fbpx Polémica en Espacio para la Memoria: la eficiencia no es un derecho humano
DDHH //// 16.08.2010
Polémica en Espacio para la Memoria: la eficiencia no es un derecho humano

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Noticias Urbanas, por Horacio Ríos)A sus autoridades se les cuestiona su falta de gestión y la demora en reglamentar la ley de asistencia de testigos y querellantes víctimas del terrorismo de Estado.
Un inesperado conflicto surgió en el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un ente creado por ley en diciembre de 2002, pero cuya puesta en marcha se demoró hasta la sanción del decreto que la reglamentó, en julio de 2003. El organismo debe mantener viva la memoria acerca del terrorismo de Estado, ejecutar las obras de mantenimiento de los antiguos centros clandestinos de detención e integrarlos a la memoria urbana, además de colaborar con los organismos del Estado en las tareas de preservar los documentos y generar publicaciones para que lo ocurrido nunca vuelva a ocurrir. A raíz de diferentes hechos que se fueron sucediendo a lo largo del último año, Hijos, Abuelas y el CELS se retiraron del Instituto, en tanto que Familiares se partió en dos a raíz del conflicto. Los disconformes denuncian en especial los manejos de Ana María Careaga, directora ejecutiva de la institución, y de su secretaria ejecutiva, María Cecilia Piñeiro.  El primer punto que alegan los denunciantes es la falta absoluta de políticas y de gestión. Además, acusan a sus directivos de haberse fijado altos salarios, diez veces mayores que los sueldos de sus empleados, y de maltratar y perseguir a muchos de los trabajadores, a los que les cambian los horarios y los amenazan cuando protestan por eso. Incluso, existen varias denuncias contra las funcionarias nombradas anteriormente, realizadas por empleados del organismo en sedes administrativas, aunque no en sedes judiciales. LAVARSE LAS MANOSTodos estos conflictos no pasarían de ser una anécdota si no hubieran aparecido otros, mucho más graves. El 27 de noviembre de 2008, la Legislatura porteña sancionó la Ley 2.939, que fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de enero de 2009, que establece la asistencia y contención que se debe brindar a los querellantes y testigos que fueron víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales que se estaban sustanciando en los tribunales. La ley previó que hubiera asistencia psicológica, que debía brindar un equipo de trabajo formado por profesionales, técnicos y administrativos con antecedentes en la materia. Preveía también la articulación entre los letrados, los denunciantes y los organismos de derechos humanos entre sí y también con el Poder Ejecutivo Nacional y con el Poder Judicial de la Nación. Pero apareció un problema: toda ley debe ser reglamentada y ésta no es una excepción. El 27 de marzo de 2009, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, Helio Rebot, envió el expediente al Instituto Espacio para la Memoria para que se ocupara de reglamentar la norma. Pero la secretaria ejecutiva del IEM contestó que no le correspondía a su área esta acción, alegando que la Subsecretaría debía ser la encargada de cumplirla.Finalmente, el 27 de noviembre de 2009 –obsérvese que había pasado un año desde la sanción de esta imprescindible ley–, Rebot envió el expediente a la Procuración General para que se expidiera en el conflicto. Ésta falló que el organismo que reglamentara la ley debía ser el IEM. Vale recordar que mientras el IEM se negaba a reglamentar la ley, en la Ciudad se desarrollaron los juicios contra el gendarme Víctor Rei por la apropiación del niño Alejandro Sandoval y el que culminó con la condena del general Jorge Olivera Róvere, sentenciado a prisión perpetua por la comisión de más de 100 crímenes de lesa humanidad.  Por otra parte, se están desarrollando aún los juicios por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el que hay 19 imputados, y el conocido como ABO, que incluye a los represores que actuaron en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. Esto, sin olvidar que ya comenzaron los juicios relacionados con el Vesubio y con Orletti, que incluye el Plan Cóndor.  Que los miembros de un organismo estatal relacionado con los derechos humanos se nieguen a acompañar, asesorar y contener a las víctimas del terrorismo de Estado y a sus familiares, que es una de las funciones específicas a que los obliga su cargo, es de tal gravedad que su actitud debería ser objeto de análisis y, eventualmente, de condena.  UN INSTITUTO QUE DEBERÍA SER INDISCUTIBLEEl Instituto Espacio para la Memoria fue creado por la Ley 961 para resguardar y transmitir la historia “de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años 70 e inicios de los 80 hasta la recuperación del Estado de derecho”. La directora ejecutiva del Instituto es Ana María Careaga, una sobreviviente de la dictadura que estuvo secuestrada durante cuatro meses del año 1977 en el campo de detención conocido como Club Atlético. Su madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada en la Iglesia de Santa Cruz, donde se había infiltrado Alfredo Astiz bajo el alias de Gustavo Niño. Aún permanece desaparecida. La secretaria ejecutiva del Instituto es María Cecilia Piñeiro, una abogada que revistó en la Defensoría del Pueblo y en el área de Atención a las Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto cuenta con un Consejo Directivo del que formaban parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Abuelas de Plaza de Mayo; Hijos por la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh); el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj); Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Las funciones del organismo son: guardar el material testimonial del terrorismo de Estado; promover la creación de redes de información con otros organismos similares; recuperar e incorporar a la memoria los predios donde funcionaron los centros de detención clandestinos; realizar exhibiciones y eventos de difusión para concientizar sobre los derechos humanos; realizar publicaciones gráficas sobre el tema y organizar conferencias, tareas de capacitación y de estudio sobre derechos humanos.
 

 
(Agencia Paco Urondo)