fbpx El lavado de dinero, motor de la economía neoliberal, envía Jorge Tribó
El lavado de dinero, motor de la economía neoliberal, envía Jorge Tribó

Mar del Plata (Agencia Paco Urondo)
Estimados,
Como las operaciones políticas no nacen de un huevo ni de un repollo y por el contrario, debajo de supuestas conductas principistas, se esconden oscuros intereses del privilegio, me tomé el trabajo de averiguar cuan preocupados están los países desarrollados, por el lavado de dinero, nada mejor que leer este informe de las naciones Unidas, que si bien no es actual, ilumina bastante el tema:
 
CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN FINANCIERA

 
United Nations, Public Information Department New York
La "reestructuración" de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para "lavar" su dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del sistema económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, económicas y geopolíticas.
En todo el Tercer Mundo, la corrupción, estimulada por la desregulación financiera, está minando las economías nacionales y empobreciendo a millones de personas. El crimen organizado se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacionales. Tanto en países industrializados como en desarrollo, el sistema estatal está en crisis y las mafias se han transformado en importantes actores de la política económica y social de los gobiernos.
En este ámbito, bancos "respetables" rutinariamente ignoran la línea divisoria entre capital organizado y crimen organizado, prestándose al lavado de enormes cantidades de dinero, mientras la reestructuración del comercio y las finanzas mundiales tiende a favorecer la "globalización" de prácticas económicas delictivas.
De esa forma, las fechorías de los pequeños delincuentes son destacadas por la prensa y la policía, mientras las funciones política y económica de organizaciones criminales internacionales, que operan como entidades comerciales legítimas en el mercado mundial, son vistas naturalmente como parte del sistema.
Desde hace algún tiempo, las mafias han sustituido la bandera negra por la computadora y el estuche de violín con una metralleta dentro por el maletín de ejecutivo. Este paso del bajo mundo a las pulcras salas de junta ha sido facilitado por la tendencia global a la "liberalización económica", responsable de la reducción del Estado, la desregulación de la banca y el comercio internacionales, y la privatización de empresas públicas. Estas condiciones no sólo benefician a las grandes empresas transnacionales y los bancos internacionales que las promueven vigorosamente, sino que también favorecen el crecimiento y la "internacionalización" de prácticas ilícitas. En realidad, el límite entre ambos tipos de actividades es casi imperceptible.
Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, tanto en países industrializados como en desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ingresos de las organizaciones criminales transnacionales a nivel mundial suman alrededor de un billón de dólares, cifra equivalente al producto interno bruto (PIB) combinado de todos los países de bajos ingresos, con una población de 3.000 millones de habitantes. (Ver actas de la Conferencia de la ONU sobre Prevención del Crimen, El Cairo, mayo de 1995). La estimación de la ONU incluye las ganancias procedentes del tráfico de drogas, armas, materiales nucleares, así como de servicios controlados por la mafia (prostitución, juego, cambio de moneda). Lo que estas cifras no transmiten adecuadamente es la magnitud de las inversiones realizadas rutinariamente por organizaciones criminales en empresas comerciales "legítimas", así como su control de los medios de producción en muchas áreas de la economía legal.
Y así como las grandes empresas han aumentado su alcance e influencia formando firmas transnacionales que pueden evadir el control de países individuales, el crimen organizado también se ha globalizado. Una nueva relación transnacional ha surgido entre los triángulos asiáticos, los yakuzas japoneses y las mafias europeas y estadounidenses. En lugar de proteger su campo tradicional, las organizaciones criminales en diferentes partes del mundo poseen fuerzas combinadas "en un espíritu de cooperación global", dirigidas hacia la "apertura de nuevos mercados" tanto en la economía legal como en la ilegal. De acuerdo con un observador, "los grupos criminales funcionan mejor que la mayoría de las 500 compañías de Fortune (...) con organizaciones que se asemejan más a General Motors que a la tradicional mafia siciliana". Según una declaración del director del FBI, Jim Moody, a un subcomité del Congreso estadounidense, las mafias de Rusia "cooperan con grupos criminales de otros países, incluyendo los establecidos en Italia y Colombia (...) La transición hacia el capitalismo (en la ex Unión Soviética) ofreció nuevas oportunidades que fueron rápidamente aprovechadas por esas organizaciones".
