Torturas en Rauch, Buenos Aires: piden prisión efectiva para policías de la Patrulla Rural

Por Fernando Wilhelm, desde Azul, Buenos Aires I La fiscalía pidió ayer condenas para los seis policías de la Patrulla Rural de Rauch, por privación ilegítima de la libertad, vejámenes, apremios ilegales y omisión de denuncia, mientras que las defensas plantearon la absolución de los imputados. El juez Héctor Torrens, titular del Juzgado Correccional N°2 de Azul, anunció que leerá el fallo en diez días como máximo. La APDH Azul consideró como torturas y no apremios ilegales los tormentos aplicados a las víctimas.

El 25 de mayo de 2010, Juan Carlos Lezcano (28) y Alberto Rolón (45), dos pobladores de Rauch sin empleo estable salieron a cazar mulitas, portando una mochila y una pala chica. Al  mediodía, cerca de la Ruta N°30 fueron interceptados y subidos a una camioneta policial. En la sede de la Patrulla Rural, fueron esposados y  en cuartos separados sometidos a una brutal paliza con guantes de boxeo. La peor parte le tocó a Lezcano: la sesión de tortura incluyó el “submarino seco” con gas pimienta unas 10 veces,  vejámenes y amenazas de cortarle un dedo de la mano con una tenaza, al tiempo que los interrogaban sobre un robo de seis ruedas de camión sustraídas a un acaudalado consignatario de hacienda local.

En las jornadas de audiencias fueron citados a declarar las víctimas, quienes volvieron a relatar con detalles la odisea vivida el día del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Fue impactante escuchar a Lezcano y Rolón describir la brutalidad policial. Lezcano reconoció los elementos secuestrados en el allanamiento a la Patrulla Rural que dispusiera el fiscal Fabio Molinero, como un tubo de aerosol de gas pimienta, una tijera de cortar alambres, entre otros objetos.

Entre los testigos se escuchó al jefe de la Policía Comunal, el intendente rauchense Jorge Ugarte, interrogado por su rol de policial, y por la presión ejercida para esclarecer el robo de neumáticos denunciado por el comerciante Daniel Sánchez; la entonces presidenta del Foro de la Seguridad Delfina Pesaggi, quien detalló los vínculos entre Ugarte y Peralta y Sánchez, quien ofreció una recompensa de 10.000 pesos por hallar las ruedas robadas. “Peralta me relató que lo habían estado boxeando al Dopi Lezcano en la Patrulla Rural, pero que nadie los había visto, que habían usado gas pimienta y puesto una bolsa de nylon en la cabeza para hacerlo confesar”, dijo Pesaggi. Y dijo que había ido a ver con la madre de Lezcano a Ugarte, quien le dio como toda respuesta que “habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado”. A su turno, el jefe policial, que se jacta de ser amigo del dictador Videla, en nombre de quien asumió la intendencia de facto en 1978, no recordó el pedido angustiado de la mamá, ni tampoco el allanamiento a la Patrulla Rural, por el cual su hijo el Secretario de Gobierno salió a atacar por los medios de prensa al fiscal Molinero y en defensa de los policías acusados de torturas.

La madre de Lezcano, un menor llamado Axel y la ex pareja de la víctima, trabajador precarizado y padre de 12 hijos, confirmaron haber visto sumamente golpeado en rostro y cuerpo a Lezcano,  mientras estaba detenido en la comisaría Primera, donde pasó buena parte de las más de 24 horas que fuera privado de su libertad. “Tenía la cara machucada, estaba todo colorado”, dijo Rolón.

En la silla de los testigos ante el tribunal aportaron lo suyo una enfermera y un médico del Hospital de Rauch; otro médico policial de Azul; peritos en boxeo; y productores y testigos policiales y se hicieron preguntas sobre los certificados médicos extendidos en revisaciones con los policías acusados presentes.

Los policías Peralta y Mansilla también declararon, apuntando que los denunciantes eran sospechosos de un robo a un productor y negaron los tormentos. Testimonios repletos “de cinismo” mencionó la fiscal, quien aludió a la “frondosa imaginación de Peralta” para armar un escenario donde Lezcano y Rolón aparecen como los posibles autores de robos y hurtos sin tener una sola pista firme. La fiscal argumentó que frente al robo de neumáticos, la presión para esclarecer el hecho, la recompensa ofrecida por el propietario, las víctimas aparecieron como ideales para “hacerse cargo del hecho”. Por eso las torturas.

Piden condenas

A la hora de los alegatos, la fiscal Laura Margaretic dio por probados los hechos y pidió condenas para los seis imputados. Para el jefe de la Patrulla Rural, Cristian Peralta, solicitó 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por privación ilegal de la libertad, vejámenes y apremios ilegales; para Hugo Daniel Mansilla, por los mismos cargos, 4 años de prisión efectiva y el doble de inhabilitación; en el caso de Gustavo Walter Caputo, 4 años de prisión efectiva por vejaciones y apremios a Rolón.

En el caso del policía Diego Hernán Muñoz, solicitó 2 años de prisión condicional y el doble de tiempo por inhabilitación de ocupar cargos públicos, por privación ilegal de la libertad; y para Oscar Damián Calvo y Liliana Soledad Ravenna, dos años de prisión condicional e inhabilitación por omisión de denuncia.

A su turno, las defensas solicitaron la absolución de los acusados y accesoriamente las penas más bajas por delitos apuntados en el artículo 144 bis del Código Penal, que habla de apremios y torturas. La audiencia se interrumpió por un repentino ataque de epilepsia del policía Caputo, por el que fue atendido por médicos locales en la sala del juicio y trasladado en silla de ruedas a un hospital para su atención.

El juez Torrens, una vez retomada la audiencia, pidió a las defensas incluída la de Caputo de continuar con los alegatos. Y dio tiempo para que Caputo vuelva a dar una declaración, si así lo quisiera. El fallo se leerá en unos diez días como máximo, aclaró el funcionario judicial, quien al no haber juicios por jurado, en soledad evaluará los pedidos de las partes y dictará sentencia.

En las audiencias estuvieron presentes, además de familiares de las víctimas y vecinos de Rauch, integrantes de la APDH de Azul y de Rauch, que asistieron y asesoraron a las víctimas y sus familias para que puedan llegar a los tribunales. También dijeron presente dirigentes del sindicato de docentes SUTEBA y de la CTA provincia de Buenos Aires, que se pronunciaron por juicio y castigo a los policías torturadores