Caso Chano: defensa de la ley de Salud Mental, por Santiago Gómez

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Caso Chano: defensa de la ley de Salud Mental, por Santiago Gómez

01 Junio 2022

Por Santiago Gómez*

Los medios acostumbran hacer uso del sufrimiento de la población para atacar a los gobiernos que contrarían sus intereses. Las corporaciones profesionales también. El sufrimiento de la madre del cantante Santiago Moreno Charpentier, conocido como Chano, líder de Tan Biónica, está siendo utilizado por los medios de comunicación, que difunden que la Ley Nacional de Salud Mental no permite internar a una persona contra su voluntad, siendo que ello es falso. En el artículo 20 de la ley Ley 26.657, queda claramente establecido que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

¿Cuál es el problema entonces? Que antes de la Ley Nacional de Salud Mental para disponer la internación involuntaria de una persona bastaba con la firma de un profesional de la medicina, hoy la decisión debe ser interdisciplinaria, llevar al menos dos firmas, y una debe ser profesional de la psicología o medicina psiquiátrica.

Toda sociedad contempla la posibilidad de que una persona cometa actos contra su voluntad, por emoción violenta, por estar bajo efectos de sustancias, comportamientos reconocidos en los Códigos de Proceso Penal, y generalmente quienes hacen uso de esos derechos son las personas de clase alta. Difícil que un pobre pueda alegar en un juicio que el delito que cometió fue porque había perdido el control de sus actos. Si hubiese sido un pobre el que chocaba la cantidad de autos que Chano chocó, estaría preso.

Hasta que fue sancionada la Ley de Salud Mental, luego de un largo trabajo federal, de encuentros y consultas con profesionales de todo el país, bastaba con que una persona fuese detenida en la calle por las fuerzas de seguridad, un juez ordenase que la persona fuese enviada a un hospital psiquiátrico para ser evaluado por profesionales médicos, generalmente de guardia, si la persona representaba un riesgo para sí o para terceros. ¿Qué hacían los profesionales? Internaban para evitarse la posibilidad de tener que ir a declarar a un juzgado y perder un día de trabajo, en algún otro hospital de guardia, su consultorio privado, u otra institución de salud, en caso de que la persona evaluada cometiese algún acto contra sí o contra terceros. Como un juez o jueza no entiende de salud, es un lego en la materia, es obligado a enviar a profesionales que entienden del asunto para que decidan si corresponde una internación contra la voluntad de la persona o no.

Lo que antes era hábito: recibir el pedido de evaluación del juez y que profesionales de la medicina internen, se interrumpió con la nueva ley. El poder que la psiquiatría tenía de disponer de la libertad de las personas, fue interrumpido. Conforme establece el Capítulo VII, de la ley de Salud Mental, en el apartado sobre Internaciones, en su artículo 15 “la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica”. Por equipos interdisciplinarios se entiende, conforme el artículo 8 de la ley: “profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente”. Esto quiere decir: profesionales del trabajo social, enfermería, psicología, músicoterapia, medicina, acompañantes terapéuticos, acompañantes comunitarios en salud mental, personal administrativo de los equipos de salud, y toda aquella persona que trabaje en el ámbito de la salud y tenga acreditación de la autoridad competente. Con la nueva ley la internación dejó de ser potestad de profesionales de la medicina. Y a nadie le gusta perder poderes y privilegios.

La situación de Chano

El ataque que Chano sufrió por parte de las fuerzas de seguridad, violó la Ley Nacional de Salud Mental. En el Decreto 203/2013, que reglamenta la ley de Salud Mental, en la reglamentación del artículo 20 de la ley, que refiere a las internaciones involuntarias, el texto de la norma establece que “las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda. La Autoridad de Aplicación en conjunto con el MINISTERIO DE SEGURIDAD elaborará protocolos de intervención y capacitación en base al criterio de evitar todo tipo de daños para sí o para terceros. Aún en el marco de una internación involuntaria, deberá procurarse que la persona participe de la decisión que se tome en relación a su tratamiento”. La policía fue accionada,  el agente de seguridad es evidente que no tenía capacitación alguna para actuar en una situación como aquella, y le pegó un tiro a Chano. ¿Por qué fue la policía? Porque la llamó el psiquiatra de OSDE que contra la voluntad de Chano entró en su propiedad.

Quienes viven en la pobreza y conviven con un familiar o ser amado con padecimiento psíquico, sabe que puede llamar a la ambulancia y la ambulancia no va a su barrio, o porque el municipio no tiene ambulancias disponibles o porque los profesionales que van en la ambulancia no están dispuestos a ingresar al barrio pobre o porque los profesionales consideran que hay otras prioridades a atender, antes que un caso de salud mental. Entre una persona que fue tiroteada y su vida corre riesgo y una persona en su casa completamente desequilibrada emocionalmente, las probabilidades indican que la ambulancia irá para quien esté sangrando. Así que lo normal cuando alguien tiene un desequilibrio emocional suficiente que representa un riesgo para sí o para terceros, quienes viven en la pobreza llaman a la policía. Y la policía va y responde en casos en que no debería responder y sin haber recibido de parte del Estado la capacitación suficiente como para contener la situación hasta que profesionales de la salud lleguen para hacer el abordaje correspondiente. El problema no es la policía, el problema es la importancia que el Estado y las corporaciones profesionales de la salud dan al padecimiento mental.

