Cárceles argentinas: no todos son presos VIP
Por Juan Ciucci
La noticia podía verse en casi todos los canales, vociferada con ese tono de indignación que ya se convirtió en marca registrada de los noticieros argentinos. “Descubren un área de celdas VIP en una cárcel de Santa Fe”, tituló La Nación ayer. Y comentaba que “presos de alta peligrosidad gozaban de inusuales comodidades en un penal de Arroyo Seco; podían usar pantallas led, aire acondicionado y celulares”.
Claro, así presentada, la nota es fértil para el “opinismo” nacional, que en la otrora tribuna de doctrina encuentra versiones desopilantes. “Esto siempre fue así en la Argentina fascista (o peronista, como quieran llamarle). Los delincuentes cuentan con beneficios y privilegios por ser fuerzas de choque de absolutamente todos los partidos políticos y ser funcionales al gobierno de turno. Los que votan peronismo son cómplices de la destrucción del país”, nos ilustra un lector atento.
Lo jocoso queda de lado cuando comprobamos la ausencia de noticias respecto al real funcionamiento de las cárceles en nuestro país, y a las pésimas condiciones que soportan la mayoría de quienes se encuentran privados de su libertad.
La Procuración Penitenciaria de la Nación dio a conocer un comunicado en el que da cuenta de la “crítica situación habitacional de la Unidad 19 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal. El establecimiento aloja hoy a 213 personas pero carece de una infraestructura de servicios adecuada para su correcta gestión”.
Y pasa a detallar lo que allí sucede: “sus servicios están colapsados, faltan insumos elementales como sillas y mesas y el sector destinado a los visitantes es muy precario”. Como resultado “se presentan múltiples obstáculos para una convivencia digna, días atrás la gravedad de la situación generó un fuerte reclamo colectivo de los alojados por el trato al que se ven sometidos sus visitantes”.
La unidad se compone de seis pabellones colectivos. Al inicio de cada pabellón se despliegan las áreas de servicios y en un segundo sector, hacia el fondo, el dormitorio común, donde se despliegan dos hileras paralelas de camas cucheta. El establecimiento fue previsto para una capacidad ideal de 32 personas por pabellón, es decir, un total de 192.
Con el correr del tiempo, se fueron ejecutando sucesivas ampliaciones irregulares en la Unidad. Los pabellones 1, 3, y 5 se usan hoy para alojar a 34 personas y los pabellones 4 y 6 a 36, ello sobre la base de la única novedad de agregar al inicio de cada tira de camas, nuevas cuchetas, sobre un sector originalmente concebido como pasillo de tránsito y sin ninguna ampliación de servicios.
Por eso denuncian que “en los últimos meses, esta práctica irregular se exacerbó de modo inaceptable: se extendieron el tinglado y los muros del pabellón 2 y se ubicaron nuevas camas a las hileras de modo de alojar, ahora a 52 personas. Todo el cuadro se agrava por la paupérrima condición de los sanitarios y del mobiliario y por la pobre calidad de la reforma que, a poco de inaugurada, ya presenta filtraciones”.
La conclusión del comunicado despeja cualquier tipo de dudas: “la estructura sistémica del problema de la superpoblación exige un abordaje profundo y decisiones sólidas y sustentables de política criminal. La PPN ha venido proponiendo distintas acciones para promover una reflexión seria sobre la problemática y la búsqueda de soluciones a corto y mediano plazo que deben ser atendidas”.
La más importante de estas propuestas quizás sea cuando en octubre de 2013 presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular la capacidad operativa de los lugares de privación de libertad con mecanismos de acreditación previa, participación de los actores involucrados, garantías de acceso a la información, procedimientos de alerta y control y un sistema de prevención de sobrepoblación.
En tanto, la problemática de las cárceles sigue por fuera de la agenda política o mediática, o solo ingresa para reafirmar aquel imaginario de “los chorros en las cárceles están mejor que nosotros”. Esa complicidad de los medios de comunicación es la que permite los sistemáticos abusos que sufren las personas privadas de su libertad en nuestro país. Un flagelo que esta década ganada aun no ha sabido enfrentar. Y que los candidatos de cara al 2015 ni siquiera mencionan.
