Violencia Institucional //// 24.07.2017
"La responsabilidad de Lanata es ni más ni menos el uso ilegal de la imagen del niño"

El MTE y la CTE emitieron un comunicado detallando las denuncias realizadas en torno a la vulneración de los derechos de un niño entrevistado por la producción de Jorge Lanata, la semana pasada. 

Por Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)

1.- La responsabilidad de Lanata, ARTEAR y PPT
Denunciamos a PPT y ARTEAR por infringir alevosamente las leyes 26.522, 26.061 y Pactos Internacionales sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las denuncias son fundadas. La Defensoría del Público y el ENACOM han dado trámite a nuestras denuncias. Se ha notificado a ARTEAR sus infracciones. La ilegalidad es manifiesta y no dudamos que las actuaciones finalicen con las correspondientes sanciones tal como establece la legislación vigente. 

Nadie le endilga un secuestro a Jorge Lanata. Plantearlo en esos términos es una maniobra para ridiculizar una denuncia seria. Su responsabilidad directa es ni más ni menos el uso ilegal de la imagen del niño. Nuestra interpretación sobre las motivaciones e intencionalidades de Lanata y otros personajes al emitir este informe van por otro carril. Ya hemos expresado con claridad nuestra posición y se han pronunciado diversos organismos vinculados a la temática en el mismo sentido. También hemos recibido las correspondientes respuestas, críticas y no pocos insultos. Conocemos las represalias siempre latentes cuando enfrentamos el poder. Nuestros dirigentes y organizaciones de base sufrirán el escarnio. No nos preocupa. Entendemos que todo ello forma parte de la lucha que elegimos y la difamación es un costo que estamos dispuestos a pagar. La emisión del PPT, en cambio, cruzó los límites. Infringió claramente la ley en perjuicio de un niño. El respeto a la ley no puede depender de la audiencia de un programa o la popularidad de su conductor. Muy por lo contrario, cuando son figuras públicas, poderosas y de gran influencia las que desconocen los límites de la legalidad en forma ostensible para lograr sus objetivos, el daño a la sociedad democrática es enorme.

2.- La responsabilidad de funcionarios y agentes policiales
Denunciamos también a funcionarios de la Municipalidad de Lanús y a la Policía Bonaerense por coaccionar al niño el día anterior a la entrevista dentro de un vehículo marca Corsa. Desconocemos la identidad de los adultos que estaban dentro del patrullero. Sin embargo, hay testimonios y pruebas al respecto que aportamos a la justicia. La Fiscalía Nº 12 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 tienen la obligación de investigar y esclarecer los hechos que denunciamos.

En ningún momento sostuvimos que el niño llegó o se fue del lugar del interrogatorio en un patrullero: la coacción fue previa. Ponen esa versión en nuestra boca también para desacreditar la denuncia. Tampoco sabemos con exactitud el grado de conocimiento o participación que la producción y los periodistas de PPT pudieron tener de las circunstancias anteriores a la nota, aunque, cuanto menos, la documentación confidencial del niño no pudo haber sido obtenida por medios legales y la falta de consentimiento de un adulto responsable en el interrogatorio ha sido reconocida por ellos mismos. Asimismo, también reconocieron que existieron contactos previos con las autoridades del área de seguridad que son indicativas de cierta connivencia. 

Denunciamos también a los funcionarios políticos y policiales por infringir los art 36 b y 39 de la Ley Provincial 13634. El interrogatorio periodístico al niño se realizó en presencia de funcionarios municipales y policiales que lejos de protegerlo como corresponde a su función pública, cuanto menos, lo expusieron al interrogatorio en clara violación a lo que prescribe la norma mencionada. El funcionario de mayor jerarquía presente fue el Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, que no contento con su accionar divulgó el nombre real del menor en un programa televisivo y reivindicó su conducta por considerar que “aportaba al debate” sobre la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de “recolonizar” (sic) el territorio. Asimismo, desde el Estado se entregó documentación reservada del niño al medio periodístico, documentación que debía estar bajo resguardo en los entes estatales correspondientes. También se entregaron imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lanús que exponían la identidad de este y otros niños. 
Tenemos elementos suficientes para sostener que existió participación en los hechos parte de un grupo parapolicial que opera en Lanús bajo cierta fachada institucional. Este grupo está liderado por el oficial de la bonaerense exonerado Daniel Alberto Villoldo, a quien esta organización denunció en 2010 por comandar una red de trata y que tiene un largo prontuario en casos de corrupción y delincuencia organizada. La presencia de una camioneta VW Amarok JQW 419 en el escenario del interrogatorio, propiedad de Villoldo, es claramente visible durante la nota. Sobre ella se apoya el interrogador durante la filmación. Villoldo es un personaje oscuro que quiere “recolonizar el territorio” con sus negocios ilegales. Este siniestro personaje fue también denunciado el 17 de mayo por la Diputada Nacional Elisa Carrió, por su participación en el entramado de corrupción de La Salada y su implicación en el narcotráfico, el proxenetismo y la piratería del asfalto.

