Emergencia social acordada: ¿emergencia política contenida?

Por Francisco Longa / Foto por Juan Noy. En el sitio Marcha.

Si se tratara de un menú gastronómico, diríamos que el arribo al acta por la emergencia social se presentó en tres ‘pasos’. El primero, la presentación del proyecto en el Senado por parte de Juan Manuel Abal Medina; el segundo, la masiva aunque no descollante movilización hacia la plaza Congreso por parte de las organizaciones sociales y de algunos sectores de la CGT. El tercero y último, el acuerdo político cocinado a fuego lento principalmente entre los dirigente de la CCC, la CTEP y Barrios de Pie por un lado, y del gobierno nacional, con especial protagonismo del Ministerio de Desarrollo Social, por el otro.

El acta acuerdo firmada días pasados avala, a la vez que contradice el propio proyecto de ley que las organizaciones sociales habían alcanzado a Abal Medina: por un lado refuerza el dictado de la Emergencia Social en el país, aumenta las asignaciones a los y las cooperativistas, consagra un bono de fin de año para trabajadores/as de la economía popular, al tiempo que compromete al gobierno a aumentar los cupos de cooperativas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.

Todos estos objetivos, además de traducirse en beneficios y reivindicaciones concretas para un sector importante de los trabajadores/as, implica un salto cualitativo respecto del lugar que la economía popular tiene en la sociedad: algunos, como el diputado Leonardo Grosso, inclusive se animaron de calificarla como la primera ‘paritaria social’ en la Argentina. Esto empalma con un reclamo histórico del sector precarizado, cooperativista y de trabajadores/as libres, en tanto acceder a la posibilidad anual de discutir paritarias de la misma manera que los trabajadores/as formales vienen haciendo en forma sostenida durante la última década. Visto desde este ángulo, se trata de la consolidación del rol protagónico de un sector que venía siendo relegado en tanto representación gremial y en cuanto reconocimiento político: ahora tanto la CGT como el gobierno lo coloca en un lugar que, por representatividad, tenía más que merecido.

También es evidente cómo esta acta-acuerdo, que seguramente recibirá media sanción en las sesiones extraordinarias del 6 de diciembre en el parlamento, implica un retroceso en cuanto  a las reivindicaciones originales del primer borrador de la ley, y una enorme capacidad de negociación por parte de Cambiemos. En cuanto a lo primero, basta con señalar que el nuevo proyecto estipula la creación de cerca de 200 mil nuevos cupos cooperativos: es decir bien lejos de aquel “millón de puestos de trabajo” de la ley original. Referente a lo segundo, se pueden señalar al menos dos aspectos: en primer lugar la evidente derrota política que hubiese significado para Macri la aprobación de un proyecto de ley como el primero que circuló en el parlamento, al cual el gobierno se opuso frontalmente. En caso que el presidente terminara por vetar dicho proyecto, más alto aún hubiese sido el costo político: su segundo veto presidencial hubiera repetido la inhibición a una ley que ampliaba derechos para los trabajadores/as, reforzando la idea de que este gobierno está compuesto principalmente por, y beneficia sustancialmente a, los empresarios.

En segundo lugar, las organizaciones firmantes terminan en lo formal aceptando y rubricando un compromiso a abstenerse “de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”. Esta aceptación empalma, al menos en lo referido a una de las organizaciones más importantes dentro de las firmantes -como el Movimiento Evita, miembro de la CTEP-, con las declaraciones vertidas por sus dirigentes a la revista Crisis, en la cual reafirman su voluntad de “garantizar la gobernabilidad” y de disputarle poder al gobierno “en el plano electoral”.

El día que kirchneristas y trotskistas coincidieron

A partir de este rosario de acuerdos, movilizaciones, actas y compromisos, las aguas de la política se agitaron ferozmente: hubo quienes, principalmente las tres organizaciones firmantes, celebraron el acuerdo en tono triunfalista, marcando las conquistas obtenidas como una derrota simbólica y material para el gobierno. Hubo también quienes como Nicolás Massot, presidente del bloque en Diputados de PRO, se vanagloriaron de estar “tomando cartas en el asunto e institucionalizando a un sector de la economía que crea trabajo”, como expresó en su cuenta de Twitter.

