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Patria Grande //// 04.01.2016
Se pone en marcha el gobierno paralelo de Venezuela

Comienza a funcionar el nuevo parlamento con mayoría calificada de la oposición que promete acortar el mandato de Nicolás Maduro.

 

 

Por Sergio Lanzafame

El Parlamento Unicameral de Venezuela se convertirá este 5 de enero en un verdadero polo de poder paralelo y alternativo al gobierno bolivariano. Al iniciar su nuevo periodo de sesiones con la mayoría absoluta de miembros de la oposición, que alcanza los 2/3 de los miembros de la Asamblea, podrán dictar leyes y frenar la mayoría de las propuestas provenientes del Poder Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro.

Sin embargo, esta no es la principal amenaza que promete llevar adelante la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). La mayor apuesta es la de lograr sacar del poder al presidente Nicolás Maduro y a todo representante del gobierno chavista expresado en el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV.

Son numerosas las declaraciones de legisladores, funcionarios públicos y personajes públicos enrolados en la oposición que declaran que trabajarán para lograr un referéndum revocatorio, iniciar un juicio político o forzar la renuncia del mandatario bolivariano.

La voz que más fuerte se levantó en este sentido es la del recién elegido como nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup. Este legislador proveniente del Partido de Acción Democrática en su primera declaración señaló que el MUD se comprometió a “buscar y ofrecer una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral para el cambio del presente gobierno”.

Aunque Allup aclaró que su bancada no actuará como un “instituto autónomo” y que no harán “lo que les parezca”, todo indica que están dispuestos a realizar todas las maniobras posibles para lograr su objetivo central que es llegar al gobierno del Estado Bolivariano de Venezuela.

La primera batalla, no obstante, será la de lograr que asuman los 112 legisladores necesarios para contar con los 2/3 del cuerpo, que según el tribunal electoral ganaron sus bancas para el MUD y que el Tribunal Supremo de Justicia (TJS) acaba de poner en duda con la impugnación en la elección de seis miembros.

Aunque desde la bancada opositoria ya anunciaron que desconocerán el fallo judicial, no queda claro si podrán asumir y/o cumplir sus funciones.

De lograrlo, la derecha venezolana tendrá las manos libres no sólo para marcarle la agenda al gobierno de Maduro, sino para imponerle leyes. Como puntapié inidial comenzarán a trabajar para llevar adelante las primeras cuatro leyes de su gestión paralela del Estado.

La “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, es la primera -y de mayor consenso- que buscarán. Tiene por objetivo liberar a los considerados “presos políticos”, fundamentalmente al dirigente opositor Leopoldo López condenado por organizar un golpe de Estado.

Otras leyes tienen un carácter más “populista” con la intención de ganarse las simpatías de la población. Así proponen “otorgar títulos de propiedad” a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sancionar una “ley de producción nacional” y otra ley que regule los “tickets de alimentación y medicinas para los jubilados”.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue duro con las iniciativas. Señaló que “no puede haber impunidad frente a asesinos. No se puede tratar de aplicar lo que ellos hacían cuando eran poder, asesinaban al pueblo y el culpable era el pueblo asesinado y no me pidan perdonar asesinos”, sostuvo.

El abogado y constitucionalista con simpatías por el oficialismo, Hermann Escarrá, dejó en claro que el Gobierno podrá recurrir al Tribunal Superior de Justicia para decretar la inconstitucionalidad de las leyes que puedan no ajustarse a derecho, como el de la amnistía.

Otro punto nodal de la discusión se dará en torno de los Medios Públicos.

En una muestra más que los partidos de derecha en toda América latina no pueden tolerar la pluralidad de voces, el parlamento opositor buscará realizar cambios “drásticos” en la ANTV, órgano de difusión de la Asamblea Nacional y revisar todas las leyes relacionadas con los medios de comunicación.

Allub declaró que propondrán modificaciones a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Ley de Comunicación e Información , para normar la situación ya que “no es posible que sean chantajeados de diversas formas para acallarlos”.