Violencia Institucional //// 18.06.2019
Santiago del Estero: detienen a siete policías por el asesinato de una joven de 17 años

Silvia recibió un disparo por parte de la policía provincial el domingo 16 de junio por la noche. Luego de estar internada 24 horas, la adolescente falleció en el hospital. Este asesinato se dio en un "allanamiento" vinculado con un supuesto robo denunciado en la comisaría local. Organismos repudiaron dicho asesinato y acto de impunidad, y la sumaron a la lista de víctimas de gatillo fácil. 

Por Nicolás Adet Larcher

Silvia tenía 17 años, un hijo de dos años y otro de un mes. El fin de semana, la Policía llegó hasta su casa por un supuesto robo denunciado en la Comisaría Quinta del barrio Gas del Estado de la ciudad de Santiago del Estero. Era casi medianoche.

Cuando golpearon la puerta, Silvia y su hermana se negaron a dejarlos entrar, "vinieron a querer entrar de prepo. Les pedí que nos muestren la orden de allanamiento, o algo firmado por un juez…", dijo la hermana de Silvia al diario El Liberal. “Golpearon a Silvia en frente mío” relataba su hermana, hasta que llegaron algunas personas a defenderlas. La Policía se alejó unos metros, disparando con balas de goma, hasta que una bala de un arma reglamentaria cruzó la cuadra y fue directo a la frente de la joven. Mientras Silvia se desangraba en la calle, los policías subían a sus camionetas y se iban del lugar. A la menor la cargaron en una moto y la llevaron hasta el hospital. La bala le quedó alojada en el cráneo. El cuadro presentaba un disparo que había ingresado en la región “craneofrontal con orificio de entrada, sin salida”, con “pérdida de sustancia, sin reflejos musculares” lo que había llevado a Silvia a permanecer en coma y con un respirador artificial durante toda la jornada del lunes. El martes 18 de junio por la mañana, Silvia falleció. "La abandonaron; en vez de llevarla en el móvil, se fueron. La dejaron tirada como a un perro” relataba su suegra.

Vecinos de la zona y parientes de la joven se movilizaron contra la policía en el barrio y en zonas cercanas, algunas habían sido cerradas por los efectivos de seguridad para evitar el ingreso de otras personas. Siete policías fueron detenidos bajo la imputación de homicidio calificado en grado de tentativa (antes de la muerte de Silvia). Luego de los piedrazos de parte de los vecinos y los balazos de la policía, desde el Ministerio Público Fiscal convocaron a una conferencia de prensa donde participaron el Fiscal General de la provincia, Luis De La Rúa; la coordinadora del área de violencia institucional, Érika Leguizamón y el fiscal que lleva adelante la causa iniciada, Ramón Alfonzo. 

En las últimas horas, el cabo José Abraham confesó ante la fiscalía que él fue el que disparó. Según la hermana de Silvia, él se había acercado a ella para decirle: "Mirame bien a la cara, yo soy el que le metió el cuetazo a tu hermana". 

El caso de Silvia vuelve a poner el foco sobre la policía santiagueña, aunque todavía resta poner el foco sobre las autoridades políticas responsables del control de las fuerzas policiales. La institución ya estuvo en la mira en casos previos como el de Ezequiel Melián, Darío Pérez, Tino Farías, Ramón Vázquez o en el caso de los 34 muertos del Penal de Varones, la peor masacre carcelaria en la historia argentina desde 1983. Hace unos meses  el Tribunal Oral Penal de Santiago había condenado a cuatro policías a cadena perpetua por el asesinato de Ramón Vázquez en 2013, un juicio histórico e inédito en la provincia. Ese caso tuvo la particularidad de quebrar la cobertura de los medios (que solían invisibilizar los casos de violencia institucional), para llevar esas historias a sus portadas. Sobre Vázquez y otros casos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había exigido al gobierno provincial la necesidad de adoptar “políticas de control de las fuerzas de seguridad y dictar leyes necesarias para prevenir estos hechos gravísimos de violencia institucional”. 

Silvia, al igual que Ramón, Ezequiel, Darío, Tino y tantos otros, hoy forma parte de una larga lista de casos de violencia institucional en la provincia. Casos que parecen aislados, pero que forman parte de un accionar que se repite cada tanto, sin muchos costos políticos.