Massot (La Nueva Provincia) en los medios

Sobre todo porque incluyó la columna de Morales Solá, el pedido de Lanata de hacer “algo” ante una eventual interrupción de su programa y el DNU de Macri. El microclima no se circunscribió a Capital Federal, sino que sirvió de caldo de cultivo para el descargo que hizo público Massot a través de su propio diario.

Hace exactamente nueve días, el viernes 10 de mayo, a través de la Agencia Paco Urondo tomaba estado público en el país la noticia sobre el pedido de detención del empresario y director del diario La Nueva Provincia Vicente Massot y su secretario de redacción durante la dictadura Mario Gabrielli, elevado al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca por parte de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia.

A ambos se los acusaba por su participación en el plan criminal de la dictadura a partir de su pertenencia al grupo con poder decisorio en el matutino, también integrado por los fallecidos Diana Julio de Massot y Federico Massot. Las acusaciones no son nuevas, aunque sí es la primera vez que el Ministerio Público solicita la detención, indagatoria y prohibición de salida del país para Massot y Gabrielli. En septiembre, el Tribunal Oral Federal que condenó a diecisiete represores que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo en Bahía Blanca y la región incluyó en su fallo un señalamiento a la responsabilidad del diario en una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

La información tuvo cobertura durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de mayo en el diario Página/12, que el lunes posterior a la sentencia reseñada hizo nota de tapa un informe completo sobre las vinculaciones del diario con el plan criminal, incluido el caso de los obreros y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ambos habían encabezado una huelga contra la patronal en 1975, al cabo de la que la entonces directora Diana Julio les advirtió que “sus fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Prefectura se encargó entonces de elaborar un informe sobre “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” para la dictadura. El listado lo encabezaban los nombres de ambos gremialistas, que fueron secuestrados, torturados y asesinados entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976.

“Son investigados dos homicidios”, fue el título del primer, último y breve artículo que al tema dedicó el matutino bahiense (foto). Debieron pasar treinta y siete años para que los nombres de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola volvieran a leerse en las páginas del diario que imprimieron hasta sus secuestros. Quizá sea esa noticia lo más trascendente de esta historia.

Reproducido con mayor o menor felicidad por agencias de noticias, medios locales y unos pocos diarios nacionales, el tema circuló a nivel país aunque no llegó a merecer un pronunciamiento de la empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que repudió el pedido de allanamiento a la empresa de Massot solicitado por el fiscal Abel Córdoba en 2010 al entonces juez a cargo de la causa Armada Eduardo Tentoni, luego recusado por, entre otras cosas, sostener diálogos informales con el contador del diario Domingo Marra. Por supuesto, Tentoni no dio lugar al pedido.

El sábado 11, un día antes de que el matutino de Massot tratase por primera vez el hecho, La Nación –donde el acusado solía escribir- lo incluyó en una síntesis curiosa. Bajo la volanta “Medios”, y no “Derechos Humanos” u otro alusivo a las causas, reseñó los pedidos de los fiscales pero no agregó ni una línea respecto a los motivos. A renglón seguido, el diario colocaba muy sugestivamente la noticia sobre la denuncia que para proteger a su Servicio Penitenciario formuló el gobierno cordobés contra el fiscal Abel Córdoba, quien representó al Ministerio Público en la sentencia que apuntó hacia La Nueva Provincia antes de pasar a desempeñarse en la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Se trata de uno de los diarios que viene dando amplia promoción a los pataleos opositores contra la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La funcionaria, sin embargo, dio el gusto a diputados como el radical Juan Pedro Tunessi, quien hace unos meses formó parte de un grupo de legisladores que observaron ante la Cámara Federal de Salta  “que, debido a la exclusiva priorización de los delitos de Lesa Humanidad, las causas de narcotráfico no se atienden y prescriben”. Gils Carbó no sólo creó una Procuraduría especial para las investigaciones específicas en la materia, sino que además le confió su conducción a un fiscal emblema en las causas por delitos de lesa humanidad, Félix Crous. Sin embargo, lejos de estar contento, Tunessi volvió a la carga la semana pasada y a tono con el discurso del propio acusado, especuló con que “podía haber una manito del gobierno” en el pedido de detención de Massot.

