Hogar de niños del Gobierno de la Ciudad: hacinamiento, inundaciones y cucarachas
El panorama en el hogar ubicado en el barrio de Flores es nefasto: desprendimiento de los techos, cables eléctricos al alcance de los/as niños/as, desborde de los tanques e insectos en la comida. Hace aproximadamente cinco meses sufrieron también reiteradas pérdidas de gas en la cocina del establecimiento, ante lo cual la empresa Metrogas procedió a cortar el suministro, que fue posteriormente restablecido por personal del Gobierno de la Ciudad en forma clandestina. La situación se agrava en tanto el dispositivo presenta un considerable nivel de sobrepoblación, ya que en la actualidad permanecen alojados 47 niños/as, si bien la Ley 2.881 que regula la habilitación y funcionamiento de los establecimientos para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, establece que no debería albergar a más de 30. Luego de un simulacro de incendio desarrollado en la institución, Defensa Civil concluyó que en caso de acontecer un siniestro, moriría “al menos” un niño.
Si bien en Noviembre de 2016, luego de varias denuncias e informes presentados desde el sector, el Juzgado Nº20 concedió la medida cautelar solicitada por la Asesoría Tutelar Nº 1 para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y más específicamente el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (en la actualidad a cargo de Guadalupe Tagliaferri), realice las reformas infraestructurales necesarias para garantizar la integridad de los niños/as que habitan dicha institución, el edificio continúa a la fecha en estado crítico.
El Curapaligüe es uno de los tres hogares propios de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Gobierno porteño, a cargo de Gabriela Francinelli, destinados al alojamiento de niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales, en el marco de la Ley 114 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos aires. Contradictoriamente, el abandono y desfinanciamiento tanto de este como de los otros dos hogares propios, El Valle y El Vallecito, se traducen en una vulneración cotidiana y sistemática de los derechos de los niños/as y adolescentes a quienes deberían proteger.
En la actualidad el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene convenios con aproximadamente 50 instituciones, algunas de ellas con más de un hogar bajo su órbita, lo cual se traduce en unos 90 dispositivos de alojamiento conveniados. Mientras que alrededor de 800 niños, niñas y adolescentes permanecen institucionalizados tanto en estos como en los previamente mencionados, casi 150 continúan en lista de espera. Es decir, que el mismo Estado que determina la aplicación de una medida de abrigo para garantizar la restitución de sus derechos vulnerados, luego se las niega por falta de recursos.
