Mendoza: restituyen 600 mil hectáreas a comunidades Huarpes

Por Estefanía Cendón

AGENCIA PACO URONDO: A partir de la sanción en 2001 de la Ley N° 6920 de Expropiación de Tierras para la Reparación Histórica de las Comunidades Huarpes, ¿Cuál es el número de hectáreas efectivamente restituidas?

GUILLERMO ELIZALDE: Es uno de los hitos más importantes no sólo en Mendoza, sino de la Argentina: la restitución a las comunidades originarias Huarpes de más de 600.000 hectáreas. Tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades originarias a través de una política de estado impulsada por el gobierno nacional y que el gobierno provincial supo sostener. Estamos hablando de 12 comunidades originarias. Ahora estamos en la etapa final, en donde se realiza la distribución de las tierras.

APU: ¿La restitución contempla otras regiones, además de Lagunas del Rosario?

GE: Abarca lo que se conoce como Lavalle, es todo el norte de Mendoza, en el límite con San Juan. Una superficie muy importante.

APU: ¿Cómo es el abastecimiento de agua?

GE: En términos generales Mendoza es un desierto. Sólo el 5% de nuestro territorio está irrigado, y de ese 5% vivimos el 95% de los mendocinos que somos casi 2 millones. Los cuatro oasis que hay en la provincia, fueron generados por la mano del hombre. Nuestro sistema de riego a través de canales, acequias, de cunetas fue proyectado por los Huarpes, y luego se mantuvo. De hecho, al generarse el proceso de conquista y colonización los españoles van a retomar esas lógicas que hacen que hoy el recurso hídrico sea tan importante. Existe un compromiso intenso del intendente de Lavalle en el abastecimiento de agua.

APU: ¿Se tiene pensado implementar algún proyecto que posibilite la expansión de estas áreas de riego?

GE: El Departamento General de Irrigación de la Superintendencia realiza la impermeabilización de los canales que permite que el agua no se filtre y pierda. Nosotros tenemos un consumo muy importante de la poca agua con la que contamos: un 80% u 85% se utiliza para el desarrollo agrícola, un 5% es destinado al uso humano y otro 5% para uso industrial. Se está trabajando con líneas de financiamiento para que haya sistemas de riego por goteo y evitar pérdidas.

APU: Es bastante reciente la creación del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de Mendoza.

GE: Lleva un año y medio.

APU: ¿En qué consiste la creación del Banco de Tierras?

GE: El gobernador Pérez decidió jerarquizar lo que era la Secretaría de Ambiente, hoy ya Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales. La mirada puesta en la tierra es importante, entendemos que la tierra tiene que ser para el uso productivo, el desarrollo agropecuario de nuestra provincia y todo lo que tenga que ver con la residencia, construcción de viviendas para los mendocinos. La discusión de fondo es el tema de la plusvalía: cómo el negocio muchas veces inmobiliario termina beneficiando solamente a unos pocos, quienes concentran la mayor cantidad de tierras y que cuentan con la infraestructura y el equipamiento que se necesita. De esta manera el Banco de Tierras intenta ser un actor importante en la oferta de tierra, poniéndola siempre a disposición de nuestros productores. Por ejemplo, teniendo en cuenta la apuesta fuerte de la Presidenta que es Procrear. Cuando se lanza Procrear comienza una lógica perversa en el mercado que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Lo que intentamos es neutralizar esta lógica a partir de que el Estado esté presente, regule, planifique, ordene y en este caso sea un actor importante en la oferta de tierras tanto para la producción, como para la vivienda.

APU: ¿Qué es la Ley de Ordenamiento Territorial?

GE: Nosotros tenemos una ley que ha marcado un precedente en Argentina, tuvo dos décadas de debate, donde los intereses económicos se oponían. En 2009 se sancionó la Ley Nº 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, a partir de ahí se obliga a la conformación de un plan de ordenamiento territorial, plan que trabajamos con las universidades, las cámaras, los municipios y a través de la realización de una audiencia pública. Lamentablemente un sector liderado por quien es el candidato del radicalismo, se opuso. Cuando el Estado no es el que planifica, controla, regula y cuida nuestros recursos naturales hay alguien que lo hace: el mercado y entre ellos el inmobiliario.

APU: Teniendo en cuenta la creación en 2014 del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la sanción de la Ley de Agricultura Familiar. ¿Cómo es la situación de este sector?

GE: En Mendoza se está dando un proceso de trabajo desde abajo hacia arriba, de pequeños productores minifundistas, con superficies entre tres, cinco y siete hectáreas. Tenemos organizaciones que vienen trabajando muy fuerte, desde los compañeros sin tierra hasta todo el movimiento de la agricultura familiar. Hay un financiamiento importante que se está llevando adelante, y junto con eso un trabajo de organización entre los productores.

APU: En 2014 la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) hizo pública una denuncia acerca de intentos de usurpación a los campos comunitarios de familias campesinas de Jocolí Norte y La Estación, distritos pertenecientes a Lavalle. Quien habría iniciado estos actos sería un ex subcomisario de la Policía provincial, Esteban Rivas, según denunció la UST. ¿Cuál es la mirada del Ministerio de Tierras?

G.E: Nosotros acompañamos a la UST, estuvimos presentes y bancamos su posición. Hubo un miembro de la Suprema Corte que también acompañó el planteo y claramente se pudo neutralizar esa situación. Buscamos garantizar que esas tierras sean de los productores.

APU: ¿Se ha implementado desde el Ministerio alguna medida para incentivar la agricultura familiar?

GE: Tenemos un proyecto de ley que impulsó el gobernador “Paco” Pérez, que lamentablemente la oposición no ha querido tratar, que es generar tierras para los pequeños productores y sobre todo teniendo la mirada en la agricultura familiar. Incluso se ha planteado la posibilidad de conseguir los terrenos para que las tierras sean de quien las produce. Nosotros hemos ganado un Proyecto de Financiamiento Internacional para el cambio climático en donde trabajamos con productores caprinos de la zona de Lavalle. Vamos a demostrar que es posible que sea rentable y nos permita desarrollar no sólo un perfil agrícola, también ganadero.

APU: ¿Cuál es la perspectiva del Frente para la Victoria en Mendoza ante las próximas elecciones del 21 de junio, teniendo en cuenta que en las elecciones primarias del 19 de abril el Frente Cambia Mendoza, la coalición liderada por el radicalismo, quedó cuatro puntos arriba?

GE: El FPV ha crecido muy fuerte en estas últimas semanas. La presencia de nuestra Presidenta ha sido una señal clara que ha movilizado mendocinos, ha convocado a sectores independientes. Lo mismo sucede con los pre-candidatos del FPV nacionales como Daniel Scioli y Florencio Randazzo, quien estará con nosotros la próxima semana. Que Mendoza se sienta parte de un proyecto nacional es fundamental.

APU: ¿Cuáles son sus expectativas para el domingo 21?

GE: Nuestra expectativa es profundizar el modelo: que Adolfo Bermejo sea gobernador y Diego Martínez Palau vicegobernador. Los dos tienen capacidad de gestión, mucha convicción y claramente son parte del proyecto nacional. Junto con ellos, nos llena de orgullo tener compañeros en la lista de legisladores nacionales como Guillermo Carmona, candidato a diputado nacional. Estamos en los últimos días, apostando a que el mendocino entienda que tenemos propuestas concretas, que somos gente de diálogo pero que tenemos posiciones muy definidas. Nuestra prioridad van a ser los más humildes.