Denuncian que Vidal planea comprar camiones hidrantes para reprimir la protesta social
Por Esteban Rodríguez Alzueta*
En julio de 2014 el diputado por el Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, denunciaba que el gobierno de la provincia de Santa Fe había comprado dos camiones hidrantes sin licitación pública. Se trata de camiones marca Iveco, Modelo AMP 500 Armored, cuya compra se realizó por un monto total de $6.600.000, a la empresa Francisco Cuppari “FC Group”. Uno de ellos ya fue entregado a comienzo a la Policía Santafesina en marzo de 2015.
Ahora llega el turno a la provincia de Buenos Aires. Según trascendidos, la gobernadora ya habría dado la autorización para comprar móviles semejantes. La adquisición se hará en el marco de la emergencia en seguridad votada por amplia mayoría en la Legislatura Bonaerense a principios de 2016. Se trata de la Ley 14806 promulgada el 15 de enero que habilita al poder ejecutivo a comprar lo que se necesite para hacer frente a la inseguridad sin necesidad de hacer una licitación pública y sorteando cualquier contralor.
Está claro que los camiones hidrantes no se van a utilizar para perseguir el delito predatorio o el narcomenudeo. Los dos grandes fetiches del macrismo para justificar la declaración urgente. No creo que se combata el narcotráfico con camiones hidrantes. En la mira están otros eventos: las manifestaciones públicas. De ahora en más, los espectáculos deportivos y la protesta social contarán con la custodia policial a través de estas fortificaciones rodantes.
En efecto, con los camiones hidrantes antidisturbios se propone dotar a la policía Bonaerense de medios de transportes ágiles y con tecnología adecuada para abordar situaciones de conflictos callejeros masivos. La infantería se escudará no sólo en el cuerpo de caballería sino detrás de estos camines que le irán abriendo el paso para evitar la confrontación directa con los manifestantes.
La compra de los camiones hidrantes es otra señal del cambio de paradigma en materia seguritaria, el giro reaccionario del autoritarismo simpático del macrismo. Cuando los despidos se generalizan, se cierran direcciones y clausuran programas que agendaban la cuestión social y distintas líneas de derechos humanos, en un contexto inflacionario con pérdida de la capacidad adquisitiva, el gobierno prevé movilizaciones sociales. La respuesta, está visto, será la judicialización y represión de la protesta social. Será un año agitado.
*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de “Temor y control”. Integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y el CIAJ, colectivo de derechos humanos de la ciudad de La Plata.