En el caso de Chano, tuvo diversas internaciones por su consumo de sustancias ilegales. Entiendo que la problemática de las adicciones sean abordadas desde la salud, pero cuando los datos muestran que a  mayor desempleo mayor consumo de alcohol, uno debería seriamente preguntarse si el problema de las adicciones es un problema de salud o un problema social, condicionado por las condiciones materiales de existencia de la población. Conforme la Organización Panamericana de la Salud “cuanto menos desarrollado es un país, mayor es la carga relativa de alcohol”. Un estudio de la OPS publicado en 2021, indica que “los países de ingresos altos tienen un mayor consumo per cápita de bebidas alcohólicas mientras que los países de bajo y mediano ingreso tienen una mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol para el mismo nivel de consumo de esas bebidas”. ¿Qué era permitido antes de la sanción de la Ley de Salud Mental? Que personas pobres y alcohólicas que vivían en la calle o en situaciones muy precarias, fueran internadas contra su voluntad y para siempre en los diversos manicomios públicos del país. En los manicomios están por pobres, no por locos.

En un trabajo epidemiológico realizado por Federico Engeles, llamado “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, de 1845, el gran científico escribió que el problema del alcoholismo es un problema físico y moral. Los trabajadores necesitaban beber para anestesiar el dolor en el cuerpo por el esfuerzo físico, y una necesidad moral, para tomar coraje de encarar la vuelta a casa y ver que lo retribuido por el esfuerzo realizado no era suficiente para responder a las demandas materiales de su familia. En el caso de Chano no estamos hablando de una persona pobre adicta, sino de una persona que pertenece al sector más acomodado de la sociedad, pero con una sensibilidad tal que necesita hacer arte para soportar las experiencias que su cuerpo vive. Según la madre, hace 20 años que Chano es adicto. Vayan a ver cómo queda el cuerpo de un pobre después de 20 años de adicción al alcohol. De acuerdo al poder adquisitivo es la calidad de la droga que se usa y el daño que se padece.

¿Por qué la vergüenza familiar?

Marina Charpentier, madre de Chano, hizo una exposición en el Senado, en carácter de trabajadora social especialista en adicciones, pero dijo que estaba ahí por “tener la bendición de ser mamá”.  La mujer expresó su dolor, el cual viven cientos de miles de madres en el país. Contó que hace veinte años que sabe que su hijo es adicto. Contó que su hijo fue internado diversas veces en centros terapéuticos que cuestan más que el salario de un senador. En su exposición pudo escucharse mucho del relato de la terapéutica clínica y el uso y abuso que profesionales de la salud hacen del sufrimiento de las familias que tienen un familiar con padecimiento psíquico.

La madre de Chano colocó una pregunta que merece ser pensada y respondida. “¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo con la enfermedad de la adicción?”. La respuesta para quienes trabajamos en la salud es fácil: porque nos enseñan que la causa de los padecimientos psíquicos están en la familia. Si la persona es adicta la familia no actuó como debía, si la persona sufre de “esquizofrenia”, la familia no era como debía ser, cuando no, se explica la “psicosis”, como consecuencia de que no operó “el significante del nombre del padre”. No me voy a detener en el desarrollo lacaniano para explicar eso, simplemente lo pongo como ejemplo para que observen que en la narrativa clínica la familia siempre aparece como causa o condicionante del sufrimiento.

Ahora, cuando uno observa que la misma problemática la padecen millones de personas en el mundo, cientos de miles de personas en nuestro país, ciento de miles de personas en Buenos Aires, la familia no parece ser una explicación válida para el problema. Sirve para pensar algunas cosas, pero si son tantas las personas adictas, difícil que sea “la familia” la causa del problema. Pero las familias que tuvieron que ir a acompañar a su familiar internado, saben bien cómo la clínica aborda las entrevistas. Por eso las familias sienten vergüenza, porque se sienten culpadas y las disciplinas clínicas tienen mucho que ver con eso. También sabemos del uso y abuso que los profesionales de la salud hacen del sufrimiento de las familias, madres desesperadas que quieren ver a su hijo o hija bien y no entienden por qué no mejora.

La nueva Ley de Salud Mental definió que “se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. El espíritu de la ley busca acabar con la vergüenza y culpa que las familias sienten.