Asimismo, los grupos criminales colaboran cotidianamente con empresas comerciales que invierten en una variedad de proyectos "legítimos", lo cual no sólo les ofrece la oportunidad de lavar su dinero de procedencia ilícita, sino también de acumular riqueza en un marco legal. Estas inversiones se realizan en inmuebles de lujo, espectáculos, editoriales, medios de prensa y servicios financieros, pero también en empresas de servicio público, manufactura y agricultura.
En Estados Unidos, la mafia invierte tanto en inmuebles urbanos como en tierras agrícolas. En Tailandia, miles de millones de dólares del Triángulo de Oro de la heroína fueron reciclados por sindicatos comerciales y sociedades secretas de Bangkok hacia inversiones en la industria textil. Asimismo, cientos de millones de dólares de los carteles de la droga mexicanos se destinaron a comprar empresas públicas durante la ola de privatizaciones iniciada bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La criminalización de la política
Para prosperar, al igual que las empresas legales, los sindicatos criminales necesitan amigos en posiciones encumbradas. En el nuevo ambiente financiero mundial, poderosos grupos clandestinos de presión política conectados al crimen organizado cultivan amistad con destacadas figuras políticas y altos funcionarios de gobierno. Este fenómeno es común no sólo en los llamados "mercados emergentes", sino también en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, donde la corrupción es desenfrenada.
En Italia, el ejemplo más patente de Europa, la Cosa Nostra invadió todo el ambiente político. Además del ex primer ministro Giulio Andreotti, procesado por recibir dinero de la mafia, cerca de 3.000 funcionarios y ejecutivos de corporaciones fueron investigados o acusados por corrupción.
La naturaleza del Estado y de la estructura social se han transformado. En varios países de América Latina, los carteles de la droga invadieron el aparato estatal y se integraron al partido político gobernante. Como quedó en evidencia en el escándalo del Partido Liberal de Colombia, el cartel de Cali realizó importantes contribuciones para la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, y en 1995, más de una docena de miembros del Congreso, el contralor, el fiscal general y el ministro de Defensa fueron procesados por aceptar pagos de esa organización.
De manera similar, los asesinatos políticos ocurridos en México en 1994, en los que estarían involucrados el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, sacaron a luz el papel de los carteles del narcotráfico en el gobernante Partido Revolucionario Institucional. El zar de la droga Juan García Abrego tenía al hermano del presidente como patrocinador. En Bolivia, desde mediados de los años 80, los sucesivos gobiernos de coalición también tendrían vínculos con los narcotraficantes.
En Venezuela, las "narcomafias" habrían utilizado para lavar su dinero al mayor banco comercial del país, el Latino. Antes de su espectacular colapso junto a otros 19 bancos del país en 1994, el Banco Latino era controlado por la familia de Pedro Tinoco, quien también fue presidente del Banco Central bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y tuvo un destacado papel en el diseño del programa de ajuste estructural aplicado a partir de 1989. (Ver Geopolitical Drug Watch, No. 51, enero de 1996, p. 8). En palabras de un observador, "los cárteles de la droga crearon una relación simbiótica entre la economía y las estructuras políticas" (declaración de Alejandro Reyes, de la Universidad Nacional de Colombia, citado en Anna Proenza, "De la concentration verticale à la multiplication des cartelitos", Le Monde Dossier et Documents, enero de 1996).
Aquí, como en el resto del mundo, tales relaciones permitieron a las organizaciones criminales ejercer una influencia decisiva sobre la política macroeconómica. En varios países latinoamericanos, los programas de ajuste estructural fueron adoptados por políticos directamente vinculados a carteles de la droga. "Dinero encubierto"
El área gubernamental de los servicios de inteligencia parece tener una especial propensión al intercambio de favores. Desde el fin de la segunda guerra mundial, los organismos occidentales de inteligencia desarrollaron una compleja relación con el narcotráfico en particular. En un caso tras otro, el dinero de la droga lavado en el sistema bancario internacional financió operaciones encubiertas.
