“Las abuelas nunca nos arrodillamos, les pido que no se arrodillen”

Por Rocío Cereijo

El plenario de esta tarde del Consejo de la Magistratura tuvo gran concurrencia de Organismos de derechos humanos, funcionarios públicos  y querellantes que pidieron el apartamiento de los dos magistrados por haberse realizado de manera inadecuada. Entre los presentes se encontraban el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto; el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat; el ex Fiscal bahiense y ex presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón; el titular de la Asamblea Permanente por los derechos humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo; la referente de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, Alejandra Santucho y los Fiscales Generales denunciantes, José Nebbia y Miguel Palazzani.

Este último, ante la invitación de los consejeros, habló sobre la situación judicial bahiense actual, en relación a las trabas que estos magistrados y sus secuaces ponen de manera contínua en las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Palazzani hizo un recuento de algunos episodios que dan cuenta del accionar de esta corporación judicial que, por ejemplo, intenta atomizar las causas en las que se denuncian estos tipos de delitos: “es un desconcepto abordar el fenómeno criminal del genocidio en Argentina atomizando e invisibilizando, justamente el grupo identitario que quisieron exterminar”.

Otro de los casos que recordó el Fiscal General fue el del ex Capellán Aldo Vara, genocida que visitaba los centros clandestinos de detención de Bahía Blanca. En el veredicto y en la sentencia de la causa 982, primera fallada en la ciudad referida a crímenes de lesa humanidad, se ordenó la investigación de su accionar. Ante el pedido de indagatoria de los fiscales Nebbia y Palazzani, el juez Martínez sostuvo que no había elementos para citarlo. Estas dilaciones, más el hecho de que estuviera prófugo un tiempo, contribuyeron a que triunfara la impunidad biológica: Aldo Vara Murió impune. Cabe destacar, que este católico represor tenía información de los dos bebés nacidos en cautiverio en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca: los hijos de Graciela Alicia Romero de Metz y de Graciela Izurieta.

Como si esto no bastara, también los magistrados acusados intervinieron en la causa iniciada contra Vicente Gonzalo Massot, único miembro vivo de la junta directiva del diario La Nueva Provincia, que se desempeñó durante la última dictadura. El pedido de investigación del medio también surge del fallo de la causa 982, que ordenó indagar acerca de su “acción psicológica” en la perpetración del terrorismo de Estado. Ante el extenso pedido de imputación de los Fiscales, en una resolución que se realizó tan sólo veinte días, Pontet resuelve la falta de mérito a Vicente Massot. Un dato llamativo es que afirmaba allí haber indagado en los diarios de los ocho años; es decir 2796 ejemplares en un tiempo récord. Pero eso no fue todo: el archivo, secuestrado por la Unidad Fiscal especializada en Derechos Humanos jamás fue consultado por los magistrados y el que se encontraba en la Hemeroteca de la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca no estaba completo.

El último punto que abordó Palazzani, fue el de las investigaciones que encabeza su colega Nebbia en relación a los delitos contra la integridad sexual que sufrieron las víctimas de los CCD de Bahía Blanca. A pesar de la gran cantidad de testimonios de mujeres (sin profundizar en lo que significa haber padecido tal tormento; más aún relatarlo luego de treinta años), para Martínez  no formaron parte del Plan Sistemático implementado por el Terrorismo de Estado; “es decir, esto les permitía decir, incluso, que no eran delitos de lesa humanidad”, destacó Palazzani.

Previo a la votación, los referentes de los organismos de derechos humanos tomaron la palabra. El primero en hacerlo fue Hidalgo, de la APDH de Bahía Blanca, quien afirmó: “Tenemos por delante un funcionario que lo que hace es prestarse al bloqueo permanente de cualquier circunstancia que avance sobre la cuestión más grave. En el medio de esto se nos han quedado compañeros que también lucharon a la par nuestra”. La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue contundente con su pedido a los consejeros: “Las abuelas nunca nos arrodillamos; les pido que no se arrodillen, señores”. Además, respecto de la vigencia democrática dijo: “Estamos desestabilizando si desde la justicia no se hace lo que corresponde”, más aún en hechos juzgados “tardíamente”.

Alejandra Santucho, referente de H.I.J.O.S. Bahía Blanca sostuvo: “Los familiares, los hijos, todos; no nos merecemos, en este momento, retroceder treinta años. No nos merecemos tener ese sentimiento de que volvimos a la década en la que a nadie le importaba lo que nos pasaba”. Finalmente, el ex Fiscal bahiense Hugo Cañón pidió a los consejeros: “Acudo, más que a los formalismos que se trate de fundamentar aquí, a la ética y a la moral que debemos rescatar”.

Además del apartamiento del juez subrogante Claudio Pontet y del secretario Santiago Ulpiano Martínez, se designó a Alejo Ramos Padilla, magistrado titular del Juzgado Federal de Dolores, como juez subrogante en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, hasta hoy a cargo de Martínez. Aún resta investigar las presiones que estos funcionarios judiciales ejecutaron para forzar la salida del juez subrogante Álvaro Coleffi.

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