Los derechos de toda persona

En el caso de Chano, conforme declaró la madre después de que su hijo fuese baleado por un efectivo policial, pocos días antes del hecho el mismo se encontraba internado en una comunidad terapéutica que depende de la Asociación Civil GENS. Dicha asociación civil tuvo y tiene bastante participación en eventos legislativos, profesionales ligados a la misma se oponen a la legalización de la marihuana e hicieron lobby contra la ley de Salud Mental. Es comprensible el dolor de esa mujer, que según declaró en sede judicial, prefería que su hijo continuase encerrado en GENS, porque si volvía a su casa consumiría marihuana. El dolor de la madre es entendible, pero los derechos de las personas deben ser respetados.

Es preciso entender que toda persona mayor de edad debe tener soberanía sobre su propio cuerpo, lo reconoce la Constitución aunque no el poder judicial, y el hecho de consumir sustancias no la vuelve una persona que perdió el control de sí, que perdió la capacidad de raciocinio y que perdió autoridad sobre su propia vida. Es comprensible el dolor de la madre de Chano, pero sabemos que las emociones pueden llevarnos a cometer delitos y proponer que los mismos se cometan. La mujer reclamó en el Congreso que la policía pueda entrar en una casa sin orden de allanamiento alguna, por la desesperación de una madre para salvar la vida de su hijo. Según declaró la madre de Chano en sede judicial, después del tiro policial que recibió su hijo, el viernes anterior al hecho la madre había querido internar a Chano, llegaron tres ambulancias a la casa del cantante, y el propio Chano llamó a la policía para que las personas se retirasen de su domicilio. Para su madre, la policía obró mal.

Según declaró el médico psiquiatra Gonzalo Caligiuri, asignado por OSDE el día que Chano fue baleado, el profesional entró a la casa acompañando a la madre, sin el consentimiento del propietario de la vivienda, la madre abrió la puerta después de que el hijo no le atendiera el timbre y la reacción de Chano no fue amigable al ver que contra su voluntad había un médico adentro de su casa. ¿Cómo terminó la situación? Con Chano reaccionando ante la violación de su intimidad y de su privacidad, por parte de la madre y un profesional, que ante la reacción de Chano el médico psiquiatra activó a la policía y Chano terminó con un tiro. De hecho, aún con el médico psiquiatra de OSDE presente en el momento del hecho, fue la policía quien intentó calmar a Chano.

Defender la Ley de Salud Mental

No es necesario ser profesional de la salud para entender que las emociones pueden llevarnos a cometer actos irracionales o ilegales. Es entendible la desesperación de la madre de Chano que teme por la vida de su hijo y que se quejó en el Senado de que la policía haya hecho lugar al pedido de Chano para que se retiraran quienes ingresaron a su propiedad contra su voluntad “porque escucharon sus derechos”. De lo que se trata con la Ley de Salud Mental es precisamente de garantizar los derechos de las personas con padecimiento psíquico. Imaginen quienes leen que alguien pueda entrar contra su voluntad en su casa, con un equipo de profesionales y ser llevado o llevada por la fuerza a internar, porque su madre se oponen a que consuman marihuana. Habrá quien diga, bueno, pero en el caso de Chano estaba alterado, se puso agresivo. Imaginen ustedes cómo reaccionarían si alguien entra en la casa de ustedes contra su voluntad, con un médico para ser internado. ¿Reaccionarían bien? El profesional entró en la casa de Chano contra la voluntad del paciente y luego no consiguió abordar al paciente, porque comenzó mal y terminó llamando a la policía que fue la que intentó calmarlo, conforme el propio profesional declaró en sede judicial. El propio profesional declaró en sede judicial que no escuchó a Chano, pidiendo la internación de un “paciente con un episodio de excitación psicomotriz, heteroagresivo verbal y físicamente, con amenazas insultos, y que según le refirió la madre, con probable consumo de sustancias, motivo por el cual representa un riesgo cierto e inminente para si y/o terceros”.

¿Se entiende? Una madre que sufre y se opone a que su hijo consuma drogas, que pide que internen a su hijo porque fuma marihuana, llama a la prepaga, el profesional entra a la propiedad de Chano sin autorización, no conversa con el paciente y pide la internación porque la madre le dijo que habría consumido sustancias. ¿Qué hubiera pasado si el profesional no ingresaba a la casa contra la voluntad de Chano? ¿Le hubieran pegado un tiro?

Infelizmente la Ley de Salud Mental es atacada por la clase política que vive de ganar votos por sus apariciones mediáticas, las corporaciones profesionales, principalmente médicas, que perdieron el poder de internar a voluntad y contra la voluntad de las personas, que obtienen recursos económicos de esas internaciones, porque detrás de toda clínica psiquiátrica hay un médico que hace dinero con ello y profesionales que reciben sus salarios o extras producto de esas internaciones, y que hacen un uso del sufrimiento ajeno que es digno de repugnancia. Infelizmente, todo ello cuenta con la complicidad de medios de comunicación que mienten reproduciendo que “la ley no permite internaciones involuntarias”, cuando las mismas están contempladas en el artículo 20 de la ley y en ese artículo se basó el psiquiatra que fue hasta el domicilio de Chano, sin atenderlo, y pidió la internación antes de que le dieran un tiro.

*Licenciado en Psicología.