Por qué me quieren condenar

Por Luiz Inácio Lula da Silva*

En más de cuarenta años de actuación pública, mi vida personal fue permanentemente investigada – por los órganos de seguridad, por los adversarios políticos, por la prensa. Por luchar por la libertad de organización de los trabajadores, llegué a ir preso, condenado como subversivo por la infame Ley de Seguridad Nacional de la dictadura. Pero jamás encontraron un acto deshonesto de mi parte.

Sé lo que hice antes, durante y después de haber sido presidente. Nunca hice nada ilegal, nada que pudiese manchar mí historia. Goberné Brasil con seriedad y dedicación, porque sabía que un trabajador no podía fallar en la Presidencia. Las falsas acusaciones que me lanzaron no buscaban exactamente a mi persona, sino al proyecto político que siempre representé: un Brasil más justo, con oportunidades para todos.

A la víspera de cumplir 71 años, veo mi nombre en el centro de una verdadera cacería judicial. Indagaron mis cuentas personales, las de mi esposa y mis hijos; pincharon mis llamadas telefónicas y divulgaron el contenido; invadieron mi casa y me condujeron por la fuerza a declarar, sin motivo razonable y sin base legal. Están en busca de un delito, para acusarme, que no encontraron y no van a encontrar.

Desde que la cacería comenzó, en la campaña presidencial de 2014, recorro los caminos de la Justicia sin abandonar mi agenda. Continúo viajando por el país, para encontrarme con sindicatos, movimientos sociales, partidos, para debatir y defender el proyecto de transformación de Brasil. No paré para lamentarme y no desistí de la lucha por la igualdad y la justicia social.

En estos encuentros renuevo mi fe en el pueblo brasilero y en futuro del país. Constato que está viva en la memoria de nuestra gente cada conquista alcanzada en los gobiernos del PT: Bolsa Familia, Luz Para Todos, Mí Casa, Mi vida, el nuevo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), el Programa de Adquisición de Alimentos, la valorización del salario – en conjunto, proporcionaron el mayor ascenso social de todos los tiempos.

Nuestra población no se olvidará de los millones de jóvenes pobres y negros que tuvieron acceso a la educación superior. Va a resistir a los retrocesos porque Brasil quiere más y no menos derechos.

No me puedo callar delante de los abusos cometidos por agentes del Estado que usan la ley como instrumento de persecución política. Basta observar la recta final de las elecciones municipales para constatar la cacería al PT: la aceptación de una denuncia contra mí, cinco días después de presentada, y la detención de dos ex ministros de mi gobierno, fueron episodios de espectáculo que sin dudas interfirieron en el resultado del pleito.

Jamás cometí, autoricé o me beneficié de actos ilícitos en Petrobras o en cualquier otro sector del gobierno. Desde la campaña electoral de 2014, se trabaja en la narrativa de que el PT no es más un partido sino una “organización criminal”, y yo el jefe de esa organización. Esa idea fue martillada sin descanso por titulares, tapas de revista, radio y televisión. Necesita ser probada a la fuerza, ya que “no hay pruebas, sino convicciones” (N.E: Fueron las declaraciones de los fiscales que lo acusan, cuando citaron a la prensa en un hotel, con el argumento de que probarían la organización criminal).

No descarto que mis acusadores crean en esa tesis maliciosa, tal vez juzgando a los demás por su propio código moral. Pero salta a la vista la desproporción entre los miles de millones investigados y lo que señalan como el supuesto botín del “jefe”, evidenciando la falacia del enredo.
Percibo, además, una peligrosa ignorancia de los agentes de la ley sobre el funcionamiento del gobierno y las instituciones. Llegué a esa conclusión en las declaraciones que presté a delegados y fiscales que no sabían cómo funciona un gobierno de coalición, cómo tramita una medida provisoria, cómo se procede en una licitación, cómo es el análisis y aprobación, colegiada y técnica, de financiamiento en un banco público, como el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).

Además, en esas declaraciones, no se preguntó nada objetivo sobre las hipótesis de la acusación. Tengo la impresión de que no pasaron de ritos burocráticos vacíos, para cumplir etapas y atender las formalidades del proceso. Definitivamente, no servirán al ejercicio concreto del derecho a la defensa.

Pasados dos años de operaciones, siempre volcadas con alboroto, no consiguieron encontrar nada capaz de vincular mi nombre a los desvíos investigados. Ningún centavo no declarado en mis cuentas, ninguna empresa de fachada, ninguna cuenta secreta.

Hace 20 años vivo en el mismo departamento en San Bernardo. Entre las decenas de presos delatores, ninguno dijo que trató de algo ilegal o deshonesto conmigo, a pesar de la insistencia de los agentes públicos para que lo hicieran, hasta como condición para obtener beneficios.

La liviandad, la desproporción y la falta de sustento legal de las denuncias sorprende y causan indignación, así como la ansiedad con la que son procesadas en juicio. No se interesan en los hechos, pruebas, normas de proceso. Denuncian y procesan por mera convicción – es grave que las instancias superiores y los órganos de control funcional no tomen medidas contra los abusos.

Me acusan, por ejemplo, de haber recibido ilegalmente un departamento que nunca me perteneció – y no me pertenece por la simple razón de que no quise comprarlo cuando me ofrecieron la oportunidad, ni tampoco después de las reformas que, obviamente, serían agregadas al precio. Como es imposible demostrar que la propiedad es mía, pues nunca lo fue, me acusan entonces de ocultarla, en un enredo surrealista.

Me acusan de corrupción por haber dado conferencias para empresas investigadas en la Operación Lava Jato. ¿Cómo puedo ser acusado de corrupción, si no soy más funcionario público desde el 2011, cuando comencé a dar conferencias? ¿Y qué relación puede haber entre los desvíos de Petrobras y las presentaciones, todas documentadas, que hice para 42 empresas y organizaciones de diversos sectores, no sólo para las cinco investigadas, cobrando precio fijo y pagando impuestos?

Mis acusadores saben que no robé, no fui corrompido ni tenté obstruir a la Justicia, pero no lo pueden admitir. No pueden retroceder después de la masacre que promovieron en los medios. Se volvieron prisioneros de las mentiras que crearon, en la mayoría de las veces a partir de artículos facciosos y a las apuradas. Están condenados a condenar y deben evaluar que, si no me detienen, serán ellos los desmoralizados delante de la opinión pública.

Intento entender esta cacería como parte de la disputa política, a pesar de que sea un método repugnante de lucha. No es a Lula a quien pretenden condenar: es al proyecto político que represento junto a millones de brasileros. En el intento de destruir una corriente de pensamiento, están destruyendo los fundamentos de la democracia en Brasil.

Es necesario recordar que nosotros, del PT, siempre apoyamos la investigación, el juicio y castigo de quien desvía dinero del pueblo. No es una afirmación retórica: nosotros combatimos la corrupción en la práctica.

Nadie hizo tanto para crear mecanismos de transparencia y control de los recursos públicos, para fortalecer la Policía Federal, al Ente Recaudador y el Ministerio Público, para aprobar en el Congresos leyes más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Eso es reconocido hasta por los mismos fiscales que nos acusan.

Tengo la conciencia tranquila y el reconocimiento del pueblo. Confío que más tarde o más temprano la justicia y la verdad prevalecerán, aunque sea en los libros de historia. Lo que me preocupa, y a todos los democráticos, son las continuas violaciones al Estado de Derecho. Es la sombra del estado de excepción que se viene levantando sobre el país.

*Artículo publicado en Folha de São Paulo

Traducción: Santiago Gómez