Reciclando dinero sucio
La mayor parte de las ganancias recaudadas por organizaciones criminales, sin embargo, es reciclada mediante canales perfectamente normales, con la ayuda de sus contrapartes legítimas. El dinero sucio y encubierto se deposita en bancos comerciales que lo usan para ampliar sus préstamos a empresas legales e ilegales, y también se canaliza hacia inversiones "respetables" en artículos primarios, acciones y bonos gubernamentales. En muchos países, es a través de estos bonos que las organizaciones criminales, acreedoras de gran parte de la deuda pública, ejercen una influencia tácita sobre la política macroeconómica del gobierno.
Con tantas cosas en común, no es sorprendente que el mismo sistema financiero que favorece a los bancos y empresas legales sirva a las organizaciones criminales. Las leyes que promueven la huida de capitales a paraísos fiscales offshore ayudan no sólo a personas de fortuna a sacar de su país "dinero negro" (que evadió al fisco), sino también a las mafias a cambiar de lugar sus ganancias mal habidas. En ambos casos, los bancos cobran suculentas
Comisiones sobre las transacciones. Los bancos comerciales también lucran prestando grandes sumas de dinero a organizaciones criminales. Estas inyecciones de capital apoyan la expansión de la economía criminal, así como la penetración de la economía legal por el crimen organizado. Las mafias, a su vez, realizan importantes inversiones en bancos comerciales -a algunos de los cuales controlan- y en firmas jurídicas y de corretaje que pueden resultar tan útiles como redituables. El experto Jonathan Harris estima en forma conservadora que el sistema bancario de Estados Unidos lava al año 100.000 millones de dólares del crimen organizado, utilizando algunos de los mayores bancos de Manhattan. Otro estudio destaca el papel de las grandes empresas de inversión de Nueva York y de los agentes de cambio de moneda y lingotes de oro de Wall Street en el lavado de dinero de los carteles de la droga. Aunque hay numerosos casos documentados de lavado de dinero, los procesamientos penales invariablemente se limitan a sucursales bancarias. Muy pocos bancos fueron sujetos a juicio. Por ejemplo, en un acuerdo judicial realizado en 1994 en Houston, el American Express International Bank fue multado en siete millones de dólares y se le decomisaron 25 millones para arreglar acusaciones de lavado de dinero. "El juicio contra el American Express surgió a partir de cargos criminales presentados contra dos directores del banco que trabajaban en Beverly Hills, California, condenados por mover fondos a través de cuentas del banco controladas por empresas creadas en las islas Caimán. Para obtener el acuerdo, funcionarios federales aceptaron renunciar a una acusación penal del banco. "Decidimos que la actividad criminal no había invadido toda la empresa, sino que se limitaba a una sucursal", explicó el abogado estadounidense David Novak. (Russell Mokhiber, "El dinero sucio de Amex", Multinational Monitor, diciembre de 1994).
 
 
 
Los paraísos bancarios offshore Casi todos los caminos dentro de esta red financiera conducen a paraísos bancarios offshore. Es aquí que interactúan las organizaciones criminales y los representantes de los mayores bancos comerciales del mundo. Las mafias aprovechan los servicios ofrecidos y los avances en telecomunicaciones y tecnologías bancarias. Sin tener que pasar billetes a través de las fronteras internacionales, se mueven y ocultan las ganancias de su tráfico ilícito mediante una red de escondites offshore y un laberinto de compañías-fachada anónimas. La privacidad, tecnología y falta de regulación que atraen a los criminales son las mismas que facilitan el flujo de dinero legal entre una empresa matriz y una subsidiaria-fachada. En Luxemburgo, las islas del Canal de la Mancha, las islas Caimán, Vanuatu, las Islas Cook y otros 50 lugares, muchos de los principales bancos del mundo establecen filiales privadas que ofrecen "un servicio discreto y personalizado" para la creación de cuentas exentas de impuestos. Además, se puede acceder a estas cuentas mediante una tarjeta Visa y cajeros automáticos desde cualquier parte del mundo. Pese a su ubicación geográfica, estos paraísos offshore son esencialmente apéndices del sistema bancario occidental. Los del Caribe, por ejemplo, fueron establecidos bajo la legislación bancaria británica, con asesoramiento técnico de bancos occidentales. Estas filiales son idénticas entre sí y se basan en leyes británicas que aseguran total privacidad y establecen sanciones penales para los empleados del banco que revelen información sobre clientes o el propio banco. De esta forma, en el sórdido ambiente de la banca offshore, los bienes de la mafia están protegidos por el código penal.
