Violencia Institucional //// 07.06.2018
La ONU exigió que no se baje la edad de imputabilidad

Además, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió “tomar medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños y adolescentes por las Fuerzas de Seguridad”.

Por la Garganta Poderosa

El 3 de octubre pasado, La Poderosa disertó ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra, donde presentó un informe junto con el presidente de Defensa de las Niñas y Niños Internacional, Sección Argentina, Dr. Norberto Liwski, mediante el que expresaron la preocupación por la iniciativa del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad. En esa oportunidad, también detallaron diez casos testigo de torturas y malos tratos contra niñas, niños y adolescentes por parte de las Fuerzas de Seguridad, todos ocurridos desde principios de 2016. 

En ese marco, Nacho Levy, referente de la organización villera, alertó en su disertación sobre las graves situaciones de violencia policial que se viven a diario en los barrios populares del país. Puntualmente hizo mención a las torturas sufridas por Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, en septiembre de 2016, en la villa 21-24. 

A ocho meses de aquella exposición, el Comité dio a conocer las observaciones finales al Estado argentino e instó a “tomar medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños y adolescentes por las Fuerzas de Seguridad” y a "investigar exhaustiva e imparcialmente todas las denuncias de tortura, violencia y acoso, incluso por parte de la Policía”.

Esto sucedió a pocos días del episodio en que Roque Azcurraire, fotógrafo de La Garganta Poderosa, fuera secuestrado de su propio domicilio y torturado por agentes de Prefectura Naval Argentina, tras haber intentado filmar las agresiones físicas que éstos perpetraban contra su sobrino de 16 años.

Además, en el informe del 1º de junio que se dio a conocer en el día de ayer, el Comité exhortó al estado nacional a crear "una Ley General de Justicia de Menores, con la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible, y de que no incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal”.