Mientras La Nación publicaba su sugestiva “Síntesis”, el editorialista del diario y la señal TN Joaquín Morales Solá estaba escribiendo su columna dominical. En ella acusaría, por enésima vez, la intención del gobierno de intervenir el Grupo Clarín, procurando aprovechar el efecto de la tergiversación de la participación de lsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la Asamblea de Accionistas.

El resto es conocido: Jorge Lanata cerró su programa con un monólogo llamando a hacer “algo” si el domingo siguiente –mañana- él no estaba en el aire. La primera respuesta que halló fue preventiva: el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia con el que, según el propio Grupo Clarín, protegía a la prensa capitalina. Pocas horas transcurrieron hasta que el macrismo propuso hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Massot declaró domicilio en Capital –ahora República autónoma- y su diario tiene el suyo en la provincia.

No es que Lanata no haya avisado antes cuál era su tesitura: se manifestó “harto de (hablar) de ladictadura” tan pronto como la Justicia comenzó a avanzar sobre partícipes civiles. El diario Clarín puso el broche de oro al titular en su edición on line la noticia de la muerte del dictador Jorge Videla: “Murió Videla, ideólogo de la peor dictadura de la Argentina”. Un politólogo como Massot bien deberá saber que un presidente –como él llama a Videla, sin siquiera agregar “de facto”- no puede sostenerse en el poder sin el acompañamiento –cuando menos- de sectores empresarios o eclesiásticos. Más cuando no tenía el apoyo de las urnas y se dedicó a ejercitar una represión sin precedentes en el Siglo XX argentino. Treinta y siete años atrás, el propio Clarín que hoy es emblema macrista de la libertad de prensa tituló “Total Normalidad” al reseñar el inicio del gobierno del dictador, a pesar de algunos detalles que su misma tapa reseñaba: se había prohibido toda actividad política y sindical.¿Quién es el ideólogo?

Todo ese caldo de cultivo que parecía circunscribirse a la ciudad de Buenos Aires, hizo en realidad florecer el intento de defensa massotista, que se hizo efectivo en cuatro entregas a través de La Nueva Provincia. Dos de ellas fueron actualizaciones de su sitio online y no dejaron más que en un dato de color: en una, se le escapó el fallido de decir que lo que llama “último gobierno militar” cometió crímenes de lesa humanidad.

Pero lo verdaderamente sustancioso estuvo en dos artículos publicados en las ediciones impresas del domingo 12 y el viernes 17. El primero de ellos, cuando todavía no había resuelto el pedido el juez Martínez, no rebatía pruebas ni acusaciones de la prensa o la Justicia sino que se dedicaba a identificar a un grupo de enemigos de la prensa libre, integrado por los fiscales que acusaron a Massot, la procuradora que los designó, el kirchnerismo en general, e incluso medios de prensa que sólo informaron los hechos, como la Agencia Paco Urondo y el diario Página/12.

Cinco días más tarde, el descargo público de Massot subió la primera plana y con título catástrofe, al tiempo que ganó una foto y mayor desarrollo al interior de su edición. El comienzo lo resume: “quienes se alarman por lo que significará la nueva justicia pretendida por el gobierno nacional en manos del kirchnerismo, tienen en el caso actual de ‘La Nueva Provincia’ un ejemplo anticipado y tangible de cómo serán las cosas en el país”.

Sin ningún disimulo, la redacción del artículo, que merece un análisis puntilloso y requeriría de varios capítulos de un libro, retoma la vieja práctica de la construcción de una otredad que representa “una amenaza que ahora alcanza a todos los argentinos y a cualquiera”. La nómina de conspiradores se amplió, en dicha nota, a los jueces del Tribunal Oral que incluyeron en su fallo el señalamiento judicial inaugural y al diario Tiempo Argentino y la agencia Télam.

