Violencia Institucional //// 28.11.2018
"Las comisarías son una trampa mortal en el 90% de las dependencias de la provincia de Buenos Aires"

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, el director del Programa de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, analizó la masacre de Esteban Echeverría. 

Por Enrique de la Calle

APU: Para aquellos que no conozcan el grave hecho ocurrido en Esteban Echeverría hace tres semanas. ¿Qué fue lo que pasó?

Rodrigo Pomares: Todavía se está investigando. Lo que sí podemos decir tiene que ver con algo que ocurre en la mayoría de las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires. En este caso, la Comisaría 3° de Transradio, en Esteban Echeverría. Estaba en una situación colapsada de gente. Cuando ocurrió el incendio, había 27 detenidos cuando había menos de 10 plazas disponibles. Además, la Comisaría estaba clausurada desde 2011. La Justicia había resuelto que se debían trasladar a las personas detenidas. 

APU: ¿Desde 2011 no podía alojar a detenidos? 

RP: Estaba clausurada por resolución del Tribunal N°5 de Lomas de Zamora y por resolución del ministerio de Seguridad bonaerense. En marzo de este año, fue clausurada nuevamente por el juez de Garantías Javier Maffucci Moore, que ahora es el que investiga lo ocurrido durante el incendio. Según esa resolución no debía haber ni un detenido. La Comisaría no tiene elementos para combatir incendios, no tiene salida de emergencias, las celdas no tienen ventilación. En esa situación se dio una discusión que terminó con un incendio en la celda 1, a partir de la quema de un colchón. Se está investigando cuál fue el temperamento de los Bomberos y de la Policía para apagar ese incendio y rescatar a los detenidos. 

APU: Eso ocurrió en una de las celdas de la Comisaría. ¿Cuántos detenidos había en ese momento?

RP: Había doce detenidos en una celda de tres por tres. Esto es literal: es la medida de esa habitación, donde además hay un "baño", para decirlo de algún modo. Unos días antes, había 16 personas. Pero el día del incendio había 12 personas. Murieron nueve y una está en el hospital, grave. Era una trampa mortal. Es un caso similar al de Pergamino, donde pasó hace poco un hecho muy parecido. Por eso, creemos que deben investigarse las responsabilidades del personal de la Comisaría pero también otros funcionarios que sabían de la situación en la que estaba esa Comisaría y no intervinieron. El propio juez había intimado al ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y a la Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. 

APU: ¿Cuándo fue esa notificación?

RP: Eso fue en marzo de este año. Después, se convocó a una audiencia que debía realizarse en estos días. 

APU: Desde la Comisión Provincial por la Memoria: ¿Están conformes con las intervenciones del juez Maffucci Moore?

RP: Tuvo dos intervenciones. Por un lado, resolvió la clausura y luego intimó a las partes. Aunque estamos observando que muchas veces se resuelve la clausura pero no se hace nada para hacerla efectiva. Hay 200 calabozos, sobre 400, que están clausurados en provincia de Buenos Aires, por resoluciones judiciales o administrativas. Sin embargo, el 80% está funcionando y aloja a detenidos. 

APU: ¿Cómo se da ese cumplimiento? ¿Por qué no se implementa?

RP: Pasan varias cosas. Ante el incumplimiento, el juez abre causas penales para obligar a ese cumplimiento. Las fiscalías no avanzan con esas causas. No se llega nunca a una resolución o condena. Después, hay jueces y fiscales que piden la prisión preventiva para personas en el marco de una investigación judicial. Cuando el Ministerio de Seguridad pide al sistema penitenciario un lugar para alojar a ese detenido, el sistema no tiene cupo. El propio Estado genera esta cosa irracional. Se extiende la prisión preventiva mientras no hay lugares disponibles para alojar detenidos. Terminamos con estas situaciones. Así las cosas, hoy hay 4.042 personas detenidas en comisarías cuando en 2011 había 900. Y hay capacidad para 1.000 personas. Tres de cada cuatro detenidos duermen en el piso o en camas improvisadas. 

APU: ¿Es una situación que cruza a toda la provincia de Buenos Aires?

RP: Hay situaciones muy graves. En el departamento judicial de Lomas de Zamora hay lugar para, en total, 25 personas. Y hay alojadas 900 personas. La mayoría de las comisarías están clausuradas pero se aloja igual a los detenidos. 

APU: En ese contexto, situaciones como la de Esteban Echeverría o la de Pergamino, no son excepcionales. ¿Son hechos que no se repiten todas las semanas de casualidad?  

RP: Es así. Pura casualidad. Las comisarías son una trampa mortal en el 90% de las dependencias de la provincia de Buenos Aires. 

APU: El fondo de la cuestión no deja de ser el abuso de la prisión preventiva como lógica judicial. Lo trabajaron muy bien desde la Comisión. Las víctimas de Esteban Echeverría no presentaban riesgo de fuga o podrían obstaculizar a la justicia. Además, eran casos con expectativa de pena muy baja. 

RP: Esa es la realidad de la mayoría de las personas que estaban allí detenidos. Y el Estado provincial no se muestra preocupado por la situación. Todo lo contrario, dice que hay que detener a más personas. 

APU: En su momento estuvo el fallo "Verbitsky", por una causa que llevó adelante el periodista y presidente del CELS. ¿No prohibió el alojamiento de presos en comisarías?

RP: Fue un habeas corpus colectivo que terminó con un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Estableció que no podía haber personas enfermas o niños detenidos en las comisarías. Además, agregó que esas dependencias no eran lugares para detenciones prolongadas. Ese fue el fallo. No estableció una prohibición definitiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó algo parecido: que no puede alojarse a un detenido en una comisaría por más de 48 o 72 horas. En el caso de Esteban Echeverría, hay víctimas que estaban por más de tres meses. Una de las personas que murió hacía nueve meses que estaba alojada en la dependencia.