3.- La resolución del juzgado de familia y el dispositivo de contención del niño
No corresponde a esta organización ni aporta en la contención del niño brindar más detalles sobre los múltiples esfuerzos de la madre y ciertas instituciones para contener al niño. Sin embargo, debemos denunciar que es bochornoso que con posterioridad al escándalo se hayan filtrado las resoluciones de un juzgado de familia en el marco de un expediente reservado. Como se informa en las irresponsables notas publicadas al respecto, Fernanda había solicitado con anterioridad la internación de su hijo en el marco de sus incansables esfuerzos por darle una vida mejor a un niño gravemente enfermo. Siempre había una excusa, nunca había vacantes, no había condiciones. La resolución judicial del 20-07 derivó en la intempestiva, espasmódica y efectista presencia policial, municipal y televisiva en el domicilio de la abuela del niño.
Es dable aclarar que los funcionarios del área gubernamental de niñez que debían hacer efectiva la resolución judicial conocieron en todo momento el paradero del niño y su madre, alojados en un lugar seguro y confidencial, al resguardo de represalias e intromisiones en su intimidad. Sabemos que existe una suerte de búsqueda frenética de este paradero, tal vez con fines periodísticos, pero solicitamos a los medios de comunicación que respeten esta necesaria confidencialidad y exigimos a los organismos del estado interviniente que eviten filtraciones. El área de seguridad de la Municipalidad de Lanús y todos los posibles involucrados en el secuestro y la coacción del menor no cuentan ni deben contar con esta información. De ahí que durante varias horas del día 21-07 sostuvieran erróneamente que no podían encontrar al niño. En efecto, a partir de que el área de niñez tomó el control de la situación desplazando a la Secretaría de Seguridad, las cosas se encaminaron un tanto mejor. Sin embargo, es evidente la falta de herramientas, recursos y capacitación de los organismos públicos para abordar estas situaciones. 
Desde el MTE, junto a Fernanda, hemos colaborando de la mejor manera posible en el dispositivo interdisciplinario de contención del niño para que sea tratado efectivamente como un paciente y no como un delincuente, respetando la plenitud de sus derechos humanos. En la medida en que Fernanda lo requiera, seguiremos haciéndolo. Es una situación difícil que está muy lejos de resolverse, que traerá sin duda mucho sufrimiento al niño, sus familiares y amigos, pero que todos asumimos con amor y compromiso. Asimismo, hemos solicitado la intervención de diversos organismos nacionales para garantizar que nadie lastime a un niño que ha sufrido apremios ilegales, al menos en dos ocasiones, por distintas fuerzas de seguridad del Estado, tal como muestra la denuncia radicada hace dos meses por el asesor tutelar de cámara Gustavo Moreno.

4.- Nuestra posición sobre las vulnerabilidades de niños, niñas y adolecentes
En nuestra opinión, la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes es producto de la exclusión, la injusticia social, la desigualdad económica y la penetración del narcotráfico. El mal accionar de las fuerzas de seguridad y los organismos estatales son la expresión institucional de este descalabro estructural que azota a la Argentina. Los medios de comunicación tienen también una enorme responsabilidad. Le solicitamos que dejen de divulgar imágenes e información falsa sobre el caso y que en lo sucesivo, tanto en este como en otros casos que involucren niños, sigan las directrices de la UNICEF al respecto. Desde nuestro movimiento no esquivamos la parte que nos toca. Vamos a tratar de mejorar nuestra función propia y exigir con más vehemencia al Estado que cumpla su rol. Toda la sociedad tiene su cuota de responsabilidad en la situación de sus miembros. Son responsabilidades comunes pero diferenciadas y es el Estado quien debe garantizar los derechos de todas las personas. El accionar cuasimafioso del área de seguridad en Lanus y en tantos otros distritos del país dónde la ilegalidad se oculta bajo el rótulo populista de la “mano dura” ni mejora la situación de seguridad ni contiene adecuadamente a los niños, muy por el contrario, genera más violencia y mayor criminalidad.
En quince años de lucha contra las adicciones y la exclusión social hemos tenido muchísimos fracasos y muy pocos éxitos, muchos errores y algunos aciertos. Sabemos que las cooperativas, comedores, jardines infantiles, centros comunitarios y granjas de rehabilitación que fundamos han sido una tabla de flotación para miles de familias humildes y trabajadoras en muchos puntos del país. Hemos enfrentado como pudimos la exclusión, el narcotráfico, los malos gobernantes y la mafias policiales desde el 2001. Sabemos que no es suficiente, que muchos se nos han caído de las manos y que en parte es cierto que hemos fracasado. Nuestra vida no es festejar victorias sino levantarnos de los fracasos. Por eso vamos a seguir luchando con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón, con nuestras virtudes y defectos, por los pibes y las pibas de los barrios populares, por una sociedad sin excluidos, con tierra, techo y trabajo para todos. Vamos a seguir enfrentando las acciones y posiciones intolerantes que pretenden imponer un discurso único que pone a las víctimas en el lugar de victimarios y naturaliza una cultura del descarte que atenta contra el desarrollo humano integral y la propia vida de los excluidos, en particular de los niños. Y vamos a seguir levantando la voz. Aunque a algunos no les guste.