Opinión: La Justicia como sostén del “régimen”

Opinión I A 200 años de los profundos cambios producidos en la tierra donde habitamos, parece apropiado reflexionar sobre el Régimen que nos han impuesto los poderosos en nuestra Patria Grande. Ese Régimen es el sistema político, social y económico que se ha erigido desde el siglo XIX y se ha sostenido vigorosamente hasta nuestros días. La imposición del Régimen ha variado; desde la implementación mediante gobiernos dictatoriales hasta la cooptación de los partidos políticos populares, el objetivo ha sido también encausar el descontento popular y luego, a través del periodismo, la universidad y la escuela acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar el aparato de su despojo. El Régimen como tal, implica valores y principios que diferentes gobiernos han tolerado o fomentado, y los grandes grupos de poder han sostenido fervorosa y sangrientamente.

Su principio geopolítico ha sido la construcción de un país “chico” mirando al puerto, como un gran embudo por el que nuestras riquezas naturales (y humanas) se han ido para provecho de potencias extranjeras y escasas familias acomodadas en el país. No tuvieron inconvenientes en “desprenderse” de regiones “molestas” como el Alto Perú (Bolivia) o Uruguay. Su ideario se basó en el liberalismo económico y el conservadurismo político. Sus herramientas fueron el fraude electoral o los golpes de estado y la implementación de la corrupción como sistema de gobierno para hacer política y negocios. Implicó la imposición de los privilegios de ciertas minorías sobre la casi totalidad del pueblo.

Este Régimen no se sostuvo solamente por el uso de la fuerza sino que ha necesitado un sistema judicial prevaricador. La prevaricación es el delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta. Necesitaron implementar una “justicia injusta”, un sistema judicial embarullado, cuya finalidad fuera que de una misma ley pudiera exonerarse a un gran ladrón amigo, consentir la entrega casi gratuita del patrimonio público a manos privadas locales o extranjeras, y a la vez sancionara de manera cruel (por ejemplo) el abigeato de ganado enla Pampa Húmeda, cometido por gauchos o indios hambrientos, o el sinfín de delitos que pudieren perpetrar los hijos de nadie.

La resistencia del Régimen judicial al avance popular

Nuestra Carta Magna dispone un equilibrado sistema, enmarcado dentro del orden republicano, pero el Régimen ha sabido esconderse detrás de la legalidad y la modernidad para retener el poder real. Detrás de una Corte de Justicia llamada independiente, de jueces inferiores, en el orden federal y en las provincias, ha estado el Régimen agazapado, sosteniéndose sin ceder ni un tranco en su esfera de poder. Así preservó para sí mismo la facultad de designar los jueces, convirtiendo al poder judicial en un anexo a donde iban los miembros de las familias poderosas. Salta fue un claro ejemplo de ello, una mayoría de jueces serviles al Régimen, dispuestos a castigar la rebelión y a premiar el sometimiento.

Una justicia que miraba para otro lado mientras se desposeía a los pobres, a los “negros”, pero eficiente cuando había que castigar el robo menor; porque ¡cómo permitir el robo de ganado de nuestras estancias! La propiedad privada es sagrada, sobre todo cuando es la de los poderosos. Un sistema judicial en donde ciertas familias colocaban a sus miembros y eso aseguraba impunidad.

Difícil tarea, porque ¿cómo lograr que cuando un amigo, por ejemplo, corta un camino público con una tranquera se resuelva que “se trata de cuidar su propiedad” y cuando un campesino coloca ramas en un camino en desuso se disponga que sea procesado por “obstrucción”? ¿Cómo llegan siempre las grandes empresas hasta la Suprema Cortey nunca un hijo de vecino?  La ley 48 de 1863 que regula la apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un ejemplo de la imposición del Régimen, ya que mediante la reglamentación de dicha ley se fue obstaculizando la llegada hasta el máximo Tribunal al punto tal que resultaba casi imposible a los ciudadanos acceder. Hubo momentos puntuales en la historia de nuestro país en donde el máximo órgano del Poder Judicial ha sentado precedentes y ha dejado en claro al servicio de quien estaba.

¿Al servicio de quién está la Corte?

Así nos remontamos al 6 de septiembre de 1930 cuando José Félix Uriburu representante de la oligarquía terrateniente y con importantes vínculos en nuestra querida Salta, alineado con el fascismo italiano derroca al presidente Irigoyen cerrando así el primer capítulo de los gobiernos populares de nuestra historia; tan solo cuatro días despuésla Suprema Cortede Justicia emite un Acordada en la que justifica el aberrante hecho y de ese modo deja sentada la llamada “doctrina de los gobiernos de facto”.La Acordadaestablece la conformidad del Poder Judicial a la violenta ruptura del orden constitucional.