Es bajo esta protección que las organizaciones criminales han florecido. La magnitud de la banca offshore es inmensa y desconocida, dado que no se informa sobre gran parte del dinero depositado. La empresa de inversión estadounidense Merrill Lynch estima en forma conservadora que la riqueza de personas naturales manejada en cuentas bancarias de paraísos fiscales offshore suma unos 3,3 billones de dólares. Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en 5,5 billones de dólares los activos offshore de corporaciones e individuos, una cifra equivalente a 25 por ciento del ingreso total mundial. Además, la riqueza en gran parte mal habida de élites del Tercer Mundo depositada en cuentas numeradas se estima en 600.000 millones de dólares. Un tercio de esa cantidad está colocada en Suiza. Aunque Suiza sigue siendo el paraíso favorito, con más de 40 por ciento de los activos offshore ocultos en sus cuentas bancarias no residentes, tiene numerosos competidores, tanto por riqueza legítima como ilegítima. Las pequeñas islas Caimán, con más compañías fiduciarias y bancos registrados que habitantes, constituyen el quinto mayor centro bancario del mundo. No sólo los banqueros, sino también los agentes de cambio y los administradores de fondos de pensión y fondos mutuos utilizan las instituciones offshore. Con la desregulación que caracterizó a la década del 80, los centros del Caribe pasaron a jugar un papel importante en los acuerdos sobre la moneda europea a través de subsidiarias registradas de bancos estadounidenses.
Las grandes compañías de seguro también utilizan la cobertura offshore para ayudar a las firmas a establecer "subsidiarias cautivas" que reciben primas de seguro "para cubrir el riesgo de la empresa matriz". Tanto las empresas como los criminales utilizan los paraísos fiscales para reciclar sus ganancias hacia una variedad de actividades comerciales que incluyen inversiones de alto riesgo y "depósitos de dinero caliente" en las bolsas de valores periféricas del sudeste asiático y Europa oriental. De esta forma, el dinero negro y el sucio se transforman rutinariamente en "dinero caliente", que consiste principalmente en depósitos a corto plazo altamente especulativos, a menudo administrados por grandes empresas de inversión. El efecto de estos paraísos offshore es una masiva evasión fiscal, inmensas reservas de fondos corporativos bajo la forma de dinero libre de impuestos y una fuga de capitales de tales dimensiones que deja a las economías nacionales, ya débiles y severamente endeudadas, devastadas e incapaces de funcionar. Esta huida de miles de millones de dólares reduce dramáticamente los ingresos del fisco, paraliza los programas sociales, incrementa el déficit presupuestal y estimula la acumulación de una gran deuda pública.
