiago del Estero, en el paraje San Antonio. Las organizaciones campesinas e indígenas denuncian el accionar de patotas o “guardias blancas” también en otras provincias: Tucumán, Salta, Chaco, Mendoza, Formosa…

Desde los años 90, en un proceso que se acentuó en la década actual, la frontera sojera se fue extendiendo más allá de la tradicional pampa húmeda presionando sobre territorios en manos de la agricultura familiar o las comunidades originarias. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) cuentan por lo menos cinco muertes en los últimos tres años, todas vinculadas con conflictos de tierra. A esa violencia hay agregarle otra que tiene que ver con las familias obligadas a desplazarse por el avance sojero.  

En general, los sistemas político, judicial y policial provinciales actúan en complicidad con la rapacidad empresarial. Son pocas las veces – como ocurrió con Ferreyra – que el hecho trasciende lo local para ganar espacio en la agenda pública nacional. Cuando eso sucede, las organizaciones tienen más espalda para presionar sobre los diferentes aparatos del Estado. De hecho, ahora en muchas zonas están frenados los desmontes y se crearon Juzgados de Tierras. Sin dudas, una lucha ganada.

Movimiento Campesino

En este dossier se contemplan extensas entrevistas a tres referentes del MNCI: Ángel Strapazzón, Diego Montón y Adolfo Farías. El Movimiento reúne las miradas y experiencias de diferentes organizaciones provinciales, como el MOCASE -VC de Santiago del Estero, la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) de Mendoza, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna y Quebrada de Jujuy, GIROS de Santa Fé, Servicio a la Cultura Popular (SERCUPO) de Buenos Aires y Encuentro Calchaquí de Salta, entre otras. Representan a más de 20 mil familias de pequeños agricultores.

El movimiento es algo así como la contracara del denominado “campo”, el que reúne a las patronales agropecuarias y es elogiado por los grandes medios de comunicación. El que desde siempre pretende ser el pilar fundamental de la nación argentina.

Por su parte, el “otro campo” reivindica una matriz productiva que tenga en cuenta la generación de divisas y al mismo tiempo contemple la vida y el derecho al hábitat de miles de campesinos como también el respeto por la naturaleza. No hay ingenuidad en el planteo, el MNCI sabe lo que significa el boom sojero para el desarrollo nacional: “Nosotros no somos críticos del kirchnerismo porque apoya una matriz productiva para tener recursos para distribuir y que haya menos pobres”.

Sin embargo, afirman que hay otras producciones que no se tienen en cuenta como pueden ser la algarroba (un fruto del algarrobo) o la alfalfa. “Los algarrobos que todavía hemos dejado en pie con el modelo sojero podrían producir más de doscientos millones de toneladas del mejor alimento del mundo”, afirman. Hoy, esa cifra está lejos de la que se genera a nivel mundial. España, por ejemplo, es el principal productor con 50 mil toneladas (2010).

En Argentina, según estadísticas de FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2010), ni la algarroba ni la alfalfa se encuentran entre los principales 20 productos cosechados en el país.  Para llegar a la meta propuesta por el MNCI debería ser necesaria una política específica para el sector. En ese sentido, describen los campesinos que el “INTA tiene un programa para hacer harina de algarroba, pan de algarroba, alfajores de algarroba”. De cualquier modo, esa producción regional permitiría contener a miles de familias.
 
¿Es posible hacer compatibles “ambos campos”? Desde el MNCI consideran que el Estado debería financiar la agricultura familiar, para diversificar su matiz productora de alimentos, limitar el poder de las corporaciones sojeras y evitar los desplazamientos de agricultores: “O sea, no dejes de relacionarte con la soja pero poné mucha guita en el campesinado, poné guita ahí. Mirá que si no te va a pasar como México, que ahora tiene que comprar alimentos”, describen.

Boom sojero, retenciones y AUH

En la columna de opinión incluida en este dossier, el historiador Horacio Bustingorry apunta que el modelo de acumulación kirchnerista presenta "contradicciones". Describe que mientras la soja permite al estado fondearse para implementar programas sociales y distribuir riqueza a favor de las clases populares, por el otros desplaza a miles de familias a partir de la extensión de las áreas de producción.

Argentina es el tercer productor de soja de planeta, con 52 millones de toneladas. Como no le alcanza para su molienda, debe importar desde Brasil y Paraguay. Así, se convierte en el primer productor de aceite de ese cereal. Durante el año pasado, la actividad generó 20 mil millones de dólares en exportaciones. Gracias a las retenciones, el Estado Nacional recaudó en 2011 54 mil millones de pesos. En nota aparte, Joe Cornejo señala que esos recursos significan tres veces lo que se paga al año por la asignación universal por hijo a casi 4 millones de menores de 18 años (12 mil millones de pesos). ¿De dónde saldrían esos fondos sin las ventas millonarias de soja?

El agronegocio tiene claroscuros, que van más allá de la extensión de la frontera productiva y la expulsión de agricultores. Por un lado, sus vínculos con la manipulación genética: Argentina es el primer país latinoamericano en legalizar el cultivo de soja transgénica (ver aparte artículo de Soledad Guarnaccia). Todavía no se sabe con claridad los efectos (sobre la salud, sobre el ambiente) de ese tipo de semilla. Por el otro, las fumigaciones con glifosato, el poderoso tóxico desarrollado por la poderosa multinacional Monsanto, responsable de la fabricación de las semillas que lo resisten.

En 2009, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, instó al Ministerio de Salud a investigar los efectos de los agrotóxicos. La conclusión del estudio fue que “bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas) el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente”. Los empresarios sojeros no siempre siguen estas recomendaciones, como está comprobando ahora la justicia en Córdoba. Por esa causa un productor puede ser condenado a 4 años. Los vecinos denuncian malformaciones de riñón en chicos, enfermedades de piel, entre otras afectaciones.

Cuando ocurrió el asesinato de Ferreyra, diferentes actos públicos, en varios puntos del país, repudiaron el hecho. Muchos fueron protagonizados por organizaciones kirchneristas. ¿Una contradicción? Para nada. Son sectores que desde siempre promueven un complejo debate que incluye la producción agro-ganadera en gran escala, favorecida por las “ventajas comparativas”. Mientras exigen que parte de la renta generada quede en manos de un Estado atento a las necesidades populares (la resolución 125, por ejemplo). Y también que se contemplen las demandas de miles de familias campesinas e indígenas que se resisten a ser violentadas por la avaricia empresarial.