Pero uno de los datos más curiosos y tal vez reveladores al momento del análisis político, apareció al observar a los detractores del acuerdo: así, se pudo ver por ejemplo que tanto el Partido Obrero como la agrupación La Cámpora, históricamente en veredas opuestas, coincidieron de plano en la denuncia de esta Ley de Emergencia. Ambos agrupamientos elaboraron comunicados públicos sumamente duros y condenatorios respecto del proyecto en general, y de los modos de participación de las organizaciones en él en particular.

Nada menos que Máximo Kirchner expresó en una disertación en la Universidad Nacional de Avellaneda que “la Emergencia Social es un mero paliativo que necesita el sistema para descomprimir la olla a presión”, mientras que sostuvo que “los problemas de la Argentina no se solucionan en el Ministerio de Desarrollo Social, se solucionan en la Casa Rosada”. Esta última aseveración resulta sorprendente proviniendo de un apellido que hizo del Ministerio de Desarrollo Social la punta de lanza para la contención de las organizaciones sociales durante doce años.

Pero más sorprendente aún son los extremos en los cuales un Altamira y un Kirchner se pueden encontrar. Esto es así porque, también el Partido Obrero destacó que “la Emergencia Social forma parte de la política de contención del movimiento de lucha de la clase obrera, armado junto a la burocracia de la CGT”, entre otras consideraciones vertidas artículos con títulos que poco dejan a la imaginación, tales como: “una emergencia social al servicio del ajuste” y “el fiasco de la emergencia social”.

Como se ve, desde el triunfalismo por parte de las organizaciones firmantes, hasta la celebración del gobierno nacional -pasando por la condena compartida de kirchneristas y trotskistas-, el acuerdo por la Emergencia social no pasó inadvertido.

Los terrenos de la disputa

Es evidente que el panorama político muestra a un gobierno nacional con aceitada capacidad de negociación y con un blindaje mediático que le permite dar aire a algunas propuestas de las organizaciones sociales. Esto se da, en función de este blindaje, sin que el gobierno pague el costo de ser considerado un gobierno que ‘mantiene vagos mediante planes sociales’. Si se considera el aumento en las asignaciones y la ampliación de las mismas, en algunos aspectos Cambiemos hereda y profundiza un tipo de negociación con las organizaciones sociales que se asienta en el otorgamiento de recursos, a cambio de garantizar cierta paz social y la merma parcial de las movilizaciones contenciosas.

La novedad está dada en que Cambiemos sabe ahora que a estas organizaciones también deberá enfrentarlas en las urnas. Tal vez por ello sea que ve en el Movimiento Evita un actor capaz de torcer la ecuación en el peronismo de cara a las urnas en 2017. Es evidente que la fuerza social que tracciona el Evita –sumado a sus representantes parlamentarios-, es un actor en la disputa por amalgamar o no al peronismo massista con el kirchnerismo. La unidad del peronismo, podría representar el peor escenario para un gobierno que necesita imperiosamente mejorar su presencia legislativa para encarar los dos años restantes de mandato presidencial. También es evidente que el gobierno, antes que pensar en disputar las urnas el año que viene, tiene que aprobar los exámenes de diciembre, que se agudizan con los números de una economía que no para de retraerse.

Es así que las organizaciones sociales no solamente terminan siendo claves en cuanto a garantizar o avalar una posible ‘emergencia social’, sino que también resultan decisivas a la hora de evitar o de profundizar la ‘emergencia política’. Y nombro a la ‘política’ en un sentido amplio y sustantivo, es decir considerando tanto a la conflictividad que se expresa en las movilizaciones callejeras -que en diciembre cobran ribetes más agudos aún-, como a la disputa electoral, que en 2017 aparece como determinante. Así, emergencia social y emergencia política terminan configurando dos planos de una misma realidad, en la cual los movimientos continúan ostentado un peso –y una responsabilidad histórica- considerable.