Deuda global, drogas y medicina económica
El papel del tráfico ilícito y el lavado de dinero en el agravamiento de los problemas de la deuda nacional es particularmente importante. La caída del precio mundial de los artículos de consumo y la resultante crisis de la deuda de comienzos de los años 80 contribuyeron a diezmar los ingresos de la exportación en los países en desarrollo. Luego, cuando la deuda aumentó, los acreedores internacionales impusieron los programas de ajuste estructural instigados por el FMI, que requieren estrictas medidas de austeridad, el remate de las industrias del Estado, el congelamiento de la inversión pública y la reducción de los créditos a agricultores e industriales. El desempleo desenfrenado y la caída del salario real resultantes provocaron una crisis de la "economía legal". El colapso simultáneo de las exportaciones y los mercados domésticos creó un vacío en el sistema que permitió una dramática expansión de la economía clandestina. En muchos países, la producción ilícita se transformó en el sector fundamental de la economía, la principal fuente de cambio de moneda y un campo fértil para las organizaciones criminales. En Bolivia, la Nueva Política Económica patrocinada por el FMI, adoptada en 1985, contribuyó a la desaparición de las exportaciones de minerales y a despidos masivos en el consorcio estatal minero Comibol. Sin empleo, los mineros despedidos utilizaron sus indemnizaciones para invertir en el cultivo de coca, impulsando así el narcotráfico. De manera similar, la "estabilización económica" y el programa de ajuste estructural de Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori crearon un caos social y económico. El shock de agosto de 1990, que incluyó una multiplicación del precio de los combustibles por 30 de la noche a la mañana, llevó a los agricultores que vivían apretadamente del cultivo de café, maíz y tabaco a dedicarse al cultivo de coca. Según la ONU, "las actividades de la mafia se vieron facilitadas por los programas de ajuste estructural que los países endeudados se vieron obligados a aceptar para poder recibir préstamos del FMI". (Ver Departamento de Información Pública de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York, 1995, p. 2).
Los vínculos del sistema estatal peruano con los carteles de la droga fueron analizadas en varios informes de prensa de México y Perú. Según la declaración del "padrino" de la cocaína Demetrio Limonier Chávez a una corte de justicia peruana en 1996, el abogado Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y el principal asesor de Fujimori, encabezaba una red de tráfico de drogas y armas junto con el hermano del presidente, Santiago Fujimori. (Ver The Geopolitical Drug Dispatch, París, No. 62, diciembre de 1996, p. 8). Pero la estrecha correlación entre las presiones de la deuda y el aumento de la actividad de la mafia no se limita a América Latina y a los triángulos asiáticos de la droga. En Africa, cuando se levantaron las barreras comerciales -siguiendo el consejo de instituciones financieras internacionales establecidas en Washington- y los excedentes de granos de Europa y Estados Unidos se volcaron al mercado doméstico, la producción agrícola local cayó verticalmente. Ante el declive del autoabastecimiento de alimentos y el aumento de la deuda externa, muchos agricultores sustituyeron sus cultivos de productos alimenticios por el de cannabis. En Marruecos, las ganancias del cultivo de hachís equivalen actualmente a los ingresos combinados de todas las exportaciones agrícolas legales del país. En Costa de Marfil, los cultivadores de cacao se están dedicando al ganja, una variedad local de la marihuana con un excelente potencial de exportación. Y en otros países africanos, las mafias de la droga también lograron introducirse en la política local. El modelo se repite en el antiguo bloque soviético. La "fuerte medicina económica" impuesta por los acreedores externos contribuyó a la ampliación de la economía ilícita, que se alimenta de la pobreza y la desarticulación económica. En Ucrania, por ejemplo, el "tratamiento de choque" patrocinado por el FMI y aplicado en octubre de 1994 sembró el caos: de un día al otro, el precio del pan aumentó 300 por ciento, la electricidad 600 por ciento y el transporte público 900 por ciento. Junto con el levantamiento de subsidios y el congelamiento de los créditos, las reformas contribuyeron a debilitar la economía de Ucrania. La liberalización económica también abrió la puerta al vertimiento en el mercado doméstico de excedentes de granos estadounidenses y "ayuda alimentaria", que contribuyeron a la desestabilización de uno de los mayores productores de trigo del mundo. El Geopolitical Drug Watch, con sede en París, confirmó que, a medida que disminuye la producción de trigo en Ucrania, el cultivo ilegal de opio aumenta rápidamente. La dinámica es la misma en la ex Yugoslavia, donde la agricultura local está siendo sustituida por el cultivo de amapola y la fabricación de heroína, controladas por la organización italiana Sacro Corona Unita.
 
 
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(Agencia Paco Urondo)