La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual

 Por Rocío Cereijo

En el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad de Buenos Aires. El encuentro tuvo como panelistas a su Presidente Adolfo Pérez Esquivel; a su flamante consultor académico y Ex Presidente, Hugo Cañón; a  la coordinadora del Área del Comité Contra la Tortura, Alicia Romero; al coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares; al Pro-Secretario, Roberto Cipriano García y en representación de los familiares de detenidos en penales bonaerenses, Elvira Meza.

El Presidente Pérez Esquivel destacó, en primer lugar, la necesidad de pensar “hacia dónde va nuestra sociedad […] porque cada día estamos sumergidos más en un Estado policíaco”. En esta línea, también afirmó que es perjudicial el aumento de los efectivos policiales. En segundo lugar, destacó que la presentación de este informe anual debe hacer reflexionar a los candidatos para las próximas elecciones en un contexto donde “aumentan considerablemente, en una forma muy preocupante, los presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, destacó que las problemáticas que se abordan en el Informe 2015, son “un problema estructural, no sólo de este gobierno […] que se viene arrastrando”, producto de “las deficiencias edilicias, la superpoblación carcelaria: de esas cárceles no puede salir nadie rehabilitado o en condiciones dignas”. En este sentido, afirmó que para que las democracias no se debiliten: “Lo importante es encarar políticas de prevención y seguridad social y no de represión, porque estamos cayendo en sistemas represivos y no de contención”.

Por su parte, el Ex Presidente y actual consultor académico, Hugo Cañón, habló los “nuevos campos de concentración de la modernidad” que se abordan en este informe, donde se da cuenta “de la nueva estigmatización del diferente, de ése enemigo que debe ser eliminado; con gatillo fácil, a través de un balazo por la espalda, con el hambre, con la cárcel que lo va exterminando y triturando como carne humana, como lo dice la Carta Abierta de Rodolfo Walsh”.

Con respecto a esta forma de estigmatización del enemigo, Cañón destacó el rol de los medios masivos de comunicación en aquellas muertes que son invisibilizadas, por pertenecer a los sectores más humildes que, “para el mercado de hoy, es gente sobrante”. Criticó, en esta línea, a ese discurso que se intenta instalar, donde “el linchamiento es un camino legítimo a ser utilizado; limpiarlo a ese otro, liquidarlo a patadas, a aplastarlo en el piso. Y cuando uno reclama justicia, se encuentra con una justicia cobarde, pusilánime, integrada por jueces burócratas […] Hay excepciones muy honrosas, pero son tan pocas, que uno las puede contar y abrazarlos personalmente cuando hacen un rol comprometido”.

El Pro-Secretario, Roberto Cipriano García, hizo hincapié en la incorporación al trabajo de la CPM, del análisis de políticas de Salud Mental en los neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires. “La política criminal impulsada por el actual gobierno provincial ha desencadenado una grave crisis en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires”, destacó el Pro-Secretario, quien también dijo que en el período analizado en el informe se registra la presencia de la mayor tasa de encarcelamiento en la historia. Esto último implica, para García, “una profundización del hacinamiento en cárceles y comisarías y el agravamiento en la situación estructural ya existente en la vulneración masiva y sistemática de los derechos”.

Este informe “da cuenta de 20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en las 9.822 habeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial, sólo por parte de nuestra institución”, sostuvo el Pro-secretario de la CPM. Finalmente, reafirmó, tal como lo había hecho Pérez Esquivel, que “Democracia y derechos humanos deben ser indisolubles” y agregó: “Estas violaciones sistemáticas que persisten en el presente, deben ser tan intolerables como lo son los crímenes de la dictadura; son crímenes que debilitan a toda la comunidad y debilitan el proceso de democratización”.

La coordinadora del Área del Comité Contra la Tortura, Alicia Romero, solicitó a los legisladores que realicen “leyes reparatorias y de protección a las víctimas” que tengan en cuenta, también, a los familiares. Romero agradeció el acompañamiento constante de Hugo Cañón e hizo hincapié en hechos que no fueron abordados en profundidad en el informe y que, sin embargo, resultan relevantes: “Esperábamos que se redujeran la cantidad de niños detenidos en la provincia de Buenos Aires y aumentó el doble […] Hoy tenemos 600 jóvenes detenidos en la provincia de Buenos Aires, únicamente en Institutos de Menores”.

El coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares, habló de la necesidad de pensar en estrategias en función de esas realidades “para evitar caer en la tentación de creer que el problema, solamente, son las condiciones en la que una persona está detenida. El problema es mucho más grave y esa es la gravedad que queremos que los poderes políticos asuman y no lo circunscriban a hechos”. En esta línea, Pomares criticó la declaración de emergencia en seguridad de 2014 en la provincia de Buenos Aires, que provocó, entre algunos aspectos, un incremento de la violencia policial, la persecución de los sectores marginales, un colapso carcelario y el aumento de detenidos en las comisarías; en definitiva, un crecimiento “notorio de vulneraciones a los derechos humanos”.    

Finalmente, en representación de los familiares de detenidos en penales bonaerenses, Elvira Meza, habló de la marginación que sufren quienes han transitado espacios de encierro a la hora de buscar trabajo. Además, Meza relató una anécdota personal donde recordó que fue discriminada por el abogado que debía ejercer la defensa de su hijo, quien sostuvo que su defendido “no era ningún santo”. Hechos como este último sufren muchos familiares que transitan largos procesos judiciales.

Algunos datos del Informe anual 2015:

-El Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) reveló que entre 2013 y 2014, en cárceles bonaerenses hubo 1.136 casos que dieron cuenta de 4.987 hechos de tortura: 470 agresiones físicas, 951 aislamientos, 145 amenazas, 177 traslados constantes, 113 traslados gravosos, 926 hechos de malas condiciones materiales de detención, 833 de falta o deficiente alimentación, 662 de falta o deficiente asistencia de la salud, 152 robos de pertenencias, 444 impedimentos de vinculación familiar y social y 114 requisas personales vejatorias.

-Entre 2008 y 2014 murieron 897 personas, según datos del Comité Contra la Tortura de la CPM. El último año murieron 5 mujeres y 124 varones. El promedio de edad de las personas muertas es de 36 años; se destacan dos bebés de menos de un año y una persona de 75 años.

-Entre 2007 y 2015 se ha dado un incremento del 68% de mujeres encarceladas.

-El trabajo de campo del Comité Contra la Tortura determinó que no existe una sola celda en la Provincia de Buenos Aires que cumpla con los requerimientos básicos de habitalidad en términos materiales.

-Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez: en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires fueron creados 42 Consejos Locales, “la mayoría por presión de las organizaciones y contra la voluntad de los intendentes”.

-Salud Mental: en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero 133 personas fallecieron en el período investigado: 65 en 2012, 59 en 2013 y 9 entre enero y febrero de 2014.

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