Irigoyen fue el primer caudillo popular -desde la sanción dela Constitución-elegido presidente; gobernó para los excluidos y el Régimen mismo, usando la espada de Uriburu se encargó de ponerle fin.La Cortese muestra como sostén del Régimen, sentando los precedentes en base a los cuales se fundarán jurídicamente las futuras dictaduras militares. A lo largo del siglo XX gran parte del Poder Judicial estuvo consintiendo, la interrupción del orden constitucional, dictando sentencias basadas en los decretos de dictaduras. Los golpes de Estado fueron una de las herramientas más eficientes que el Régimen tuvo para encausar el país dentro de sus parámetros cada vez que las fuerzas populares podían arrebatarle una cuota de poder.

Las terribles dictaduras llevadas a cabo por las fuerzas armadas con complicidad de civiles, tuvieron siempre el objetivo claro de des-andar el camino elegido en beneficio de las grandes masas, y re-acomodar la economía, la educación, etc. dentro de los límites que el Régimen consideraba aceptable. Es decir estaba permitido gobernar, pero no ejercer el poder real pues ante cualquier intento estaban prestas las fuerzas armadas para someterla República. Hubogestiones de gobierno que lograron poner en serio peligro la supervivencia del régimen, en nuestra opinión esto sucedió durante el segundo gobierno de Perón y en la breve “primavera camporista”.

Hubo otros momentos en que las fuerzas populares supieron al menos poner un freno, así es digno de destacarse que durante la reforma constitucional de 1994, en pleno unicato neoliberal menemista, se estableció en el Art. 36 que dispone: “Esta constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Estos actos serán insalvablemente nulos.  Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el art. 29 (ser considerados infames traidores a la patria), inhabilitados para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas…”. Esta es la respuesta del Pueblo ala Acordada dela Corte de 1930, 64 años después y para decir: ¡señores, no habrá impunidad!

¿Y en Salta?

Salta no ha sido ajena a la cuestión planteada, y sufre de un cuadro aún más gravoso, en donde el Poder Judicial está preso de sectores poderosos. Contamos sin dudas con funcionarios judiciales que desde sus puestos intentan día a día cumplir con sus funciones, ejerciendo la magistratura de modo digno, pero son los más los jueces y secretarios al servicio del régimen. Para advertir este manejo, nótese el regalo que dejó Juan Carlos Romero cuando nombró antes de dejar su cargo de gobernador a dos jueces parala Cortede Justicia, en procesos acelerados y cuestionados. ¿Qué finalidad tuvo cubrir vacantes de mucho tiempo cuando su sector había perdido las elecciones? ¿No sería para obtener impunidad?

Uno de los designados fue responsable de la seguridad de los salteños, trabajando con Nazario (quien figura como denunciado en los archivos de la CONADEPpor graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos), y responsable político al menos de dos hechos sangrientos perpetrados por la policía en contra del Pueblo en la era romerista, como la tristemente recordada noche de las tizas. También fue procesado y sobreseído (¡claro!) por su responsabilidad en el violento desalojo del Bº San Expedito. (Sobre esta causa vale la pena recordar que la fiscal encargada de presentar la apelación al sobreseimiento “se habría dormido” y habría dejado el escrito 7 minutos después de vencido el plazo.)

La gestión actual no parece haber impulsado cambios suficientes que permitan creer que los salteños recuperaremos en algún momento uno de nuestros tres poderes, el Judicial. Según nuestra Constitución Nacional el gobierno está ejercido por tres poderes, y en mayor o en menor medida los sectores populares hemos logrado acceder al poder legislativo y al poder ejecutivo, no obstante ello hay otro de los poderes, el Judicial, que casi imperturbablemente se ha mantenido al servicio del régimen. El camino de una auténtica reforma comenzó durante la presidencia de Néstor Kirchner al designar a nuevos miembros enla Cortede Justicia, oxigenando tribunales y jurisprudencia.

Lamentablemente pareciera que la reforma se detuvo y no ha logrado resultados notables en los demás tribunales inferiores en donde el régimen tiene aún a la mayoría de sus adeptos. En los últimos tiempos se puso en boga la adjetivación de “partido judicial” para referirse a aquellos jueces que al servicio del régimen se pusieron prestos para detener los avances de los sectores populares, por ejemplo en la aplicación de la ley de medios. (En Salta tuvimos a un juez federal que dictó una medida en contra a pedido de la diputada romerista Daher.)

Nos queda a los sectores populares la difícil tarea de recuperar uno de los poderes del Estado que ha sido refugio, garante y sostén del Régimen. Parafraseando a Jauretche: Hasta que un día el paisano acabe con este infierno, y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija: o es pa' todos la cobija, o es pa' todos el invierno. (Agencia Paco Urondo)