Relámpagos //// 11.07.2019
Bahía Blanca y la lucha por el Boleto Estudiantil, por Lourdes López

El municipio macrista de Bahía Blanca incumple la ley de Boleto Estudiantil Gratuito. Centros de estudiantes protestaron el 9 de julio. La respuesta: violencia policial. “El miedo del apolítico radica en el miedo a la participación libre y ciudadana del pueblo”, reflexiona la autora de esta nota.

Por Lourdes López, desde Bahía Blanca

Las fechas patrias siempre son oportunas para preguntarnos sobre nuestro ejercicio de la ciudadanía. Desde el 2001 hasta la actualidad impera una lectura de la realidad situada en el apoliticismo. Más bien podríamos decir que, paradójicamente, el apoliticismo es la nueva forma de hacer política. El temor y el odio a la participación –principalmente brindada por los medios masivos de comunicación- interceden en el imaginario colectivo deformando la percepción de la historia argentina reciente e instalando una pregunta desmotivadora: ¿Para qué luchar?

El pasado martes 9 de julio en Bahía Blanca los centros de estudiantes de la ciudad convocaron a una nueva marcha en defensa de la educación pública. Los motivos eran amplios: reclamaron por “mejores condiciones edilicias para nuestras escuelas, universidades e institutos, declarando en estado de emergencia las condiciones del Instituto Avanza”; “por el real acceso público y gratuito a nuestras instituciones de Educación Pública” y “por un aumento de sueldo a nuestros compañerxs docentes”. 

Al mismo tiempo, exigieron la real implementación del Boleto Estudiantil Gratuito. El intendente macrista Héctor Gay infringe la ley provincial 14.735 que sanciona el boleto educativo para estudiantes de primaria, secundaria y universitarios. No es la primera y única vez que se marcha desde los distintos centros de estudiantes. En junio del 2018 se realizó frente a la Municipalidad un paro estudiantil por el boleto educativo, con pedido de la “Banca 25” en el Concejo Deliberante. En ese momento, a pesar de que el intendente manifestara que “el boleto era muy barato”, se consiguió que estudiantes de las Escuelas de Arte (de Artes Visuales, de Teatro, de Danza y el Conservatorio de Música) accedieran al descuento del 45 por ciento. Si bien se consideró un logro (pues realmente significó un peso menos en el bolsillo de integrantes de estas escuelas), no podemos dejar de señalar que la ley siguió sin cumplirse, como es la situación hasta hoy. 

Actualmente, el precio del pasaje de colectivo para la primera sección es de $29,85, mientras que para la segunda es de $33,55 y para la tercera de  $35,30. Por otro lado, estudiantes de Punta Alta que decidieron estudiar en Bahía Blanca pagan $60 por cada viaje que realizan, sin acceder a ningún descuento. La deserción estudiantil aumenta al mismo tiempo que se instala una imagen meritocrática.

¿Acaso no son suficientes razones para reclamar que se cumpla la ley? En Bahía Blanca pareciera que no. El 9 de julio, a dos cuadras de donde se realizaba el desfile del Día de la Independencia, la policía local reprimió la marcha. Fuerzas policiales detuvieron, golpearon y violentaron a dos estudiantes con la excusa de “desobediencia y resistencia a la autoridad” y trasladaron a quienes se manifestaban a Comisaría Segunda, en Roca 557. Le militante de la Federación de Escuelas Secundarias (FES) fue liberadx por ser menor de edad, mientras que Jonathan Machuca, dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística, fue trasladado a Comisaría Primera de Beruti 650. A las 17 horas se convocó a integrantes de las distintas agrupaciones políticas y sindicatos a concentrarse en la puerta del lugar para exigir la libertad del último detenido, quien finalmente fue liberado a las 21.

El dirigente manifestó que sufrieron agresiones físicas y verbales por parte de efectivos policiales, quienes lanzaban comentarios como “A los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo”. La Coordinadora de Centros de Estudiantes de Terciarios Artísticos publicó un comunicado sobre la situación, que puede leerse en este enlace.

Desde el periodismo oficialista –es decir, desde aquellos que reciben una pauta publicitaria millonaria para hablar a favor de la intendencia de Gay y odian las prácticas participativas y democráticas– se intentó justificar el accionar policial instalando dos líneas de pensamiento. En primer lugar, se fabuló acerca de una resistencia a la autoridad que no fue. Se construyó un relato que manifiesta que estudiantes intentaron romper el desfile del 9 de Julio. Los medios macristas publicaron que la situación se produjo en la avenida Alem, cuando en realidad fue a dos cuadras. La mayoría omitió la violencia ejercida por las fuerzas policiales: la persecución, las detenciones arbitrarias, los golpes propiciados a estudiantes, comentarios cargados de violencia sexual, el abuso de autoridad. Ninguno remarcó la ilegalidad del hecho, y el incumplimiento de la ley 14.735, sino que pusieron el foco en “otra ilegalidad”: la cometida por quienes se manifestaban.  

Porque sí: para el intendente Gay, exigir que se cumpla la ley es ilegal. Sin embargo, este pensamiento que se quiso instalar es falso. Las declaraciones de los policías locales se contradicen con el relato de testigos presentes y con el video que comprueba esos testimonios. No hubo resistencia a la autoridad ni desobediencia, como puede verse aquí.

Otro intento de detener al movimiento juvenil fue la imposición de una idea que dictaba que no era el momento ni el lugar para realizar una marcha. En este sentido, volvemos al principio: ¿Independencia son los tutoriales de cómo realizar empanadas tucumanas? ¿Las guirnaldas celestes en la Plaza Rivadavia? ¿Las marchas entonándose? Es de este modo que el desfile se vuelve un espacio seguro para el “apoliticismo”, como si fuera una especie de burbuja de cristal que puede ser destruida por la presencia de agrupaciones políticas organizadas democráticamente. ¿Cómo habrá sido el 9 de julio del 1916 para estas personas? ¿Les habrían dicho a los revolucionarios que no era ni el momento ni el lugar para declarar la Independencia?

El miedo del apolítico radica en el miedo a la participación libre y ciudadana del pueblo. Exigir derechos, entonces, se vuelve una amenaza. De esta manera, seguir movilizando para que todas las personas puedan acceder a una educación pública, gratuita y de calidad es una tarea que implica no solo poner el cuerpo en las calles, sino resistir a toda la construcción de relatos peligrosos que atentan contra la democracia. 

De este modo, independizarse es también informarse, así como reclamar derechos es también hacer Patria.

(Foto: Julieta Pedrueza en el Paro Estudiantil del 31 de mayo de 2018, archivo)