Violencia Institucional //// 11.03.2019
Gatillo fácil de Matías Rodríguez: se realizarán nuevas pericias

Ordenaron nuevas pericias en el caso de Matias Enzo Rodríguez a partir de la presentación como "amicus curiae" de asociaciones territoriales y de derechos humanos. Reclaman por las numerosas irregularidades en el procedimiento que investiga su homicidio. Matías fue asesinado por tres disparos de un arma reglamentaria de la Policía Federal en abril de 2018. 

Por Florencia Rey

A partir de la presentación como "amicus curiae" de la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) y la Liga Argentina de Derechos del Hombre, entre otras 200 asociaciones territoriales y de derechos humanos, el juez Marcos Andrés Fernández ordenó profundizar las pericias para definir la situación del policía imputado por el asesinato de Matías Rodríguez, Ángel César Nicolás Santillán. Por el momento dictaminó la falta de mérito tanto para sobreseer como para procesar al policía. La causa se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Nª 21.

El asesinato de Matías se enmarca dentro de la cadena de hechos en los que la policía, alegando legítima defensa o cumplimiento del deber, se cobra la vida de adolescentes de los barrios populares. Este accionar fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU durante el año 2018. El documento describe este accionar como la “doctrina Chocobar”, en alusión al policía que mató a Juan Pablo Kukoc ese mismo año; e impulsada tanto por la ministra de seguridad Patricia Bullrich como por el Presidente de la Nación Mauricio Macri.

El 25 de abril de 2018 Matías Enzo Rodríguez de 16 años fue asesinado por tres balas del arma reglamentaria de Ángel César Nicolás Santillán, efectivo de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal, quien se encontraba fuera de servicio. Cabe recordar que tras conocerse el caso de gatillo fácil de Matías, las organizaciones del barrio emitieron un texto señalando: "En un contexto de crisis económica y social, al que al desguasamiento de políticas públicas se suma la generalización de la desocupación, dar permiso para matar a las fuerzas de seguridad es la aceptación de una política que se propone cerrar con represión los desequilibrios que produce la desigualdad económica. Esto deja a lxs pibxs de los barrios más humildes a la buena de la voracidad policial, que bajo directivas ministeriales que jerarquizan su labor con la vara represiva, salen a la cacería de cualquier ocasión para imponer por la fuerza y sostener con su aquiescencia, todas las formas de terror territorial".

Además, solicitaron "al Juez que se investigue seriamente la conducta policial y se le recordaron a la Justicia las recomendaciones que este año hizo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas a nuestro país en cuanto a su obligación de erradicar la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, especialmente la que ejerce la policía contra los y las adolescentes de barrios populares".