Violencia Institucional //// 11.01.2018
Denuncian situación crítica de trece niños y niñas en centro juvenil de CABA

Mediante un comunicado, trabajadores del Centro de Admisión y Derivación "Inchausti" señalaron la ausencia de políticas del gobierno porteño para acompañar a cientos de niños, niñas y adolescentes en situación de encierro.

Los episodios de violencia institucional se mantienen en aumento desde el ascenso de Cambiemos al gobierno, en diciembre de 2015. De acuerdo con la organización CORREPI, se trata del gobierno más represivo desde la vuelta de la democracia. Ahora, trabajadores y trabajadoras del Centro de Admisión y Derivación “Inchausti” (CAD) nucleados en Ate Capital (SENAF) denuncian el "recrudecimiento de las políticas represivas en los distintos dispositivos penales juveniles de CABA​".

En un comunicado, señalan que debido al empeoramiento de las condiciones económicas y a la ausencia de políticas públicas, aumentó la cantidad de situaciones "como ingresos de niños y niñas cada vez más pequeños (8, 9, 10 ú 11 años)". Estos "niños y niñas no punibles" que ingresan al centro "permanecen en la misma institución, privados/as de su libertad y en condiciones similares a las de los/as adolescentes punibles, con escasa o nula articulación territorial". 

En ese marco, el comunicado plantea un dato más que preocupante: "hay relevados 13 niños/as que se encuentran en una situación muy crítica y presentan riesgo de vida, situaciones en las que en la actualidad el Consejo De Niños, Niñas y Adolescentes no está tomando acciones acordes a la dimensión de la problemática."  

Los trabajadores remarcan una tendencia que se produce también en los dispositivos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires: crece la cantidad de personal de seguridad de los organismos, mientras se reducen los equipos de intervención compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales vinculados a la promoción y protección de derechos.

Para contrarrestar estos retrocesos, los denunciantes plantean la creación de "un lugar físico que sea parte del sistema de protección de derechos, para los niños y niñas detenidos que refieren ser menores de 16 años", el fortalecimiento del sistema de derechos, y la formulación de "un sistema de responsabilidad penal para los y las adolescentes de 16 y 17 años, que supere las arbitrariedades de los Juzgados en función de la Ley 22.278 vigente, normativa de la dictadura militar".