Empresas recuperadas: el veto de Macri que pone en riesgo 2500 puestos de trabajo

A partir de uno de los últimos vetos de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno Porteño en los últimos meses, se puso en el tapete la situación de las Fábricas o Empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores en la Capital Federal.

En la actualidad existen aproximadamente 30 empresas autogestionadas por sus trabajadores. La mayoría abarca una fecha de recuperación que va desde 1998 hasta 2003, es decir que coincide con los años en los que se gestó la crisis hasta la aparición del gobierno de Néstor Kirchner en el poder.

Suman en su conjunto, aproximadamente 2500 trabajadores. En promedio, trabajan por fábrica entre 15 y 100 empleados, en su mayoría ex trabajadores en relación de dependencia y algunas nuevas incorporaciones producto de las necesidades que surgieron en el proceso de autogestión.

Se registran excepciones en el número de trabajadores, como en el caso de la Industria Metalúrgica y Plástica Argentina(IMPA) en la cual funciona también un bachillerato popular orientado desde adolescentes hasta adultos que no hayan completado su educación formal.

Sin un orden particular, se ubican en la mayor parte de los barrios porteños, resaltándose los casos de Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Almagro, Parque Patricios, Villa Urquiza, Flores, Villa Devoto, Mataderos y San Telmo.

Las especialidades varían, preponderando la producción de alimentos, productos para la construcción, el área educativa, imprentas, hotelería, computación, herrería, carpintería, marroquinería, textiles, trabajadores de edificios, atención hospitalaria y farmacéutica, entre otras.

Aproximadamente 14 de las citadas empresas se agrupan en la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA). Un integrante de UPEA, Hugo Fuceck, explica: “Planteamos poder abarcar un proceso de producción instalando la empresas autogestionada como alternativa real de trabajo, desorientando el desempleo que se produce a partir del cierre de las fábricas”. Y agrega: ”Se busca salirse del vicio del subsidio estatal y del modelo patronal reproducido, creando en la fábrica autogestionado un modelo nuevo de trabajo”.

Para Fuceck "buscamos instalar una conectividad entre los diferentes productos para favorecer la productividad y cooperación, logrando configurar un producto final con el trabajo de las diferentes cooperativas en las áreas en la que cada una se especializa”. De esta manera “Logramos una agregación de valor mediante la unificación y aprovechamiento de las tecnologías en un trabajo de mayor calidad”.

Desafíos

Uno de los puntos que marca la "Encuesta de predisposición al cambio social y acción colectiva", organizado por la Universidad de Quilmes en 2010, señala que buena parte de la sociedad considera como una movida positiva el movimiento de empresas recuperadas. Sin embargo, los trabajadores, no lo consideran como una posibilidad real para su salida laboral.

Otro de los puntos más complicados es la situación legal de los trabajadores. Al no existir una contraparte laboral, la ley no permite que se realicen aportes a una caja jubilatoria. De la misma manera están imposibilitados frente a las condiciones para las aseguradoras de riesgo de trabajo por accidentes laborales y con las obras sociales.

Es decir que los mayores inconvenientes están relacionados con la seguridad social, los accidentes laborales y la integración de capital. Este último punto tiene que ver con el carácter de monotributistas de los obreros, lo cual les impide acceder al crédito para comprar maquinaria e insumos. Al no estar el sector envuelto en una cadena de agregación de valor, se produce a su vez un impedimento para que las producciones crezcan en calidad y precio.

En este contexto se encuentra el el veto de Mauricio Macri el cual hace peligrar el puesto de trabajo de aproximadamente 2000 trabajadores de aproximadamente 29 fábricas que mantiene la ciudad. El veto recae sobre la ley 4008 que extendía por otros seis años una medida protectora. La misma se utilizó en 1999 como mecanismo para que el Estado declarara la utilidad pública de los bienes de las empresas en quiebra, impulsando su expropiación para evitar el desempleo. Como los plazos vencían el 31 de diciembre pasado, la legislatura porteña votó por unanimidad la ley que extendía la prórroga de protección por seis años más.