“El piso es que ningún judicial se quede en la calle”

Por Eliana Verón

APU: ¿Qué conflictos genera para los trabajadores la reforma judicial del ejecutivo?

Gonzalo Salum: En el paquete de leyes que mandó el ejecutivo hace dos semanas, entre ellas está la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Luego de analizarla en asamblea con todos los trabajadores nos dimos cuenta que desaparecen  un montón de direcciones y unidades especializadas, lo cual nos llamó poderosamente la atención porque esas unidades fueron creadas por ley hace un año. El primer interrogante que nos hacíamos nosotros y que nos hacían los compañeros era ¿qué va pasar con esos trabajadores que están en esas oficinas? El día que el Ministro de Jusitica, Garavano, hizo la presentación uno de los diputados le hizo esa pregunta sobre las secretarías especializadas que no figuraban. Y la realidad es que no dio ningún motivo de porqué esas oficinas no estaban. Desde ese momento los trabajadores y trabajadoras estamos en estado de alerta.

APU: Entonces, ¿está latente la posibilidad de despidos?

GS: Sí, nosotros dividimos la cuestión en dos: el piso es que ningún judicial se quede en la calle, pero también consideramos que con esta reforma está peligrando la independencia judicial, porque, por ejemplo, el subprocurador penal sería elegido por una mayoría simple del congreso. Entonces, dentro de esta coyuntura política y por lo que estamos viendo en otros ministerios, tenemos miedo de que compañeros nuestros empiecen a recibir algún tipo persecución.

APU: ¿Con quiénes están articulando y qué tipo de apoyo tienen de otros sectores dentro y fuera del congreso?

GS: Cuando Garavano presentó el proyecto recibió críticas de todo el arco opositor y desde ese día nosotros como sindicato empezamos a hablar con distintos diputados, senadores y compañeros de otros gremios. Así que la solidaridad y el apoyo lo tenemos de muchos sectores. Pero no nos queremos dormir con eso porque no toda la gente sabe el alcance de este proyecto de ley.

APU: La justicia se ve muy alejada de los sectores populares. ¿Cómo los afecta y cuál es la importancia del por qué habría que rechazar esta reforma?

GS: Primero porque las direcciones que está desapareciendo son los ATAJOS, que son los programas de acceso comunitario a la justicia que están en los lugares más vulnerables. Están cerrando las secretarías especializadas de defensa de la violencia contra la mujer, cuando vemos que es un flagelo de la sociedad. Al gobierno no le interesan los feminicidos, no le interesa que los más vulnerables tengan derechos, no le interesa que haya un acompañamiento a la víctima y  nosotros como judiciales nos queremos plantar frente a esto. Además de defender puestos de trabajo, queremos defender un servicio de justicia distinto. Queremos que salga de los palacios y esté en los barrios, en la calle y que sea mucho más accesible para toda la sociedad esa es la importancia. Y la reforma al Ministerio Público Fiscal está proponiendo un vaciamiento sin tocar al poder judicial. De ninguna manera decimos que no se reforme la ley del Ministerio Público, lo que consideramos es que la justicia tiene que estar más aggiornada a los tiempos que corren y la queremos más cerca de la sociedad, pero para eso es necesario una reforma del poder judicial, de la defensa y del Ministerio Público Fiscal.

APU: ¿Cómo sigue el proceso de la discusión del proyecto?

GS: No se puso ninguna fecha y lo tomamos como algo bueno porque evidentemente no tuvo buena recepción. Así que estamos en asamblea y elaborando algunos proyectos que se los estamos entregando a algunos diputados y senadores.

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