fbpx Torturas y muerte en La Rioja: no son las personas, es la institución | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 15.02.2018
Torturas y muerte en La Rioja: no son las personas, es la institución

A 24 años del caso Carrasco, un hecho en el noroeste del país vuelve a recordar el caso del concripto asesinado. El homicidio del cadete Emanuel Garay expuso el accionar institucional de las fuerzas de seguridad. 

Por Santiago Asorey y Malena Ambas

El 10 de febrero murió Emanuel Garay, quien había estado cinco días internado debido a las torturas recibidas durante su primer día de instrucción en la Escuela de cadetes de la Policía provincial de La Rioja. Producto de su fallecimiento y de la internación de 13 personas, la policía de la provincia fue descabezada y echaron al secretario de Seguridad. Además, imputaron a ocho oficiales involucrados en los hechos.

Más allá de la vía judicial que sigue el caso. Más allá del pedido de justicia de las familias, una vez más los hechos ponen en escena a la institución policial. No son funcionarios de las fuerzas de seguridad aislados que actúan fuera de la ley. Es una metodología, una bajada de línea fortalecida por cada conferencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es un accionar que se repite en los barrios, en las calles, en cada provincia. Es un hecho que de nuevo nos recuerda el caso de Omar Carrasco, asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en una unidad militar ubicada en la localidad de Zapala, Neuquén. El cuerpo sin vida de Carrasco apareció un mes después de haber sido brutalmente golpeado dentro del establecimiento castrense. Durante ese mes, las autoridades militares le informaron a los padres del Carrasco que “era un desertor”, y negaron que haya sido maltrado. Los padres dudaron de las autoridades militares desde el primer momento. La práctica histórica de la desaparición y el asesinato arraigadas en las fuerzas armadas volvían a resurgir una vez más. Por el homicidio de Carrasco sólo fueron condenados dos soldados, un sargento y un subteniente. Ninguna autoridad militar de jerarquía alta fue condenada. 

24 años después surge un nuevo caso, como si se tratase de una repetición genética que conecta a la fuerzas armadas de las epocas más oscuras con las fuerzas de seguridad de la actualidad. Ahora se tratan de las torturas y el homicidio de Garay en la Escuela Policial de la Rioja que vuelven a exponer ese linaje institucional de espalda a la sociedad, en un nuevo clima de época que lo permite florecer.  Bullrich lo explica claramente en la defensa de la nueva “doctrina” que justifica que un efectivo policial asesine por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, en el barrio de la Boca. Para la ministra “el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su Policía”. Esa presunción de inocencia que ratifica la titular de la cartera de seguridad es una forma de soslayar e invisibilizar esa carga estructural en la formación de las fuerzas de seguridad que conducen a la tortura, a la desaparición forzada y el gatillo fácil. 

“Déjenlo solo que se muera al marica ese", gritaban los superiores cuando Garay ya se encontraba en el piso deshidratado producto de las torturas recibidas. “Dejenla que se muera, una menos”, le decían a Jacquelinen Chumbita ese mismo día en La Rioja. 

El entrenamiento recibido por los aspirantes a policías no dista mucho del posterior accionar de efectivos de las fuerzas de seguridad en delitos cometidos contra los pibes en los barrios del país.“Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”, relató Iván Navarro, joven de 18 años torturado en septiembre de 2016 por efectivos de la Policía Federal y la Prefectura

“Mirá  cómo terminaste, gil. Esposado. Y yo acá diciéndote lo que  tenés  que hacer. Que te quede claro que acá mandamos nosotros, ¿Eh?”, relató Bruno Ciancaglini, periodista de La Vaca luego de que lo llevaran detenido y lo golpearan en Mar del Plata en diciembre de 2016. 

Estos son ejemplos que también se ratifican con estadísticas. La Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires informó que durante el 2016 se registraron 673 casos de torturas y tratos inhumanos en dependencias penitenciarias y comisarías, de las cuales sólo 340 fueron denunciados, mientras que los restantes 333 solicitaron la reserva para evitar represalias.  En este sentido, la tortura recibida por los aspirantes en La Rioja no es un hecho aislado sino que conforma una metodología de enseñanza, un disciplinamiento para luego actuar de la misma manera frente a la sociedad. 

Mientras, Patricia Bullrich continúa con sus declaraciones y respalda cada vez que puede a los efectivos. Marca el camino de las fuerzas de seguridad: “El policía tiene que hacer lo que hizo Chocobar”.