“El planteo no puede ser sino ideológico y se presenta como un combate precisamente de esa índole. La justicia y los estamentos judiciales son puestos de este modo en el grave y difícil desafío de atenerse a derecho o verse exigidos a complacer a comisarios políticos --ya actuando como fiscales o como periodistas--, que vigilan su accionar y lo censuran si no se acomoda a sus pretensiones, con el consiguiente castigo para los que consideren pusilánimes o díscolos”, dice el artículo, que en línea con la sugestiva primera “Síntesis” de La Nación trata de vincular el caso a las denuncias por las designaciones de los fiscales “en trámites que se han calificado como irregulares”.

El artículo insiste además en presentar como evidencia de una persecución política el hecho de que hayan sido los mencionados medios quienes primero y con mayor desarrollo informaron sobre los casos, sin tomar en cuenta que son también de los pocos que se dedican con regularidad a reflejar el avance de las causas o los juicios vinculados con delitos de lesa humanidad. Por otra parte, nada dice de un dato: fue el sitio de internet La Brújula quien dio la primicia sobre la resolución de Martínez tan pronto como el juez –que también es subrogante, aunque el diario elija ignorarlo- puso su firma en él. En conferencia de prensa, los fiscales aseveraron que supieron a través de ese medio la noticia en el mismo momento en que les llegaba el escrito y se disponían a leerlo. Tanto La Brújula como La Nueva Provincia merecieron el repudio de organismos de derechos humanos y la propia Universidad del Sur el año pasado, cuando encabezaron una campaña mediática de desprestigio contra el fiscal Abel Córdoba.

Las artimañas del diario en este sentido van más allá: dicen que por los medios supieron del señalamiento judicial formulado por el Tribunal Oral. Todo puede ser, pero es llamativo que una empresa que cuenta con tantos trabajadores de prensa se haya enterado por otros de un artículo de un fallo que fue leído públicamente, emitido en pantallas gigantes en una de las principales avenidas de la ciudad e inmediatamente publicado por el sitio oficial del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, del mismo modo que ocurrió con los fundamentos del veredicto que incluían la descripción de la “campaña de propaganda negra” implementada por La Nueva Provincia en el periodoen cuestión.

Algunos pasajes del artículo de descargo de ayer viernes de La Nueva Provincia merecen ser estudiados desde el psicoanálisis, en virtud del fenómeno de la proyección de que dan cuenta. Concretamente, el diario dice allí que sus directivos y empleados resultan víctimas de “una persecución ideológica que se empecinará en convertir en delito la expresión de una posición propia, distinta y opuesta a los intereses de quienes no sólo se creen dueños de la verdad, sino del país y de las vidas y suertes de todos sus ciudadanos”. Es justamente por ello por lo que en parte de los acusa. “(El) caso, hoy en día, se transforma en un ejemplo claro del modo en que una corriente ideológica, circunstancialmente en el gobierno del país, pretende proceder en todos los ámbitos de la vida argentina”, agrega el texto.

Ambos párrafos hubieran podido ser suscriptos por Rodolfo Walsh en 1976. La diferencia es que en ese momento no se producían elecciones como las que se llevarán a cabo en tres meses e imperaba sobre el país el Terrorismo de Estado, que incluía el secuestro y fusilamiento de periodistas, la censura, la quema de libros y la clausura de medios.

Lo más trascendente de ese artículo es, sin embargo, otra cosa. Un dato que evidencia cuánto se ha logrado avanzar en materia de corrimiento de las fronteras de lo posible. El viernes último, por primera vez desde que anunció sus muertes e informó que “son investigados dos homicidios”, el diario de Massot volvió a mencionar los nombres de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que durante más de tres décadas y media omitió imprimir.

Aunque sea en un artículo que se defiende atacando, con una redacción que vuelve a construir una otredad amenazante de los hogares argentinos, los lectores del diario volvieron a ver en sus páginas los nombres de los delegados gremiales asesinados. Los más curiosos y críticos podrán a partir de allí preguntarse por sus historias y consultar esos otros medios demonizados. Y entonces verán que, a pesar de las dilaciones de la impunidad, resultó que era cierto: hoy, sí, por fin, son investigados los dos homicidios.